El 28 de julio de 2022, cuando Pedro Castillo aún era presidente, una de las promesas del Mensaje a la Nación fue el incremento del número de policías para mejorar la seguridad ciudadana. Sin precisiones ni argumentos que respalden su anuncio, el entonces mandatario dijo que su gobierno captaría a 5.000 jóvenes, principalmente licenciados de las FF.AA, para incorporarlos a las labores de la seguridad pública en todo el país con una preparación “no mayor a 18 meses”. Una apuesta para luchar contra la delincuencia que –para tranquilidad de especialistas en seguridad – no llegó a concretar.
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Un año después, sin embargo, la propuesta regresa con nuevo nombre de la mano del gobierno de Dina Boluarte. En el Mensaje a la Nación, la presidenta anunció la creación de una “Policía del orden y seguridad” para incorporar a miles de jóvenes peruanos a las actividades policiales. Ese mismo día, el proyecto de Ley N° 05633/2023 PE ingresó formalmente al Congreso y desde entonces el ministro del Interior, Vicente Romero, ha insistido en que con esto se podrá cubrir el déficit de policías, que se estima en 50.000 agentes, y dar oportunidad a los jóvenes que no estudian ni trabajan.
"La presidenta anunció la creación de una “Policía del orden y seguridad” para incorporar a miles de jóvenes peruanos a las actividades policiales. "
Requisitos mínimos, preparación reducida
El proyecto de ley consiste en añadir la nueva categoría “policía del orden y seguridad” a la estructura de personal de la Policía Nacional del Perú, conformada actualmente por oficiales y suboficiales. La idea es que este personal, con “facultad de autoridad policial con capacidad coercitiva y posibilidades de uso de la fuerza”, realice labores de patrullaje, intervención de personas y vehículos, apoyo en la descongestión y redireccionamiento vehicular y otras funciones relacionadas la prevención de la delincuencia.
Pueden postular los licenciados de las Fuerzas Armadas, jóvenes con secundaria completa y quienes no ingresaron a una escuela de formación policial.
Las funciones de la 'policía del orden y seguridad' va desde intervenciones a apoyo en el control de tránsito.
Podrán acceder jóvenes egresados de las Fuerzas Armadas o con secundaria completa, a quienes se les brindará una capacitación que incluye el uso de armas y defensa personal durante un periodo de seis meses (en el caso de los egresados de las Fuerzas armadas) y un año (para el resto de postulantes). Los requisitos incluyen ser peruano de nacimiento y no tener antecedentes policiales, penales y judiciales por “delitos dolosos”.
Aunque desde el Ejecutivo insisten en llamarlos nuevos policías, la categoría que pretenden crear estará excluida de la carrera policial, los que la integren no podrán atenderse en los hospitales de la policía (en el sueldo se les descontará el aporte para Essalud) y su vínculo dependerá de un contrato “especial policial” de tres años, con la posibilidad de renovarse en el mismo periodo.
La preparación de la nueva 'policías del orden y seguridad' será de entre 6 meses y 1 año.
La meta es que para el 2024 se asimilen bajo esta nueva categoría a 6.000 policías de orden y seguridad, con una remuneración mensual estimada de 2.153 soles.
Armados en seis meses
El proyecto de ley forma parte de un paquete de iniciativas que según el gobierno de Boluarte busca “atender con mayor experiencia las necesidades básicas de la población”. De hecho, la inseguridad ciudadana es considerada la primera preocupación de los peruanos con índices de criminalidad en aumento: solo a febrero del 2023, INEI calculaba que un 23.2% de la población urbana de 15 años o más había sido víctima de un hecho delictivo en los últimos seis meses, cifra superior en 3,3 puntos porcentuales respecto al año anterior. Sin embargo, especialistas en seguridad, ex autoridades del sector Interior y exdirectores de la PNP han expresado su preocupación por una propuesta que reduce al mínimo los requisitos y preparación del personal que enfrentará a una delincuencia cada vez más especializada.
“Quieren crear una categoría inferior que al tener un contrato por tres años no hay nada que los ate a la disciplina interna de oficiales y suboficiales. Van a tener menos sueldo y funciones limitadas, nada evita que se puedan sindicalizar. No es viable”, opina el exministro del Interior y exdirector de la PNP Eduardo Pérez Rocha a El Comercio.
En su exposición de motivos, el proyecto de ley precisa que esta nueva categoría, aunque no forma parte de la carrera policial, no necesita de autorización para actuar.
Proyecto de ley presentado por el Ejecutivo determina, en su exposición de motivos, cuánto ganaría este personal
Con él coincide el general PNP (r) Remigio Hernani, también exministro del Interior, quien reitera que la lucha contra la delincuencia requiere apostar por la especialización. “La policía necesita lo mejor. Si aún con los dos años de instrucción para suboficiales y cinco años para los oficiales hay malos elementos que desprestigian la institución ¿qué será con estos señores que no tienen alicientes y menores derechos que la policía?”, advierte.
"proyecto de ley forma parte de un paquete de iniciativas que según el gobierno de Boluarte busca “atender con mayor experiencia las necesidades básicas de la población”.
Para Pérez Rocha, el camino para reducir la brecha de policías debe ser mejorar las condiciones remunerativas y el equipamiento de la PNP a fin de que resulte una opción atractiva para los jóvenes con vocación. “Hace 13 años que no se aumenta un sol a los sueldos. No hay buen equipamiento, ni patrulleros. Los que hay no sirven para perseguir a delincuentes con autos de alta gama”, cuestiona. Asimismo, Hernani recuerda que ya existe una norma, la Ley N° 30539, para que el personal policial en retiro sea contratado en labores administrativas, de tal forma que los policías en actividad puedan salir a la calle. “Esa ley está vigente y permitiría incorporar 12 mil policías para patrullaje, pero no se aplica, al Mininter no le interesa. Quieren crear una nueva categoría que va a generar más división, están creando problemas”, añade.
Las Asociaciones de Oficiales Generales de la PNP en situación de retiro también han expresado su rechazo al considerar que afecta la institucionalidad, pone en riesgo al ciudadano y abre la puerta para el ingreso de reservistas vinculados a grupos violentos. Asimismo, advierten que el nuevo personal armado puede ser absorbido por organizaciones criminales con el riesgo de crear una fuerza paralela a la PNP. “Esta medida insensata no solucionaría el problema de la delincuencia, sino lo podría agravar por la corta formación y el ingreso de algunos reservistas que estarían agrupados en organizaciones violentas”, indicaron en un comunicado.
