PNP escoltará buses para frenar extorsiones: este sería el impacto en la seguridad de los viajes

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Los choferes de estas unidades señalan que esta situación se ha desbordado y que temen no solo por su seguridad, sino también por la de sus familias. “Estos sujetos no creen en nadie, estamos cansados de estos ataques”, dijo uno de los conductores. En total, ocho empresas de transporte han paralizado sus operaciones debido a la extorsión: Huáscar, Línea Nueva Estrella, Vipuza, Etuchisa (Los Chinos), Sesosa, Chimpún, Tigrillo y Loro.

En Puente Piedra, los trabajadores de transporte han bloqueado la Panamericana Norte y no dejan pasar a los buses que salieron a recorrer sus rutas habituales. Los manifestantes no descartan que esta medida se repita en los próximos días, más concretamente el jueves 26. Los cobradores y choferes que aún salen a laborar han expresado su temor de ser grabados, porque podrían ser identificados y atacados por los extorsionadores si los ven trabajando. La Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentra en los distritos mencionados para evitar cualquier tipo de ataque.

En la jornada del lunes, los transportistas fueron dispersados por la policía con gas lacrimógeno en respuesta a los enfrentamientos que se han estado llevando a cabo. Cabe resaltar que muchos de los manifestantes están obligando a los pasajeros a descender de los vehículos que han decidido seguir operando.

Desde el 20 de agosto, se han registrado 15 atentados contra 11 empresas de transporte público en la capital. Como consecuencia, tres conductores fueron asesinados y varios han resultado heridos.

Fuentes policiales de SJL informaron a este diario que el Escuadrón de Emergencia está aplicando un plan piloto de acompañamiento a las empresas afectadas por extorsionadores. Los efectivos están subiendo a las unidades de las empresas Santa Catalina y Roma para supervisar sus viajes y repeler posibles ataques. Esta medida, dispuesta por el Comando General, se evaluará y, si resulta efectiva, podría implementarse como un plan de seguridad. Su objetivo es disuadir a los extorsionadores y brindar tranquilidad a los usuarios y trabajadores.

Eduardo Pérez Rocha, exministro del Interior y exdirector de la PNP, afirmó a El Comercio que “en la década de los 80, durante el problema del terrorismo, se emitieron decretos de emergencia similares por parte de la PNP”. Según él, estas medidas lograron reducir las acciones de violencia. Sin embargo, destacó que lo que realmente le preocupa en la actualidad es “el aspecto de la informalidad”. Pérez Rocha enfatizó que simplemente asignar efectivos policiales para patrullar no es suficiente, ya que “no hay una logística detrás” que respalde estas acciones.

El presidente de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), David Hernández, se reunió con el Ministro del Interior, Juan José Santiváñez, para presentar las líneas de acción de la entidad y coordinar esfuerzos en la lucha contra las extorsiones que afectan a usuarios, conductores y operadores de transporte. Hernández indicó que la Procuraduría Pública de la ATU brindará asistencia a los transportistas para facilitar las denuncias por extorsión, lo que permitirá a la policía iniciar las investigaciones de manera más ágil.

Además, el titular de la ATU reafirmó el total respaldo de la institución hacia las acciones que implementará el Ministerio del Interior, incluyendo la solicitud de creación de una Fiscalía Especializada para abordar los casos de extorsión. En la reunión, también participaron altos mandos de la PNP y representantes de los gremios de transportistas, quienes destacaron el apoyo de la ATU en la lucha contra la criminalidad organizada en el sector.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) exhortó a los empleadores a priorizar el teletrabajo o a permitir que las personas afectadas por la falta de transporte público tengan una tolerancia de dos horas en su horario de ingreso. “También pedimos que se adopten medidas flexibles que permitan compensar las demoras derivadas de los contratiempos en el traslado de los trabajadores a sus centros de trabajo. El tiempo de demora estará sujeto a compensación posterior. Bajo ninguna circunstancia dicho tiempo será considerado como tardanza injustificada sujeta a sanciones”, agregó.

Por su parte, el Ministerio del Interior comunicó que, a través de la PNP, ha intensificado los operativos y la investigación para contrarrestar la extorsión. Asimismo, el Comando de la PNP ha habilitado cuatro buses para trasladar a decenas de pasajeros. “Se ha dispuesto también un incremento de la presencia policial y del patrullaje en zonas estratégicas. El ministro Juan José Santiváñez ha mantenido constantes reuniones con representantes del gremio de transporte para coordinar acciones en beneficio de la seguridad de los trabajadores”, añadió.

Víctor Zanabria, comandante general de la PNP, enfatizó que la extorsión en el transporte surge de la informalidad y destacó la importancia de formalizar denuncias para avanzar en la seguridad. “A pesar de los esfuerzos policiales, muchos casos quedan sin reportar, permitiendo que los delincuentes operen con impunidad. No podemos realizar actividades si no tenemos las denuncias formales“, dijo.

Samuel Daza, alcalde de Ancón, expresó su preocupación por la falta de medidas concretas del Ejecutivo frente a esta escalada de violencia. El alcalde resaltó la necesidad de declarar el estado de emergencia en su distrito, no solo por los problemas de transporte, sino también por la creciente inseguridad. Mencionó que las autoridades del Ministerio del Interior parecen no comprender la gravedad de la situación, ya que, desde sus oficinas, consideran que la inseguridad es una percepción, cuando en realidad representa una amenaza tangible para los ciudadanos que diariamente utilizan el transporte público.

Martín Ojeda, Director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, comentó en una entrevista con El Comercio sobre la creciente informalidad en el sector del transporte. Ojeda explicó que, en una reunión con el Ministro del Interior, se abordó la preocupante situación de la ilegalidad que afecta al transporte urbano. Según él, “uno de los peores males del transporte urbano es la ilegalidad”, que ha aumentado en los últimos años.

El director señaló que “en los últimos tres años hemos visto el surgimiento del falso chalequeo”, refiriéndose a la protección irregular que algunos delincuentes ejercen sobre los transportistas. “Estas amenazas generan una impunidad total”, agregó, explicando que las bandas criminales no solo extorsionan a los transportistas informales, sino que ahora también “están cobrando cupo a los formales”, aprovechando la inacción del Estado.

“Contamos con una policía con poco presupuesto. Deberíamos crear una unidad especializada en extorsión, pero eso requiere inversión”, dijo. Además, hizo un llamado al Ministerio Público para establecer una fiscalía especializada en bandas criminales. Según Ojeda, la solución a estos problemas no recae en el empresariado, sino en el poder estatal, que incluye al ejecutivo, legislativo y judicial.

En una entrevista con este diario, Eduardo Pérez Rocha, exministro del Interior y exdirector de la PNP, comentó que “esto no es nuevo. en el Perú, las extorsiones y el cobro de cupos comenzaron en Trujillo, donde bandas organizadas exigían pagos”, explicó. Este fenómeno ha crecido, afectando no solo a pequeñas empresas, sino también a grandes negocios. En el transporte masivo, especialmente en el Cono Norte y Callao, “han comenzado a extorsionar utilizando llamadas, explosivos y armas de fuego”.

Pérez Rocha advirtió que las denuncias por extorsión han aumentado en la PNP y la fiscalía, lo que perjudica a los ciudadanos. “Si no se toman medidas de emergencia, la situación será aún peor”, aseguró. Hizo un llamado a dejar de lado los discursos populistas y a adoptar “acciones concretas”.

Esta crisis se intensificó el 20 de agosto, cuando sujetos armados atacaron la flota de buses de la empresa Etuchisa, conocida como El Chino, en su paradero de Puente Piedra. Desde entonces, se han registrado 15 atentados armados perpetrados por extorsionadores.

• 20 de agosto: Balean a bus ‘El Chino’ en Puente Piedra.
• 26 de agosto: Bus ‘El Chino’ sufre ataque armado en Los Olivos.
• 27 de agosto: Asesinan a chofer de empresa El Mandarino en Comas.
• 28 de agosto: Dejan granada en paradero de ‘El Chino’ en Villa El Salvador.
• 29 de agosto: Asesinan a chofer de la empresa Uvita en Comas.
• 30 de agosto: Balean a bus y chófer de la empresa ETUL 4 S.A. en Villa María del Triunfo.
• 9 de setiembre: Sicarios en motocicleta atacaron a balazos un bus de la Empresa de Transporte y Servicios Virgen de La Puerta S.A. (Vipusa), en Ancón.
• 11 de setiembre: Extorsionadores dispararon contra bus de la empresa Vipusa, en Ancón. El conductor manejó un largo tramo con una bala en la mandíbula.
• 12 de setiembre: Extorsionadores disparan contra bus de la empresa Sesosa y chófer resulta gravemente herido. Sucedió en la Panamericana Norte.
• 12 de setiembre: En San Juan de Lurigancho, un extorsionador apuntó con un arma de fuego hacia la cabeza de un conductor de la línea C de la empresa Santa Catalina. El bus se encontraba lleno de pasajeros, los mismos que presenciaron el hecho.
• 14 de setiembre: Extorsionadores dispararon 13 veces contra buses de la empresa Santa Catalina en su paradero de Villa El Salvador.
• 14 de setiembre: Extorsionador disparó a conductor de un bus del Consorcio Roma en San Juan de Lurigancho.
• 17 de setiembre: Extorsionadores dejan mensaje extorsivo a empresa Lorito (Línea 9401), y esta deja de operar. Sucedió en Huaycán, Ate.
• 18 de setiembre: Extorsionadores abrieron fuego contra buses de la empresa de transportes Corazón de Jesús de San Diego mientras estaban estacionados en su cochera de San Martín de Porres.
• 22 de setiembre: Chofer de cúster fue asesinado por sicarios que iban a bordo de una motocicleta. Un pasajero resultó gravemente herido.