“Necesitamos 2.000 miembros de las Fuerzas Armadas ante la gravedad de la inseguridad en el distrito”

El Comercio conversó con su alcalde, Jesús Maldonado, no solo sobre este tema, sino también respecto a la declaratoria de emergencia en el distrito anunciada por la presidenta Dina Boluarte.

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–Su distrito ha sido declarado en emergencia. ¿Qué medidas deben realizarse de inmediato en su jurisdicción para combatir la delincuencia?

Requerimos el pronto ingreso de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) para que realicen el control territorial de SJL. No podemos esperar una semana más para que esto se concrete. El Ejército debe cubrir las 8 zonas más peligrosas de SJL donde la delincuencia ha escapado del control de la policía y el serenazgo.

–¿Cuáles son estas zonas?

Huáscar, Canto Grande, Bayóvar, Mariscal Cáceres, Mariátegui, Caja de Agua, Tres Compuertas y el jirón Zafiros. Estas zonas están dominadas por la delincuencia. En ellas también existe microcomercialización de drogas y se han ubicado bandas extranjeras de trata de personas.

Los delincuentes también han dominado a los vecinos, ya que no pueden quejarse por temor. San Juan de Lurigancho, el distrito con mayor cantidad de población del Perú, está en permanente peligro.

–Por ejemplo, hoy en la avenida El Muro, en la zona ‘10 octubre’, cercana a Mariátegui, se produjo un nuevo atentado con un explosivo en un salón de eventos.

La respuesta de la delincuencia al despliegue de 250 policías que determinó el Ministerio del Interior ha sido retar a la autoridad. ¡Y este local queda a la espalda de una comisaría!

–¿Qué rol debe cumplir el Ejército en su distrito?

El Ejército debe tener un rol disuasivo de los robos en las calles. Los militares deben ubicarse en las esquinas, realizar un patrullaje integrado con la policía y el serenazgo, y participar de los operativos para recuperar espacios públicos.

En SJL, tenemos 700 serenos y solo hay 623 policías activos por turno para una población de un millón y medio de personas.

En mi opinión, los miembros de las FF. AA. no deberían ser considerados solo para actividades de defensa de la Nación. Así como ocurre en El Salvador, deben intervenir en el combate de la delincuencia, que es la principal amenaza del país.

"Pedimos la declaratoria de emergencia en abril, cuando las víctimas de sicariato eran 30. ¡Ahora ya son 81!",

Jesús Maldonado, alcalde de San Juan de Lurigancho

–¿Considera que la presencia de las FF.AA. tendrá un impacto positivo en la lucha contra la delincuencia en su distrito?

Si se instalan en las 7 zonas más peligrosas que mencioné, será positivo. Pero si solo se existe un número reducido de militares, no habrá diferencia. Será un ‘saludo a la bandera’.

–¿Cuántos militares requiere el distrito según su estimación?

Necesitamos 2.000 miembros de las FF.AA como mínimo por la gravedad de la inseguridad ciudadana en el distrito.

Nosotros solicitamos en abril la presencia de las FF.AA. y la declaratoria del Estado de Emergencia del distrito mediante un acuerdo de Concejo Municipal. En ese entonces, las cifras de asesinatos por sicariato bordeaban los 30 muertos. ¡Hoy tenemos 81 fallecidos por este delito! Las decisiones políticas que se hacen tarde afectan a los más inocentes.

–Distintos expertos en temas de defensa y seguridad han explicado en reiteradas ocasiones que la presencia de las FF.AA. en las calles no es la solución a la inseguridad ciudadana, porque no les corresponde patrullar ni detener a los delincuentes en las calles. ¿Qué responde al respecto?

Es una pena escuchar eso, porque ellos nunca dicen cuál es la solución. Si ya la tuviéramos, no tendría sentido que yo pida el ingreso de las FF.AA.

–Aparte de la intervención militar, ¿qué otras acciones considera que son necesarias en materia de seguridad en SJL?

Como su nombre lo indica, la declaratoria de emergencia es una medida temporal. Mientras una gran cantidad de militares estén patrullando las calles, podemos dar una oportunidad a la policía para que, junto con el Poder Judicial y el Ministerio Público, mejoren su estrategia para dar con el paradero de los delincuentes y procesarlos judicialmente con celeridad.

Necesitamos una estrategia eficaz entre estas instituciones para acabar con la delincuencia. Si esta reforma se realiza en un corto tiempo, también será menor la necesidad de contar con los militares.

–Usted se refiere a los retrasos y obstáculos que limitan la investigación y condena de personas detenidas en flagrancia.

Así es. Si nosotros tuviéramos una policía que desarticule bandas organizadas, un Ministerio Público que sepa procesar sin trabas a los delincuentes y un Poder Judicial que logre condenarlos, no necesitaríamos a las FF. AA.

–¿Y qué puede hacer la gestión municipal para aportar a la estrategia de combate de la inseguridad ciudadana?

Para ayudar a la labor de la policía, hemos ofrecido al Ministerio del Interior (Mininter) un local en la zona de Campoy para la implementación de un centro de flagrancia de un área de 400 metros cuadrados. Allí se puede actuar en conjunto el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Ministerio de Justicia para procesar diversos actos delictivos y que se condene de inmediato a un delincuente ante la flagrancia de delito.

Además, he propuesto que los extranjeros sean registrados en las comisarías de la jurisdicción donde viven para conocer quiénes son, a qué se dedican, con quién viven. Es decir, para tener la certeza de que hablamos con una persona que no oculta su verdadera identidad por temor a ser descubierto por las autoridades.

–Esta propuesta será considerada como xenófoba.

No es discriminatoria. Cuando uno viaja al extranjero, se le obliga a inscribirse en diferentes registros para saber a qué se dedica uno, dónde se va a hospedar, con quién o quiénes llegamos, etcétera.

–Sin embargo, existe una gran cantidad de extranjeros indocumentados en Lima. ¿Cómo se puede verificar sus datos o la situación legal de estos ciudadanos?

Solicitamos que haya control biométrico en las comisarías. Con esta información, se puede conocer la verdadera identidad de un delincuente buscado en su país de origen. Esto también serviría como una herramienta para los vecinos que alquilan cuartos o departamentos, porque así podrán saber si un extranjero es o no un delincuente.