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La concesionaria Lima Bus Internacional, propietaria del ómnibus del Metropolitano que se incendió el último martes en Puente Piedra, afrontaría una sanción administrativa e incluso una nueva denuncia penal.
Así lo señalaron ayer los abogados de Pro Transporte, quienes añadieron que todavía evalúan qué penalidad contractual aplicaría al operador.
Si bien el regidor metropolitano del PPC Alberto Valenzuela sugirió la suspensión temporal de la empresa, fuentes de Pro Transporte consideraron poco probable ejecutar esa medida porque ello afectaría la operación y a los usuarios.
El anexo 8A del contrato de concesión, del 2008, tiene una tabla de multas que van desde 1 UIT (S/.3.800) hasta las 50 UIT.
“Nuestros peritos están investigando al margen de la empresa, ya que esta se niega a colaborar”, dijo una fuente. Pro Transporte adelantará resultados hoy en una conferencia.
El Comercio intentó comunicarse con José Luis Díaz León, representante legal de Lima Bus Internacional, pero no atendió las llamadas.
El año pasado, Pro Transporte denunció por omisión de socorro a la misma empresa por un incendio similar ocurrido en la estación Naranjal. La denuncia fue presentada porque la empresa se negó a que sus buses pasaran el peritaje. El caso está en la Fiscalía Penal 40 de Lima, a cargo de Ninfa Espinoza.
El incidente del martes será incluido al expediente de la investigación en curso. La Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Norte inspeccionará los buses del sistema.
