Mathías Panizo Arana

En La Planicie, exclusiva urbanización de La Molina, una banda internacional mantenía a decenas de extranjeros secuestrados en lo que sería una operación de trata de personas. El Comercio conversó con el general Luis Flores, director de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, quien dio mayores detalles sobre la estrategia de arrendar viviendas para cometer actos ilícitos y delincuenciales.

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La última operación policial en La Planicie logró rescatar a más de cuarenta malayos que eran víctimas de una mafia de trata de personas. Todo esto dentro de una vivienda que había sido alquilada, en plena zona urbana del distrito de La Molina y a tan solo metros del colegio Villa María. Una vez más, el caso de un inmueble arrendado por una organización criminal fue noticia. ¿Se trata de un modus operandi?

Sí, efectivamente. Es un tema recurrente. Nosotros hemos hecho campañas televisivas, hemos ido alguna vez a los [distritos] donde normalmente las personas alquilan sus inmuebles [para informarles]. Nosotros sabemos de la necesidad, pero este le decimos a la gente lo peligroso que es alquilar su inmueble a [delincuentes] extranjeros, sobre todo si es que no han pedido algún tipo de información que pueda verificar la que ellos proporcionan. Muchas veces no tienen su documento de identidad.

¿Qué sucede con las personas que son víctimas -como dueñas del inmueble- de estas mafias que alquilan su bien?

Acá hay varios temas. Uno en el cual las personas se arriesgan, porque de una u otra manera, a veces se vuelven cómplices indirectamente. Por ejemplo, cuando nosotros rescatamos al dueño de la cebichería, ¿cómo es posible que la persona haya alquilado el inmueble para que vivan tres o cuatro personas, pero entraban como diez? En ese [contexto], de entrar tantas personas, es que tenían en cautiverio al empresario. Entonces, la respuesta infantil que muchas veces dan, de ‘yo lo alquilé’ [no es válida]. Uno le pide el contrato, pero no tienen. [En estos casos], los hacemos comprender indirectamente en el proceso de investigación.

En el último año, hemos conocido diversos casos como lo ocurrido el fin de semana pasado, donde grandes organizaciones criminales han sido capturadas en espacios no propios. ¿Esto es algo reciente? ¿Ocurre solo en zonas exclusivas?

Esto es algo recurrente. Cuando alquilan viviendas grandes, mansiones, me hace recordar a cuando el MRTA, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, alquilaba residencias y pagaba por todo el año, porque era una inversión grande que ellos hacían para tener las cárceles del pueblo. Ahí era donde tenían en cautiverio a muchas personas que habían secuestrado. Este modus operandi lo están empleando igual estas grandes bandas criminales. Están alquilando inmuebles en lugares residenciales con la finalidad de no dar ningún tipo de sospecha de las actividades ilícitas que puedan hacer en el interior. Pagan [el alquiler] por bastante tiempo. Es lo que ha pasado con esto con estos delincuentes taiwaneses. La recomendación para las personas que alquilan es que tengan mucho cuidado. Pidan las referencias de las personas, que les dejen copias de documentos. Averigüen, hagan hasta lo imposible para saber cuál es su procedencia.

Seis taiwaneses fueron detenidos en la casa de La Molina. Se investigará su vínculo con la organización 'Dragón rojo de Taiwán'. Fotos: PNP
Seis taiwaneses fueron detenidos en la casa de La Molina. Se investigará su vínculo con la organización 'Dragón rojo de Taiwán'. Fotos: PNP

Además del uso para operaciones ilegales, ¿estas acciones de alquiler tienen otros objetivos?

Ahora, hay personas que preparan su inmueble para alquilarlo a diferentes extranjeros. Lo alquilan a veinte personas, sin embargo, tienes un flujo de ochenta personas ingresando. Y los propietarios, de una u otra manera, y colateralmente, están secuestrados por esta gente. Ni siquiera les paga el alquiler, porque son matones y ejercen violencia. Tanto así que el propietario, que muchas veces vive en el primer piso, tiene que salir de sus propiedades y no denuncia por miedo. Los extorsionan. La recomendación para las personas que están alquilando sus inmuebles a grupos de extranjeros, tengan mucho cuidado porque al final se los van a quitar. Se lo van a quitar y los van a botar y los van a secuestrar. Ese es el riesgo.

¿Qué otras cosas ocurren dentro de estos lugares? ¿Qué ha encontrado la Dirincri a lo largo de los años?

Nosotros hemos intervenido [estas viviendas] y hemos encontrado a gente viviendo en condiciones infrahumanas e inclusive muchos de esos inmuebles se vuelven casas de acogida, donde están las mujeres que son explotadas sexualmente.

¿Hay algún distrito que ustedes consideren como un foco donde se centralice este modus operandi?

A nivel general, ocurre principalmente en los conos. Por ejemplo, en San Martín de Porres, en San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, Ate. En Ceres [Ate] hay edificios que son alquilados para los venezolanos. Todo eso ya nosotros lo tenemos mapeado y lo vamos a intervenir en algún momento.

Además del arrendamiento de casas, ¿hay también un alquiler de garajes u otros espacios para estacionar los vehículos que roban o con los que asaltan?

Sí. Y no solo carros, también las motos. Nosotros hemos intervenido en algún momento estas casas donde adentro hemos encontrado hasta diez motos.

— ¿Más allá de ser una guarida o un centro de operaciones delincuenciales, el alquiler de viviendas tiene otro beneficio para los criminales?

Cuando inician el proceso migratorio, ellos ingresan una dirección donde se le notifica sobre el procedimiento administrativo. Sin embargo, si se detecta que está de manera irregular, ¿a dónde lo van a buscar para decirle que va a ser expulsado? En el caso de las viviendas de lujo, lo que buscan es pasar desapercibidos. Además, también subarriendan los espacios. Ellos [las bandas] buscan estar juntas, entre ellos mismos se protegen.

— Usted ha mencionado que esta actividad sucede en varios distritos de la capital. Entre ellos, algunos están en estado de emergencia...

A razón de eso se han intensificado los operativos en San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho, en los lugares de residencia de personas extranjeras, con la finalidad de controlar y verificar su calidad migratoria. El estado de emergencia nos da mayores alcances de intervención, pero normalmente se coordina con los propietarios. Muchas veces los propietarios nos piden que los saquemos porque no pagan por meses.

Volviendo a lo sucedido en La Planicie. ¿Qué otros casos similares, donde se alquilaron inmuebles exclusivos, han sido detonantes para la labor de la Dirincri?

Bueno, tenemos bien claro lo de los ‘búnkeres’. Las bandas alquilan casas en balnearios por un fin de semana o unos cinco días. Allí hacen sus actividades, donde hay gran cantidad de consumo de alcohol y de drogas y siempre hay delincuentes. Nosotros hemos intervenido el búnker de Punta Negra, el búnker de Lurín, en Chaclacayo, en Canta, diferentes sitios. Siempre hemos encontrado gente de mal vivir, drogas, armas.

¿Cómo suelen hacer los delincuentes para realizar contratos de alquiler para evitar levantar sospechas?

Un delincuente nunca te va a decir para pagarte un mes [de alquiler]. Para aparentar y que nadie sospeche, van a querer pagar por seis meses o un año. A veces también utilizan testaferros que firman en nombre de ellos.

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