Regidores de San Isidro buscan aprobar ordenanza para construir edificios con el doble de pisos permitidos

En una entrevista con El Comercio, Rebeca Antezana, presidenta de la junta vecinal del subsector 5.3 del distrito, señaló que en la ordenanza se emplea el término “Vivienda de Interés Social”, cuando en realidad el objetivo es aprobar la construcción de proyectos empresariales con fines de lucro. Afirmó que una de estas futuras edificaciones carece de respaldo legal y no cuenta con un estudio técnico previo.

En esa línea, los presidentes de las juntas vecinales de San Isidro han suscrito una carta dirigida a los regidores distritales, manifestando su descontento frente a uno de los proyectos en curso. Este contempla la construcción de 176 departamentos en Santo Toribio 435, a la altura del Lima Golf Club. “Hacemos de conocimiento nuestro total rechazo al proyecto de Vivienda de Interés Social. Se pretende construir un edificio de quince pisos en una zona donde solo está permitido la construcción de siete”, dijeron.

Según el plano de alturas normativas de San Isidro, se confirma que en el cruce de Santo Toribio y Lizardo Alzamora solo se permite la construcción de edificaciones de hasta siete pisos como máximo.

Al respecto, Rebeca resaltó que la ordenanza en cuestión lleva el nombre de ‘Ordenanza Municipal que deroga parcialmente a la Ordenanza 585-MSI’. El objetivo de esta última era regular la ejecución de proyectos de Habilitación Urbana y Edificación para Viviendas de Interés Social en Lima. Advirtió que la derogación de dicha ordenanza fue propuesta por la mayoría de los regidores del distrito.

Esta es la ordenanza 585-MSI.

Esta es la ordenanza de los regidores que pretende derogar parcialmente la ordenanza 585-MSI.

“Esta propuesta debilita la ordenanza 585 y atenta contra el carácter residencial de nuestro patrimonio. Es un completo despropósito que beneficia directamente a las inmobiliarias (...). Estamos a favor de la inversión para la construcción de más viviendas, pero siempre y cuando estas se ajusten a las normas establecidas y no causen perjuicios”, aclaró la mujer.

Los vecinos afirmaron que la nueva ordenanza impactará negativamente en su calidad de vida debido al aumento en el uso de las redes de agua y desagüe, el incremento del tráfico vehicular en las calles y avenidas, y la afectación de la visión de desarrollo urbano.

Además, se pidió a la alcaldesa del distrito, Nancy Vizurraga, intervenir en este asunto para garantizar el bienestar de la comunidad. “Consideramos que la propuesta presentada vulnera los principios del Desarrollo Urbano Metropolitano, establecidos en el artículo 6 de la Ordenanza Municipal 1862-MML”, agregaron. En este caso, sostienen que se está violando el ‘principio de prevalencia del bien común sobre el interés particular’, el ‘principio de participación y consulta ciudadana’, el ‘principio de sostenibilidad’ y el ‘principio de calidad de vida’.

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“Por lo tanto, pedimos que no se permita la vulneración de nuestros derechos ni la destrucción de lo que hemos defendido con tanto esfuerzo: la residencialidad y la identidad del distrito”, instaron los vecinos.

Mercedes Seminario, abogada especializada en derecho inmobiliario y jefa del área legal del grupo ‘My Home Organización Inmobiliaria’, destacó que, según los parámetros urbanísticos, la zona en cuestión permite como máximo la construcción de edificaciones de siete pisos. Por este motivo, expresó su desconfianza ante la propuesta de los regidores. Señaló que, en la planificación de cualquier edificio multifamiliar, es fundamental evaluar la cantidad de pisos permitidos. “Las constructoras pueden explorar alternativas y coordinar con la municipalidad, pero usualmente se trata de ajustes de dos o tres pisos, no de más del doble, eso deja mucho que desear. No es algo normal, me causa extrañeza”, añadió.

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La experta aseguró que, al duplicar la población en la zona, existe la probabilidad de que algunos servicios se vean sobrecargados. “Se tendría que cambiar todo el sistema de desagüe y aumentar el tamaño de las tuberías para evitar problemas de abastecimiento a las personas que se mudarán. Además, el no respetar estas limitaciones no solo afecta a la misma construcción, sino a edificaciones colindantes. La municipalidad podría negar los permisos y licencias a estos proyectos por no adecuarse a las normas”, dijo.

Edgard Ramírez Ríos, abogado experto en derecho inmobiliario, indicó que existiría una intención de modificar los parámetros y zonificaciones de acuerdo a los intereses de las empresas constructoras, lo que distorsiona las normativas. “Algunas constructoras buscarían hacer más departamentos. Este interés puede influir en quienes aprueban las medidas, con la finalidad de generar mayores ingresos, sin considerar las posibles consecuencias para el distrito”, expresó.

Además, mencionó que los vecinos tienen la opción de llevar a cabo protestas para hacer más visible su pronunciamiento. Asimismo, podrían recurrir a la Defensoría del Pueblo y la Municipalidad de Lima para exigir la nulidad de la medida, argumentando que no se ha tenido en cuenta el impacto que esta generará.

En referencia a esta denuncia, la Municipalidad de San Isidro informó a este Diario que para la actual gestión el respeto a la “residencialidad y calidad de vida de los vecinos es un tema fundamental” y que se encuentra en agenda. “Los regidores son los responsables de los votos que emiten y de las normas que aprueban o derogan. Cada uno de ellos responde por sus acciones dentro del desarrollo del concejo ante la comunidad”, acotó.

La presidenta vecinal Rebeca Antezana sostuvo que, en la Comisión de Asuntos Jurídicos, los regidores aprobaron por mayoría la medida, sin esperar los informes legales y técnicos de las áreas correspondientes.

Ante esto, uno de los regidores de la comisión, Julio Avanzini, considera que no debió aprobarse la ordenanza. “Va a afectar al tráfico y a la dotación de agua potable. No es una propuesta adecuada para una zona residencial”, detalló a El Comercio. Añadió que la ordenanza fue aprobada en primera instancia, pero ahora esta va a elevarse a una sesión con el concejo municipal, donde se escuchará la opinión de los vecinos.

En cuanto a las justificaciones para respaldar la medida, el hombre explicó que sus colegas regidores plantearon que el objetivo es no perjudicar a aquellas construcciones que ya cuentan con una licencia de edificación. De este modo, pretenden evitar dejarlas sin respaldo y prevenir posibles denuncias. “Sostienen que se estaría respetando a quienes ya tenían licencias, mientras que las nuevas obras no se aceptarían, solo las que ya estaban aprobadas”, indicó.

Avanzini aseguró que los regidores que votaron a favor de la ordenanza fueron Lily Morey, Nicole Chavez, Gustavo Reátegui y Rosario Fernández. “Yo fui el único que votó en contra”, precisó. Al momento de solicitar descargos a dichos regidores en más de una ocasión, hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

El hombre advirtió que inicialmente se planeaba remitir la propuesta al concejo distrital durante la primera semana de diciembre, pero ahora se está solicitando que se lleve a cabo una sesión extraordinaria.