Los problemas de los centros de reinserción juvenil (INFORME)

Hasta los años setenta, si un niño se portaba mal en clase, la profesora tenía plena libertad de usar una regla de madera y golpearlo en la mano. Se pensaba que esta firmeza era la mejor manera de educar a un niño. Sin embargo, quienes empleaban estos métodos no tomaban en cuenta sus efectos negativos para el desarrollo futuro de los menores.  

Hoy, en el Perú, la idea de mano dura con los jóvenes sigue vigente, y sus consecuencias se hicieron ver el domingo pasado, cuando un grupo de internos del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima –más conocido como Maranguita– se amotinó en protesta por las condiciones en las que viven y por los abusos físicos a los que son sometidos.

A raíz de ello, en esta oportunidad analizaremos cuáles son los principales problemas que enfrentan los centros juveniles cerrados en el país. Esto es, aquellos en los que los adolescentes que cometen infracciones son internados.

LA LEY
En el Perú, la ley es clara: los menores de edad no cometen delitos, sino infracciones. Y, por ello, tienen que ser recluidos en un centro especial y no en un penal. 

Esta política es respaldada por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, de la que el Perú es parte. La razón detrás de esta es que el menor necesita una atención especializada, dado que no ha alcanzado el nivel de madurez emocional y psicológica de un adulto. Así, la convención establece que si un  menor es juzgado y considerado culpable de una infracción, solo debe recurrirse a su internamiento como último recurso y nunca en las mismas prisiones que las personas adultas. 

Por esta razón, muchas pandillas y extorsionadores suelen recurrir a menores y valerse de ellos para cometer sus crímenes. El año pasado, El Comercio reportó una operación policial que puso al descubierto cómo diversas bandas criminales reclutaban adolescentes y los entrenaban en terrenos que fungían de ‘escuelas para sicarios’. Un caso similar ocurrió este miércoles, cuando la policía desarticuló una banda en San Juan de Lurigancho que tenía entre sus integrantes a dos menores de edad.

ESPACIO
Uno de los principales problemas que enfrentan los centros juveniles cerrados es la sobrepoblación. En los últimos 8 años, el número de internos ha aumentado en más del 100%, y actualmente son 1.869 los jóvenes recluidos en estos centros. De los nueve que existen en el país, siete exceden su capacidad.

JUECES
La sobrepoblación se debe no solo a la falta de infraestructura, sino también a las deficiencias del sistema judicial.  

Pese a que hay alternativas menos extremas –y más eficientes– que el internamiento, como el Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) –el cual brinda al adolescente un tratamiento personalizado, programas de formación en educación técnico-productiva e incluso cuenta con una escuela de padres–, su capacidad de atención es insuficiente. Por ello, muchas veces los jueces optan por dictar sentencias privativas de la libertad.

Por otro lado, la presión mediática y política para que se impongan sanciones drásticas juega un importante papel en las decisiones de los jueces. Según la última encuesta de Ipsos en Lima, el 95% de personas encuestadas considera que los adolescentes que cometen un robo con violencia deben cumplir las mismas penas que los mayores de edad. 

En octubre del año pasado, Enrique Mendoza –quien en ese momento era presidente del Poder Judicial– propuso reducir de 18 a 16 años la edad mínima para ser encarcelado en un penal de adultos. Unicef, sin embargo, indicó que la experiencia en otros países demuestra que estas medidas no solucionan el problema de fondo de la delincuencia juvenil  e incluso podrían tener consecuencias adversas.

Por otro lado, en el Perú los jueces no están debidamente capacitados para tratar casos de índole juvenil. Los juzgados responsables de estos asuntos deberían estar a cargo de profesionales especializados en el tema y contar con equipos interdisciplinarios formados por abogados, psicólogos y trabajadores sociales que los asesoren en la toma de decisiones. En nuestro país estos equipos casi no existen, y los jueces tienen un amplio margen de discreción al momento de aplicar la ley. 

PRESUPUESTO
Otro punto débil de los centros juveniles cerrados es su falta de personal capacitado. Si bien es cierto que el presupuesto destinado a estos centros se ha incrementando paulatinamente (mientras en el 2007 era de S/.17’835.000, en el 2015 se aumentó a S/.34’982.167), este equivale solo a un tercio de lo que Chile asigna a estos fines.

Mientras que los parámetros del sistema de reinserción social establecen que debería haber un psicólogo por cada 30 internos, en 5 de los 9 centros juveniles hay, en promedio, solamente un psicólogo por cada 100 jóvenes. En países como España el número de profesionales es mucho más alto, tanto que se cuenta con 6 o 7 por adolescente, y en Chile los psicólogos y asistentes sociales realizan un trabajo en duplas con cada uno de los jóvenes.

SEGURIDAD
El incendio provocado por los internos de Maranguita la semana pasada es una de las tantas manifestaciones de la débil seguridad en los centros juveniles.

Al igual que en el área psicológica, el número de agentes de seguridad es escaso. Según la Defensoría del Pueblo, en el 2013 en Maranguita solamente había un efectivo policial por cada 31 adolescentes. El Comercio quiso obtener la cifra actualizada, pero no consiguió respuesta del Estado.

Recordemos lo ocurrido en el 2012: trece jóvenes, liderados por el conocido ‘Gringasho’, atacaron a los empleados y huyeron. En menos de 24 horas, catorce internos más escaparon. 

En el 2013, 12 adolescentes fugaron del centro juvenil de Pucallpa y, ese mismo año, 15 internos del centro juvenil de Chiclayo huyeron. 

EL MUNDO REAL
Una de las formas para medir la eficacia de la labor de reinserción social que realizan estos centros es mediante los índices de reincidencia. Si nos detenemos a observar el número de los reincidentes, este es menor al 8%, lo que podría ser interpretado como algo positivo.

Sin embargo, esta cifra solo nos permite saber cuántos de los menores que salieron no volvieron a delinquir antes de cumplir los 18 años; es decir, mientras estaban bajo la lupa de la Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial. 

El problema de fondo es que no hay cómo medir cuántos de estos jóvenes vuelven a cometer un delito después de los 18 años, ya que el INPE (encargado de los penales para adultos) no cruza información con el Poder Judicial. 

LOS EFECTOS
Cientos de estudios demuestran que los centros juveniles cerrados tienen resultados negativos en cuanto a la resocialización de los adolescentes. La data muestra un mayor consumo de drogas, crecientes niveles de violencia y una menor reinserción escolar y laboral en estos jóvenes que los tratados en medios abiertos, como el SOA.

Según Óscar Vásquez, especialista en justicia juvenil restaurativa, el internamiento puede generar un profundo impacto emocional negativo en los jóvenes, ya que “estos están en proceso de formación, y estar mucho tiempo privados de libertad repercute casi inevitablemente en su futuro. Por eso, en esta importante etapa, las medidas deben ser las menos gravosas”. En consecuencia, es fundamental que se recurra al internamiento únicamente para casos de infracciones muy graves.

(*) Con la colaboración de Ariana Lira y Elody Malpartida