Mininter pasará a llamarse Ministerio de Seguridad Pública: ¿Qué cambios traerá consigo?

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Esta medida forma parte de un proyecto de Ley presentado al Congreso con “carácter de urgencia”, el cual también modifica el decreto legislativo N°1266, “Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior”. La mandataria argumentó que el propósito es iniciar un proceso de modernización dentro de la referida cartera enfocada en la atención al ciudadano, la articulación con otras entidades del Estado, la meritocracia y la erradicación de la corrupción.

“Se ha iniciado un proceso de modernización integral del Ministerio del Interior, priorizando la atención oportuna al ciudadano, la articulación con otras entidades del Estado, la meritocracia y la erradicación de todo indicio de corrupción. Este proceso de modernización incluye también el cambio de denominación del Ministerio del Interior a “Ministerio de Seguridad Pública”, cuyo proyecto de Ley entrego en este acto al honorable Congreso de la República con la finalidad de que sea tramitado con carácter de urgencia”, dijo Boluarte en su discurso.

El proyecto de Ley que dispone este cambio de denominación también modifica los artículos 4 y 5 del mencionado Decreto Legislativo, referidos al ámbito de competencia y las funciones del ministerio en cuestión:

Artículo 4

ANTES: “El Ministerio del Interior ejerce competencia exclusiva a nivel nacional en materia de orden interno y orden público. Así también, ejerce competencia compartida en materia de seguridad ciudadana, de acuerdo a Ley. Es el ente rector del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana”.

AHORA: “El Ministerio de Seguridad Pública ejerce competencia exclusiva a nivel nacional en materia de orden interno y orden público. Ejerce competencia compartida en materia de seguridad ciudadana, de acuerdo a ley. Es el ente rector del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana”.

Artículo 5

ANTES: “Producir, coordinar y centralizar la inteligencia estratégica y táctica, relacionada al orden interno, seguridad pública, seguridad ciudadana, crimen organizado y nuevas amenazas de carácter internacional que afecten el orden interno; así como realizar acciones de contrainteligencia en el marco del Sistema de Inteligencia Nacional”.

AHORA: “Producir, coordinar y centralizar la inteligencia estratégica y táctica, relacionada al orden interno, seguridad pública, seguridad ciudadana, crimen organizado y nuevas amenazas de carácter nacional e internacional que afecten el orden interno; así como realizar acciones de contrainteligencia en el marco del Sistema de Inteligencia Nacional”.

Frank Casas, experto en seguridad y crimen organizado, consideró que el cambio de nombre del Ministerio del Interior (Mininter) no va a generar ningún tipo de impacto en la lucha contra la inseguridad, pues en la práctica, ya el Ministerio del Interior, como el ente rector del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, tiene suficientes competencias normativas que le otorga la ley para conducir, liderar y alinear a todos los demás órganos públicos del Estado en materia de seguridad ciudadana.

“Este cambio de nominación es un claro reflejo de no saber qué hacer. Mi lectura es que solo se trata de un cambio estético, que no va a generar necesariamente un valor social adicional, que es lo que nos importa. Es verdad que en otros países se tiene esta o similar denominación, pero usualmente este tipo de cambio nominal no suele ser expresado en instancias tan importantes como un Mensaje a la Nación. Me llama la atención que traten de vender este cambio como algo estratégico cuando en realidad no lo es, pues básicamente es un cambio administrativo burocrático”, expresó.

Por su parte, Noam López, experto en Ciencia Política y Gobierno de la PUCP, recordó que hoy en día ya existe un Viceministerio de Seguridad Pública dentro del Mininter, junto con el de Orden Interno. Precisó que sí es necesario cambiar institucionalmente, pero que lo que se ha hecho es solo cambiar de nombre, no más.

“Se ha hablado de modernizar el sector, pero en el discurso no se ha tocado, por ejemplo, la reforma de la policía. En el Interior hay cosas que cambiar, como tener competencias muy bien definidas y que no se dupliquen con las que tiene la propia policía”, explicó.

Frente a los altos índices de seguridad ciudadana que hay en el país, Boluarte sostuvo que su gobierno ha reforzado acciones para combatir este flagelo en las zonas más críticas y ha dispuesto que las Fuerzas Armadas apoyen la la labor policial en las calles, sobre todo en la labor de inteligencia en contra de delitos graves como la extorsión y el tráfico ilícito de drogas provenientes de organizaciones criminales.

Comentó que en el 2023, se desarticularon más de 11.600 bandas criminales y 180 organizaciones criminales; mientras que en lo que va del 2024, se han desarticulado 112 organizaciones criminales y cerca de 7 mil bandas criminales. “La Policía Nacional ha potenciado su estrategia de intervención contra la delincuencia común y la criminalidad organizada”, expresó.

Cabe señalar que tomando en cuenta el total de bandas y organizaciones delictivas desarticuladas (18.892), así como el número de sus integrantes (un mínimo de 2 para banda y 3 para organización), tenemos al menos 38.076 intervenidos por pertenecer a estos grupos. Sin embargo, de acuerdo al Sistema de Información de Estadísticas Penitenciarias (SIEP) del INPE, la población penitenciaria solo aumentó en 5.600 entre el 2023 y 2024 (incluyen procesados). En el discurso no se detalló dónde se encuentra el resto de los detenidos o cuál es su estado.

En esa línea, sobre la capacidad penitenciaria, la presidenta resaltó que en lo que va del 2024, se ha logrado aumentar la capacidad de los penales de Puno y Lampa para 432 internos. También añadió que en julio del 2023, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se comprometió destrabar proyectos para ampliar los penales de Arequipa y Abancay.

“En cuanto al penal de Arequipa, ya se tiene un 58% de avance del expediente técnico que incrementará en 953 las unidades de albergue. A su vez, el penal de Abancay ya cuenta con el expediente técnico concluido. El 17 de junio se dio inicio a la convocatoria para seleccionar el contratista responsable de la obra”, informó.

En paralelo la jefa de Estado también mencionó que para el 2025 ya se habría iniciado la construcción de un complejo penitenciario para 8 mil procesados (con una inversión de 105 millones de soles) y podría duplicar su capacidad. Para ese año también se estaría elaborando los expedientes técnicos e iniciando la obra de los centros penitenciarios de Ancón III, Trujillo e Ica, sumando los tres un espacio para 9.700 presos. Adicional a ello, se estaría iniciando la construcción de un complejo penitenciario con capacidad para 10 mil reos de alta peligrosidad.

En cuanto a los resultados solo de los megaoperativos (55), al primer semestre del presente año, se detalló que se logró desarticular 103 organizaciones criminales y detener a 653 personas.

En el resto del discurso en materia de seguridad, la jefa de Estado comunicó los resultados de “Amanecer Seguro” y “Retorno Seguro”, estrategias que intentan focalizar la presencia policial en las calles tanto entre las 4 y 7 de la mañana, como entre las 6 y 9 de la noche. En conjunto, acotó que han permitido ejecutar 6.588 operativos, capturar a 1,982 requisitoriados, detener a 5,259 personas en flagrancia delictiva, desarticular a 280 bandas criminales y 5 organizaciones criminales, además de incautar 97 armas de fuego.

Asimismo, Boluarte tuvo unas palabras para la delincuencia transnacional: “Nuestro gobierno no le va a entregar nuestro país a la delincuencia. Desde ya le digo a la delincuencia transnacional, que serán perseguidos, arrestados y condenados a penas ejemplares. El Perú no los quiere. Nuestra población será testigo del despliegue policial a todas horas del día. Utilizaremos la fuerza policial para cuidarlos desde que amanece, para que puedan conducirse con seguridad a sus centros de trabajo y estudio, y también los cuidaremos al retorno a sus hogares”.

En términos generales, Casas resaltó que este mensaje ha presentado un balance del año 2023 con cifras relacionadas a distintas acciones operativas, sin embargo, opinó que estas no han conducido a ningún resultado efectivo, por el contrario, dijo que en el último tiempo ha crecido el número de víctimas de delitos.

“Este mensaje brinda poca esperanza de lo que el actual gobierno realmente pueda cambiar la tendencia creciente de criminalidad en el país. Lo cierto es que las acciones operativas no han tenido un gran impacto. Según el INEI, la tasa de victimización ha pasado del 22,9 al 27,1 en el 2023″, indicó.

El experto agregó que en el discurso faltó mencionar, por ejemplo, si se va a poner en practica una verdadera reforma policial, qué acciones estratégicas se piensan implementar para combatir el delito patrimonial -que representa el bolso más grande de delitos que se cometen en el país-, entre otras medidas. Señaló que hay un déficit en la evaluación de las políticas de seguridad adecuadas para nuestro país.

“De qué nos sirve tanta acciones operativas si estas no van a reducir el delito. Esto más bien evidencia que hay un desconocimiento de nuestras autoridades sobre lo que realmente se debe hacer. Lo que nos deja este mensaje bastante denso es básicamente un vacío”, expresó.

Mientras tanto, López dijo que la presidenta ha brindado varias cifras y hecho afirmaciones que bien podrían tener sus contraejemplos. Esto se puede ver en los índices de reducción de la criminalidad, pues si bien se detallaron números que parecerían auspiciosos sobre organizaciones criminales identificadas, requisitoriados detenidos, operativos, incautación de armas, entre otras acciones, no mencionó si la tasa actual sigue siendo considerablemente alta o no.

“Lo que estamos viendo es que está creciendo la victimización y hablamos de millones de víctimas. Lo se ha expuesto son indicadores de producto, no son indicadores de resultados, son indicadores que hablan de la recuperación de espacios, no son Indicadores que hablen de capital social, de calidad de vida. Tampoco hay una mirada longitudinal o histórica que nos permita compararnos a años anteriores”, sostuvo.

No obstante, López opinó que sí hubo algunas cosas rescatables en el Mensaje a la Nación sobre seguridad, lo que refleja que sí hay buenas intenciones por parte del Gobierno para cambiar la situación actual. Algunas de estas medidas tienen que ver con la construcción de laboratorios de criminalística y más centros penitenciarios a nivel nacional.

“Más laboratorios y mejorar las condiciones en los penales me parece fundamental. También se anunció más policías en las calles. De igual forma cabe preguntar si estos estarán mejor entrenados”, expresó.

En el discurso presidencial, Boluarte destacó la importancia de la inteligencia policial y las operaciones especiales para combatir la delincuencia. Bajo ese fin, precisó que su gobierno creó el Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco), el cual en el primer semestre del 2024, intervino en 641 operativos policiales en zonas de alta incidencia criminal como Trujillo, Arequipa, Lima, entre otros; logrando desarticular a 42 bandas y 5 organizaciones criminales, así como la capturar de 306 requisitoriados. Agregó que en estas acciones se decomisaron 35 explosivos (entre granadas y dinamita).

La mandataria sostuvo que al finalizar el 2024, se espera que este grupo policial especial intervenga en 1.300 operativos, mientras que en el 2025 se proyecta lo mismo para 1.800 operativos. “Vamos a fortalecer las labores de inteligencia y las operaciones especiales de la Policía Nacional para hacer frente a las bandas y organizaciones criminales que vienen cometiendo delitos de alto impacto, y lo haremos a través de los equipos Grecco de Inteligencia y Táctico. Tienen la clara misión de desarticular a “El Tren de Aragua” y sus facciones. Además, brindarán soporte operativo-estratégico a las operaciones policiales de impacto en todo el país”, dijo.

En cuanto a infraestructura y equipamiento, Boluarte anunció que el sector Interior tiene como meta implementar de manera progresiva 12 laboratorios de criminalística en al país. Comentó que ya se cuenta con 6 terrenos de entre 1.500 y 3.000 m2 para la construcción de 6 laboratorios en Cusco, Piura, Juliaca, Huánuco, Huancayo y Lima norte.

Anunció también la construcción de la comisaría “Nuevo Progreso” en el distrito de Villa María del Triunfo, con una inversión de 5,4 millones de soles. Esta obra culminaría en agosto de 2024.

Además, a fin de apoyar en las tareas de seguridad ciudadana, la mandataria anunció que de manera extraordinaria este año egresarán de las escuelas de formación técnica superior un total de 5.992 nuevos policías, 5.741 en julio y otros 251 en diciembre. Agregó que esta medida continuará el siguiente año.

Hernán Sifuentes, alcalde de San Martín de Porres, uno de los distritos donde se estableció durante unos tres meses un estado de emergencia con el fin de reducir los índices de delincuencia y criminalidad, comentó que durante el discurso de la presidenta Boluarte no se ha detallado algún plan concreto en materia de seguridad ciudadana.

Indicó que si bien los alcaldes tienen una corresponsabilidad en esta materia, debe existir una política publica que sea dirigida por la misma jefa de Estado y la PNP. “Nosotros pasamos por un estado de emergencia. Si bien la policía desplegó algunos esfuerzos importantes, las Fuerzas Armada solo estuvieron dos días. Necesitamos una restructuración integral. Hemos tenido desde el el 2020 a la fecha 20 ministros del Interior. Es necesario que se tome el toro por las astas y podamos tener una política de gobierno y también de Estado que pueda afrontar este gran problema de la inseguridad”, opinó la autoridad municipal.

En su discurso Boluarte incluyó algunos apuntes respecto a las medidas que el gobierno está desarrollando en materia de lucha contra la minería ilegal. Señaló que en el 2023, se ejecutaron 729 operativos a nivel nacional contra este delito, mientras que a mayo de este año, la cifra es de 481, con la destrucción de 1.336 campamentos, 6 plantas procesadoras y 502 pozas. Además de la incautación de 17.451 cartuchos de dinamita, entre otros.

“Asimismo, hemos reforzado la seguridad de las comunidades indígenas y de las áreas naturales protegidas, instalando 5 puestos policiales, en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana (Yarana), en la Reserva Comunal en Setapo, Reserva Comunal Tuntanain y en la Reserva Nacional Tambopata, en total se tiene 50 efectivos policiales y 12 efectivos de la Marina de Guerra del Perú”, manifestó.

Adicional a ello, la presidenta resaltó que un grupo de trabajo integrado multisectorial se encuentra actualizando la Estrategia Nacional para la Interdicción de la Minería Ilegal con un nuevo enfoque, enfatizando en la formalización de la minería, la investigación, la intervención y la sanción a las organizaciones criminales. Este plan, agregó, también busca impulsar actividades económicas que permitan el desarrollo sostenible de la población.

“En estos últimos años la minería ilegal ha escalado a tal punto de ser la economía ilícita con mayores ganancias en nuestro país, superando inclusive al tráfico ilícito de drogas. En los últimos diez años, en promedio, más del 25% del oro exportado es de procedencia ilegal. Sin embargo, en el 2023 ejecutamos 729 operativos de interdicción a nivel nacional y en lo que va del presente año, ya hemos superado las mil interdicciones”, sostuvo.

Por otro lado, en relación con el proceso de formalización minera, Boluarte dijo que su gobierno ha culminado el proyecto de ley de la pequeña minería y minería artesanal, el mismo que “será socializado con todos los actores del sector a fin de recibir aportes para ordenar las actividades mineras a pequeña escala”.

Boluarte también se refirió a otros temas como la trata de personas y la lucha contra las drogas. Sobre el primero mencionó que en los cinco primeros meses del 2024, su gobierno ejecutó 123 operativos que logaron desarticular 31 bandas y una organización criminal, así como liberar a 1.016 víctimas, entre las que se encontraban 29 menores de edad.

Respecto a lucha antidrogas, la presidenta precisó que la Dirección Antidrogas de la Policía decomisó en el último año cerca de 66 mil kilogramos de droga, teniendo como meta para diciembre de este año, superar los 108 mil kilogramos de droga decomisada.

En tanto, en relación a los cultivos ilegales de hoja de coca, dijo que se erradicaron 8 mil hectáreas a nivel nacional a junio del 2024. Agregó que la meta para diciembre de este año es la erradicación de 25 mil hectáreas en total.

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Asimismo, sobre las acciones llevadas a cabo en los Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), Boluarte indicó que durante el último año se han reducido a 35 los distritos declarados en estado de emergencia, lo que confirma “el proceso de pacificación progresiva” en esta zona. Señaló que su gobierno ha establecido como meta reducir hasta 15 distritos bajo esta medida.

Por último, la presidenta anunció que ha dispuesto la “inmediata formulación” de proyectos normativos que determinarán una nueva escala remunerativa para los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, tanto en situación de actividad como en retiro, y así reducir la actual brecha salarial.