La Contraloría General de la República inició diversas acciones de supervisión en la Municipalidad del Rímac. Entre las irregularidades que halló, la más grave fue el pago de casi un millón de soles por un servicio de catastro que no se realizó, lo que motivó una denuncia por colusión contra el alcalde Enrique Peramás y sus funcionarios.
Al término de su primer año de gestión, el municipio fraccionó el requerimiento en tres licitaciones: la instalación del software para el catastro, la ejecución del servicio en sí y una consultoría para actualizar la información catastral. Todas las ganó un único postor: Inversiones Lumi EIRL, empresa sin experiencia en el rubro, dedicada a la construcción de edificios.
“No teníamos personal, pero lo contratamos”, admitió el gerente de Lumi EIRL, Marco Torres Tuñoque, pero cuando le consultamos si entregó el servicio, y cuándo, cortó la llamada.
PLAZOS VENCIDOS
Las adjudicaciones, valorizadas en S/.940.941, se entregaron en diciembre del 2011 y junio del 2012. La empresa tenía un cronograma semanal para culminar los dos primeros servicios hasta el 4 de febrero y 5 de marzo del 2012.
Mediante el memorándum 064-2012, que hoy obra en el expediente fiscal, recién en febrero, Shirley Mozo, gerenta de Desarrollo Urbano y quien presidió el comité de adjudicación, informó a la Subgerencia de Catastro la existencia del contrato y le pidió monitorear su ejecución.
Con los plazos de una licitación ya vencida y la otra en un 50%, la subgerenta Alicia Vargas Senisse documentó los retrasos de Lumi EIRL y el 5 de noviembre del 2012 envió un escrito a Mozo denunciando que no había levantamiento catastral y solo un software con fallas. Sin embargo, según los cheques que forman parte de la denuncia, Lumi EIRL sí recibió su pago.
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