Toque de queda: ¿Una medida eficaz contra la criminalidad?

El 18 de marzo, se decretó que el toque de queda rija entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana en todo el país. Con el recrudecimiento de la pandemia, el 30 de marzo, el Gobierno adelantó su inicio a las 6 de la tarde, salvo en las regiones con mayor desacato de la cuarentena como Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, donde empezaría a las 4 p.m.

MIRA: Las dudas que dejó el Mensaje de la Nación en torno al combate de la creciente delincuencia

Con las siguientes ampliaciones del Estado de Emergencia, el toque de queda volvió a moverse de horario. Primero pasó a las 8 p.m. (8/5/2020), luego a las 9 p.m. (22/6/2020) y finalmente a las 10 p.m. (26/6/2020), aunque en algunas regiones golpeadas por el COVID-19 se mantuvo entre las 8 p.m. y las 4 a.m. y el domingo todo el día.

En una entrevista que dio a mediados de junio, el entonces ministro del Interior Gastón Rodríguez dijo que en ese momento estaba en evaluación la posibilidad de que el toque de queda se amplíe hasta fin de año por la ola criminal que se avecinaba tras varios meses de repliegue. Horas después, él y otras voces del Ejecutivo aclaraban que la ampliación del toque de queda no respondería a una estrategia contra la delincuencia.

Pero, en su Mensaje a la Nación, el presidente Martín Vizcarra ha admitido –sin decirlo– que algunas estrategias que empezaron con una visión sanitaria están ahora enfocándose en el plano de la irresuelta inseguridad.

El mandatario dijo que el apoyo militar a la Policía Nacional del Perú (PNP) es una medida contra las bandas criminales. Se reforzará el patrullaje con más efectivos para “enfrentar a la delincuencia común y organizada”, dijo y detalló que el trabajo conjunto de militares y policías “se mantendrá hasta fines de año para garantizar la contención de estos focos de criminalidad”.

Horas más tarde del discurso del mandatario, el ministro de Defensa, Walter Martos, explicó que el trabajo entre los mandos policiales y militares ha ido de la mano. Todos los días, detalló, se reúnen a las 5 de la tarde para evaluar la jornada y planificar las operaciones del día siguiente.

En el marco del D.L. 1095, las FF.AA. solo pueden actuar en apoyo de la PNP en operaciones contra el tráfico ilícito de drogas, terrorismo, protección de instalaciones estratégicas y servicios públicos esenciales o cuando las fuerzas policiales hayan sido sobrepasadas. “Pero el apoyo a la PNP en temas de seguridad ciudadana debe estar en el marco de un estado de emergencia”, explicó Martos para sustentar la anunciada ampliación.

Ya que el Estado de Emergencia pasará ahora a ser una táctica contra los delincuentes, es pertinente preguntarse si la aplicación del toque de queda se mantendrá y operará también bajo la nueva lógica de la inseguridad.

–UNA VIEJA DISCUSIÓN–

El trabajo mixto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el control del orden interno de las ciudades más peligrosas del país era un pedido que hacía desde antes de la pandemia, comenta Álvaro Paz de la Barra, alcalde de La Molina y presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE).

“Las Fuerzas Armadas son un componente disuasivo muy importante para las bandas delictivas y también para colaborar en la fiscalización de los protocolos sanitarios y de distanciamiento social. La posición de los gobiernos locales es que el Ejecutivo podría evaluar una reforma constitucional de modo que estas puedan colaborar en el orden interno”, afirma Paz de la Barra.

Sumado al apoyo de los militares, dice que es necesario que los cuerpos de serenazgo de los municipios optimicen sus esfuerzos con la creación de una escuela especializada bajo entrenamiento de la PNP y otras medidas que deben ser reglamentadas en una Ley del Sereno, un proyecto propuesto desde antes de la pandemia. “El uso de armas no letales para los serenos es una posibilidad que podría ser parte de una segunda fase”, dice.

Sobre el toque de queda, el presidente de la AMPE opinó que podría establecerse una modalidad focalizada por distritos, provincias o regiones, según los niveles de transmisión del virus, acatamiento de las medidas y la implementación de ingresos y salidas a centros laborales con horarios escalonados para evitar aglomeraciones en paraderos y en el transporte público.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con el toque de queda y sus posibles aplicaciones por razones de seguridad ciudadana. El exviceministro de Seguridad Pública Ricardo Valdés explica que la Constitución permite el recorte de los derechos de libertad de tránsito por mandato judicial, leyes de extranjería y razones sanitarias. “La inseguridad ciudadana no puede ser una razón para recortar este derecho constitucional”, dice.

El otro argumento de Valdés es que la mayoría de delitos no se comenten en la noche porque los ‘marcas’ operan durante los horarios de atención de los bancos, los ‘raqueteros´ actúan cuando hay circulación de gente en las calles y los ‘bujieros’ y arrebatadores se aprovechan de los momentos del día con más tráfico y tránsito de personas. “El toque de queda no es una medida efectiva contra la delincuencia”, opina Valdés.

Desde su punto de vista, en vez de ordenar que las FF.AA. apoyen a la PNP y en establecer un toque de queda con fines de seguridad, el Gobierno debería resolver los problemas básicos de equipamiento del cuerpo policial en términos de vehículos, armas y modernización de las comisarías, así como la ejecución de proyectos que tienen años en cartera como el sistema integrado de videovigilancia para Lima y Callao y una reforma laboral de la PNP para que los agentes tengan tiempo para capacitarse y trabajen más descansados en sus horas de servicio.

La posición de excomandante general del Ejército del Perú, general EP (R) Roberto Chiabra es también que las fuerzas militares no están entrenadas ni equipadas y amparadas legalmente para intervenir como la policía o junto a la policía en el combate de delincuentes comunes y bandas organizadas.

“Los militares están entrenados para reaccionar de forma distinta a la policía y están armados con fusiles”, dice y propone la creación de unidades de policía militar como la Guardia Nacional de México o la Policía Militar de Brasil. Es –explica Chiabra– una especialidad dentro de las Fuerzas Armadas que se puede lograr en tres meses de entrenamiento y equipamiento.

Según el Sistema de Denuncia Policial, las comisarías de Perú habían registrado en enero de este año 57.824 y en febrero 55.685 denuncias por robos y hurtos en sus diferentes modalidades. En los siguientes meses el registro fue el siguiente:

Marzo= 41.183

Abril= 14.181

Mayo= 19.444

Junio= 25.028

La orden de inmovilización redujo el accionar de los delincuentes, pero no todos se quedaron en sus guaridas. Siguieron robando y matando. No han dejado de hacerlo.

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