Solo cuatro distritos de Lima reforzaron unidades para patrullaje: ¿En qué invierten los alcaldes distritales para seguridad ciudadana?

Entre setiembre del 2022 y febrero del 2023 -según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)- los vecinos de Lima de 15 a más años que fueron víctima de algún hecho delictivo alcanzaban un 26%, ubicándose entre las 10 zonas del país con mayor victimización.

Pese a estas cifras, solo Magdalena, Lurín, Chorrillos y Santa María del Mar adquirieron unidades para reforzar el patrullaje integrado. Esta es una cifra baja si tomamos en cuenta que, en marzo pasado, el equipo ECData reveló que 16 jurisdicciones de la capital peruana cuentan con un vehículo motorizado o menos por km2 de territorio.

El resto de adquisiciones de los municipios varían entre accesorios para serenazgos y servicios. Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, recordó que los gobiernos locales son la primera línea de lucha contra la inseguridad, pero que la mayoría no cuenta con un planeamiento estratégico, y tienen equipos nuevos que deben aprender las reglas del presupuesto para invertir.

“No han tenido eventos de presupuesto participativo, consulta con la ciudadanía, para ver dónde están las obras que necesitan sus distritos. (...)Son nuevos en este proceso. Incluso, el propio alcalde de Lima, teniendo experiencia empresarial, han pasado seis meses y no ha concretado nada de lo que prometió. Y es porque no son procedimientos sencillos”, añadió Valdés.

Es cierto que los procedimientos no son sencillos. En Magdalena, por ejemplo, se tuvo que repetir la licitación de la compra de camionetas porque se presentaron unidades con cinco centímetros adicionales a las bases del concurso.

“El mayor compromiso de todos los candidatos fue trabajar por la seguridad y tenemos que cumplir con eso. El resto de temas no se abandonan, pero el mayor esfuerzo está en la seguridad”, dijo el alcalde de Magdalena, Francis Allison (quien suma su quinto periodo), tras anunciar que en la segunda parte del año tiene previsto invertir en más cámaras de videovigilancia para sus programas sobre paraderos y colegios seguros.

En Puente Piedra, el alcalde Rennan Espinoza -quien suma su tercer periodo- ha invertido en accesorios para serenazgos, además de radios y monitoreo GPS. El burgomaestre, que encabeza a Lima Norte, anunció que está en proceso para adquirir 10 camionetas adicionales para el patrullaje integrado. En Comas, el equipo del alcalde Ulises Villegas también dijo que adquirirán motocicletas y camionetas en estos meses.

“Tenemos 32 camionetas y 32 motos, la idea es duplicar. Tenemos 405 personas en seguridad (serenazgo), el objetivo, hasta fin de año, es llegar a 600″, explicaron desde Comas.

En TikTok, el alcalde Ulises Villegas ha presentado nuevo equipamiento para las unidades especiales del serenazgo. Al ser consultado porque dicha compra no figura en OSCE, sus asesores alegaron que dicho equipamiento fue adquirido con “compras directas, de la caja de recaudación”.

En el portal público de contrataciones tampoco figura la adquisición de chalecos anunciada por el alcalde de Surco, Carlos Bruce. Desde su equipo de comunicaciones informaron que aún estaban dentro del plazo para reportar dicha compra, que se realizó en abril y para la cual se desembolsó 639 mil soles.

Para la segunda mitad de año, el equipo de la Municipalidad de Miraflores aseguró tener dos proyectos de inversión encaminados: nuevas casetas de videovigilancia y el mejoramiento de la Comisaría de San Antonio.

En San Isidro indicaron que vienen realizando los trámites para adquirir uniformes, bloqueadores, chalecos antibalas, calzado, y equipos antimontín para serenazgos. Hasta el momento, solo han adquirido alimentos para la brigada canina del distrito.

Otros alcaldes prefieren escudarse en la anterior gestión. Diego Uceda, burgomaestre de La Molina, alegó que no realiza adquisiciones porque tiene “un hueco de 100 millones de soles”. Hace unos meses mostró la entrega de chalecos para serenazgo que asegura fueron “una donación de un país amigo”.

Por su parte, el alcalde de El Agustino, Richard Soria, dijo que están enfocados en el incremento del personal de serenazgo respecto del año anterior, y en la implementación del aplicativo “El Agustino te cuida”, herramienta que permitirá la lucha contra a la delincuencia. Por último, en su planificación para la segunda mitad del año tendrá la incorporación de un nuevo lote de cámaras.

Desde Jesús María anunciaron para la segunda mitad del año la implementación de un nuevo local de la central de videovigilancia. Este Diario también buscó conversar con alcaldes de Surquillo y Los Olivos; pero no respondieron las consultas realizadas.

En otros distritos como Ate, el alcalde Franco Vidal reconoció que las cámaras de seguridad de su distrito no vienen funcionando. El programa Punto Final (Canal 2) reveló que en los centros de monitoreo de vigilancia de dicho distrito se vienen proyectando imágenes grabadas.

A diferencia de Lima, los distritos del Callao registran una inversión superior frente a los primeros seis meses del anterior periodo (2019-2022). La ola de delincuencia ha registrado varias muertes en las últimas semanas, especialmente en el distrito de Ventanilla.

El alcalde de Ventanilla, Jhovinson Vásquez, ha propuesto declarar en emergencia la seguridad en su distrito y ha invocado al resto de distritos a hacer lo mismo. Tras su anuncio, los alcaldes del Callao se reunieron para coordinar medidas contra la inseguridad en el primer puerto. Por lo pronto, han insistido en reforzar el “serenazgo sin fronteras”.

Asimismo, el burgomaestre Vásquez convocó a una marcha por la paz, el pasado 7 de junio.

Los alcaldes del Callao han acordado realizar un “patrullaje sin fronteras”, y en esa línea han empezado a realizar licitaciones para la adquisición de nuevas unidades móviles. Sin embargo, la Contraloría General de la República ha detectado algunas irregularidades.

Según un informe de control, al que accedió El Comercio, en el procedimiento del servicio de alquiler de ocho camionetas para serenazgo de La Perla, “se ha considerado una especificación técnica que afecta la pluralidad y libertad de concurrencia de postores”.

La gestión del alcalde Rodolfo Adrianzén incluyó en las bases del concurso el requerimiento del sistema “OnStar”, y la Contraloría detectó que se trata de un servicio de la marca Chevrolet. “El principio de ‘libertad de concurrencia’ incluido en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores”, recuerda la Contraloría en su informe.

“Por su parte, el numeral 29.4 del Reglamento de Contrataciones del Estado señala, entre otros, que en el requerimiento del área usuaria no se debe hacer referencia a fabricación, marcas o descripciones que orienten la contratación hacia ellos”, añade el documento.