Mininter cambia de manos por cuarta vez: ¿cómo la crisis impacta en la seguridad ciudadana y qué hacer?

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Avelino Guillén, el tercer ministro del Interior de la gestión de Pedro Castillo, renunció el último viernes en medio de fuertes desavenencias con Javier Gallardo, entonces comandante general de la Policía Nacional, y la indiferencia del presidente para respaldar a su ministro ante la intención de Gallardo de cambiar las cabezas de direcciones claves de la policía, como las de Inteligencia y Anticorrupción, o poner como jefe de la Región Lima a un general vinculado a la red Orellana.

Castillo no habló del tema ni viernes, ni sábado, ni domingo. Recién el lunes, minutos antes de la medianoche, dijo que aceptaba la renuncia del exfiscal y daba por concluida la designación de Gallardo.

No hubo respaldo y menos el compromiso para evitar cambios sin justificación en la PNP. Lo que sí hubo fue la renuncia de la primera ministra Mirtha Vázquez y con ello el cambio del gabinete, el tercero en apenas seis meses de gobierno.

De Alfonso Chávarry Estrada, policía cajamarquino en retiro que se convierte en el cuarto ministro del Interior de Castillo, se sabe que tiene una sentencia por abuso de autoridad y otros dos procesos por tráfico ilícito de drogas y delito contra la administración pública.

¿Cómo se traduce este escenario en la inseguridad ciudadana?

Para Nicolás Zevallos, director del Instituto de Criminología y Estudios sobre le Violencia y exviceministro de Seguridad Pública, si ya los cambios constantes desencadenan giros en las estrategias, prioridades y decisiones de corte táctico y administrativo, la inestabilidad evidente de este gobierno hace imposible la planificación y operación. De hecho, aún no se sabe quiénes serán los nuevos generales responsables de direcciones policiales.

“El general Angulo [jefe de la Región Lima a quien el ex comandante de la PNP pidió mandar a la Dirección de Turismo] puso en evidencia los 1.600 cambios de colocación que estaba teniendo la Region Policial Lima. Hablamos un número gigante de oficiales y suboficiales. Con eso es imposible planificar”, dice a El Comercio.

Jose Luis Pérez Guadalupe, ex ministro del Interior durante el gobierno de Ollanta Humala, agrega que esta precariedad en los cargos se evidencia en la reducción de policías para patrullar las calles. “Ya no vemos policías patrullando. No hay jefes de región policial designados, no hay jefes de unidades operativas fijos. Sin cabezas ¿cómo vas a planear operativos”, reitera.

Para entender la importancia del trabajo planificado, Zevallos explica que una investigación bien desarrollada que permita la desarticulación de una organización criminal, como las que cobran cupos a comerciantes, puede tardar al menos nueve meses.

“Se necesita una investigación intensa para no atrapar solo al cabecilla sino desarticular la banda entera. Hay casos que por su magnitud han implicado 2 años de investigación y han requerido un trabajo sostenido y, sobretodo, que los equipos no se muevan. Eso ha hecho la Diviac [División de Alta Complejidad (Diviac) a cargo de, por ejemplo, el caso de Los Cuellos Blancos] y en su momento DIGEMIN”, explica.

Lo mismo con una declaratoria de emergencia para Lima y Callao, anuncio del gobierno recién hizo efectivo anoche. Pérez Guadalupe, que en su gestión (2015) se dio la declaratoria de emergencia en el Callao que se prolongó por casi un año, explica que una medida que implica la suspensión de derechos constitucionales requiere una coordinación estrecha con el comando policial y varios meses de preparación para definir los indicadores específicos que se quieren reducir.

“En ese momento no teníamos inestabilidad ni política ni policial. El plan se hizo con el comando policial y bastante anticipación, teníamos identificadas a las bandas que se estaban matando para poder intervenirlas. Sabíamos cada hueco y guarida donde estaban. Eso no se hizo de la noche a la mañana y teníamos que medir cada semana el número de muertes violentas”, indica a este Diario.

Lo cierto es que, aunque la crisis se ha agudizado en el gobierno de Castillo, Pérez Guadalupe opina que desde hace más de un año existía una “baja en la moralidad” en la policía tras la destitución de 20 generales durante la gestión del exministro Rubén Vargas, en el gobierno de Francisco Sagasti. Esta renovación de los mandos policiales se dio en medio de las investigaciones por los excesos cometidos durante las marchas contra Manel Merino, que terminaron con la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado en noviembre del 2020. Pese a que el exministro sostiene que los cuestionamientos estuvieron fundados, considera que la respuesta del Ejecutivo no fue adecuada.

“A nivel de comando policial, cuando te bajas a 20 generales y nombras al 21 que no tenía ningún liderazgo y nadie lo conocía, y encima cambias al sector más operativo, hay una crítica generalizada. Eso vemos ahora, no ha cambiado porque tienes un comando general que no tiene liderazgo y ocho ministros del Interior en un año. En el nivel político y policial estamos peor imposible”, opina.

¿Qué sigue?

Mientras la inestabilidad política y policial sigue vigente, los robos y asaltos lo están aún más. Solo de enero a setiembre del 2021, el Sistema de Denuncia Policial (SIDPOL), al que accedió El Comercio en este informe, registraba 69.715 denuncias de asaltos en Lima y 6.474 en el Callao. Es decir que, en promedio, por cada hora que pasa 11 víctimas se acercan a una comisaría para asentar su denuncia. En ese mismo periodo, se habían reportado en Lima 7.632 delitos contra el cuerpo, la vida y la salud (Homicidio simple, Parricidio, Feminicidio, Asesinato, Homicidio calificado Sicariato, homicidio Culposo y otros), mientras que en el primer puerto, 927.

De hecho, de todas las prioridades que pide la población que atienda el presidente Pedro Castillo, la lucha contra la delincuencia es la más urgente (54%), incluso por encima de la atención de la pandemia (28%), según la última encuesta de Ipsos para El Comercio realizada el 20 y 21 de enero de este año.

¿Qué se debe hacer?

Pérez Guadalupe opina que se necesita adoptar una estrategia orientada a enfrentar el robo callejero, que genera la mayor sensación de inseguridad. Una forma de hacerlo es retomar la política de desactivación de celulares robados e intervención de los centros de venta de estos equipos. Este es el principal blanco de los ladrones al paso al punto que se estima que todos los días que roban 4.000 celulares en el país.

Otro punto a atender, agrega Zevallos, es el patrullaje en zonas de aglomeración, el trabajo de investigación criminal e inteligencia y la atención a la disponibilidad de armas en las calles. “Si estamos viendo consecuencias letales de los robos y hurto, y el sicariato y extorsiones es porque hay demasiadas armas irregulares disponibles en manos de los delincuentes”, dice.

Para esto, obviamente, se necesita una mejor relación entre el Ejecutivo y la Policía, y altos mandos capaces para dirigir unidades especializadas. Pérez Guadalupe lo explica así: “Están surgiendo los secuestros otra vez y eso ya no se daba. Lo mismo con los robos en bancos. En el país había delitos que casi no ocurrían porque hubo un excelente trabajo de las divisiones específicas y hoy vuelven a aparecer, ahí te das cuenta del desgaste”.

De todas formas, la reforma policial, una tarea de fondo, sigue siendo una necesidad. De acuerdo con Zevallos, sin mejores condiciones institucionales, de infraestructura y equipamiento, el trabajo de la Policía Nacional no va a mejorar. “Eso se hace más evidente con la crisis política porque la selección que se ha tenido en esta oportunidad no da luces de que vayan a tomar medidas concretas y claras para sacar a la policía de la situación precaria en la que se encuentra”, opina.

Por lo pronto, falta que el nuevo primer ministro, Héctor Valer (también con graves denuncias desde violencia familiar a colusión en Pucallpa) pida el voto de confianza y explique qué lineamientos tendrá el sector Interior para combatir la inseguridad ciudadana y crimen organizado. Recién después de eso se sabrá si el Congreso otorga la confianza al nuevo gabinete.

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