Extorsiones en la Panamericana Sur: el impacto de los ataques armados a Perú Bus

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Un primer hecho que llamó la atención en octubre fue el ataque a balazos a una unidad de la empresa interprovincial Perú Bus por dos sujetos en moto, quienes persiguieron el vehículo desde el parque metropolitano Huayna Cápac, cuando el chofer decidió no detener su marcha para recoger a unos pasajeros debido a que le parecían sospechosos. Tras ello se desató una persecución por la Panamericana Sur, que culminó en el peaje de Villa, donde los sujetos dispararon contra el bus. El conductor y los pasajero no resultaron heridos.

Las investigaciones policiales aún no determinan si se trató de un ataque personal contra el chofer, si fue por la disputa de la ruta en la Panamericana Sur con transportistas informales o un acto producto de la extorsión contra la propia empresa.

El segundo episodio ocurrió ayer, 25 de noviembre, cuando el local de la empresa de transportes Perú Bus, situada en la cuadra 3 de la avenida México, en La Victoria, sufrió un ataque con una granada que dejó cinco heridos y causó importantes daños materiales. Este acto, presuntamente relacionado con extorsionadores, ha generado preocupación entre los residentes y comerciantes del área.

El ataque ocurrió cuando un grupo de individuos no identificados arrojaron el explosivo contra la fachada principal de la empresa, provocando la destrucción de vidrios y afectando la estructura del lugar.

Los balnearios del sur de Lima son uno de los destinos más visitados en verano, principalmente en fechas festivas como Navidad, Año Nuevo y Semana Santa. Además, es punto de trabajo de miles de personas, quienes deben desplazarse a esas zonas cada día, para lo cual usan el transporte urbano a través de la antigua Panamericana Sur o la nueva Panamericana Sur en unidades interprovinciales.

El coronel (r) PNP Franklin Barreto, exjefe de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía, indicó que los delincuentes optan, en muchos casos, por perpetrar sus delitos antes del peaje de Villa, ya que a partir de ese punto de la Panamericana Sur se inicia la vigilancia de los agentes de la División de Protección de Carreteras de la PNP.

Remarcó que antes del peaje de Villa solo hay una comisaría a cargo del resguardo de los vehículos que transitan por la Panamericana Sur. Otro problema que acentúa la situación es la poca flota vehicular con la que cuenta la Policía para la vigilancia, ya que cerca del 44% se encuentra inoperativa, tal como lo evidenció un informe de El Comercio.

“Está el tema de las jurisdicciones donde empieza a articular las unidades de control de carreteras de la Policía, que son fundamentalmente saliendo de la ciudad. Por ejemplo, hacia el sur tenemos que la carretera se empieza a cubrir servicio a partir del peaje de Villa, pero antes del peaje tenemos una comisaría que tiene la función de brindar seguridad, pero como se tiene que cerca del 45% de la flota vehicular de la Policía se encuentra inoperativa, entonces hay un desmedro en la capacidad operativa de la Policía porque no puede cubrir los lugares que ya están alejados o donde ya termina la jurisdicción, y eso lo saben muy bien los delincuentes porque hacen sus apreciaciones para ver dónde ejecutan sus actos delictivos”, manifestó el especialista.

Otro punto que destacó Barreto es el servicio que brindan las empresas interprovinciales denominado “estándar”, el cual le permite detener su marcha en un punto de la carretera para recoger a grupos de persona, los cuales no son anotados en el registro de pasajeros, lo que facilita los asaltos, ya que pueden tratarse de asaltantes.

“Este servicio estándar es el que realmente es perjudicial para la seguridad porque son todos los vehículos de las empresas que cumplen este tipo de trayectos cortos, de 300 a 400 kilómetros, pueden parar en cualquier lugar, es decir, no tienen paraderos establecidos”, afirmó.

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“Por eso es que nosotros vemos que hacia el sur un vehículo de transporte de servicio estándar puede parar en Atocongo, en el puente Alipio Ponce, en la cooperativa América o en cualquier puente. Ellos pueden parar porque así está la norma”, agregó.

“El servicio estándar hace que el vehículo de transporte público de pasajeros pueda parar indistintamente en cualquier lugar, entonces los pasajeros no están seguros. Si se obligara a las empresas a tener establecidos en cada cierto tramo un paradero sería muy diferente porque permitiría contar con el registro en el manifiesto de pasajeros”, precisó.

Además, Barreto hizo hincapié en que un factor que aumenta la inseguridad en la Panamericana Sur es la circulación de las unidades informales. “Muchas veces el transporte ilegal es el que fomenta este tipo de situaciones para generar más miedo o zozobra para que justamente deje de cubrir ese transporte regular y que el transporte informal pueda acceder a esa demanda”, expresó.

El general (r) PNP Juan Carlos Sotil, exjefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía, detalló que las modalidades de ataque o asaltos más frecuentes en las carreteras son el falso pasajero a bordo, el falso pasajero en ruta y el patinaje para robar a las unidades de carga. Barreto añadió que a esta se suma la interceptación de los vehículos través del uso de las ‘aletas de tiburón’, que revientan la llanta y detiene la marcha de la unidad, lo que permite el robo.

Remarcó que las empresas de transporte urbano e interprovincial son pasibles de potenciales ataques debido a la cantidad de dinero que manejan en ruta o en sus oficinas. Recordó que los atentados contra las unidades de transporte comenzaron en la ciudad de Trujillo.

“Las empresas de transporte urbano e interprovincial son una víctima potencial por la cantidad de dinero (que recaudan). En el caso de transporte urbano porque manejan dinero del día a día, mientras que en el caso del transporte interprovincial porque tienen ingresos de recursos económicos importantes”, explicó Sotil.

No obstante, remarcó que los ataques contras las empresas de transporte se han tornado más violentas en los últimos años, ya que anteriormente solo se quedaban en amenazas, pero ahora sí se han materializado.

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Incluso, Sotil señaló que la extorsión se ha colocado como el delito que más afecta a las unidades de transporte debido a que los delincuentes no tienen mucha exposición, pues solo les basta concretar la amenaza y abrir una cuenta bancaria.

“Las formas violentas (de los ataques contra las unidades de transporte) sí son nuevas. Hasta hace algunos años era difícil la materialización de las amenazas extorsivas, era bien complicado que una amenaza contra la vida de una persona se materialice, todo eran mensajes violentos, colocación de misivas, sobre con cartuchos de dinamitas, sobres con casquillos de bala, disparos en las puertas de las viviendas o quema de vehículos de aquellos que no se sometían a las extorsiones, entrega de arreglos fúnebres”, advirtió.

“Es más ‘segura’ (esta modalidad) y da más renta porque ya no tienes que ‘frentear’ el tema, solamente a través de un mensaje y un número de cuenta para el cobro del monto de la extorsión”, añadió.

Martín Ojeda, representante de la Asociación de Propietarios de Ómnibus Interprovinciales del Perú (Apoip), remarcó que las acciones de las autoridades para controlar los ataques contra los operadores de transporte y brindar seguridad en las vías resultan “limitadas”, ya que continúan los crímenes en las últimas semanas.

Además, remarcó que los hechos delictivos, así como los paros, afectan el desplazamiento de las personas por las carreteras, lo que genera pérdidas de millones de soles al día.

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“Muy limitadas (las acciones del Gobierno). Confiamos en la Policía, mas no en la política. Totalmente descoordinadas (las medidas), no hay un interés de los poderes Ejecutivo, Legislativo y del Poder Judicial para trabajar juntos. Muy limitado y las consecuencias se están dando”, señaló Ojeda.

“Ha faltado lamentablemente público, porque el púbico cuando hay este tipo de amenazas no sale y eso sí afecta, por eso es que se han perdido millones por cada día de paro”, finalizó.