Dos fallecidos y más de sesenta personas heridas fueron el resultado del uso desmedido de la fuerza por parte de la PNP. (Foto: GEC)
Dos fallecidos y más de sesenta personas heridas fueron el resultado del uso desmedido de la fuerza por parte de la PNP. (Foto: GEC)
Rodrigo Cruz

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La Fiscalía de la Nación abrió una investigación por los presuntos delitos de abuso de autoridad, homicidio doloso, lesiones graves y desaparición forzada contra el expresidente Manuel Merino, el exprimer ministro Ántero Flores-Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez como consecuencia de la represión policial que se produjo la semana pasada en el Cercado de Lima contra un numeroso grupo de manifestantes en la Marcha Nacional, y que tuvo como fatal resultado dos jóvenes fallecidos (Bryan Pintado e Inti Sotelo) y más de 60 personas heridas. No obstante, ¿cuáles son esas acciones concretas de excesos y abusos que se les atribuye a las efectivos y cuál es la responsabilidad en la cadena de mando?

Para esta nota, conversamos con un exministro del Interior, un penalista y un exdirector de la PNP respecto al comportamiento de las en los recientes sucesos.

Primero que nada, el penalista César Azabache recalca que un despliegue policial de la magnitud que vimos la semana pasada no es regular, por tanto se necesita un planeamiento específico presentado primero ante el comando de la policía y luego a un nivel más político como el Mininter. Sin embargo, Azabache recuerda que al inicio de las movilizaciones no se tenía un ministro del Interior definido, por tanto la aprobación debió pasar por Palacio de Gobierno. Es decir, Manuel Merino.

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Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la PNP y exjefe de la Unidad de Servicios Especiales (USE), coincide en que para ejecutar operativos de este nivel se requiere un plan de operaciones y que este está compuesto por tres niveles: comando general, comandos operativos y el jefe en campo, quien es el encargado de no permitir el ingreso en los lugares que con anterioridad fueron delimitados. Afirma que es en esa cadena de mando donde se dispone el uso progresivo de los armamentos no letales por parte de los efectivos.

El exministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, sostiene que es necesario precisar que las dos unidades de la PNP que participaron en el despliegue de la semana pasada fueron la USE y la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes). Y que frente a la cantidad de personas heridas y los dos fallecidos, se debe analizar cuáles fueron las órdenes que recibieron. Lo primero que le llama la atención al exministro es el mal uso de las escopetas de munición no letal, que utilizadas de mala manera terminan siendo letales, como quedó evidenciado en los diferentes videos propalados de las marchas por los medios y manifestantes.

Uso de arma no letal a corta distancia y municiones ilegales

El uso de armas no letales como los perdigones de goma deben ser utilizados a una distancia no menor de 35 metros. (Foto: Alonso Chero/ El Comercio)
El uso de armas no letales como los perdigones de goma deben ser utilizados a una distancia no menor de 35 metros. (Foto: Alonso Chero/ El Comercio)

Tanto Pérez Guadalupe como Pérez Rocha remarcan que la PNP cuenta con procedimientos claros sobre el uso de armas no letales en las manifestaciones, como el gas lacrimógeno y los perdigones de goma. El exministro dice que todo ello está regulado en la Ley 1186 (uso de la fuerza de la PNP) y su reglamento, y que todos los efectivos deben de conocerla, en especial quienes integran USE y Diroes, las unidades que participan en estos eventos.

No obstante, Pérez Guadalupe dice que aquí se debe de investigar por qué algunos efectivos utilizaron de manera incorrecta sus escopetas, es decir, a corta distancia y con disparos directo al cuerpo y cabeza, algo que no está permitido en sus procedimientos. Pero en especial, por qué se emplearon municiones ilegales como los perdigones de plomo, como demuestra la necropsia realizada al cuerpo del joven fallecido Bryan Pintado: diez de estos proyectiles no permitidos le ocasionaron la muerte.

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El exministro dice que el uso de perdigones de plomo contra los manifestantes, además de estar prohibidos, configura el delito de homicidio doloso. Por ello, indica que es necesario identificar quienes fueron los efectivos que cargaron sus armas con esa munición pues la PNP no cuenta con ellos.

“Se dice que estas escopetas son armas no letales. No es así. Son menos letales. Siempre y cuando cómo las utilicen y la cantidad de pólvora con que las cargues”, dice Pérez Guadalupe.

Para Pérez Rocha, será difícil establecer que los agentes en campo utilizaron esas municiones por el simple hecho de que la policía no las utiliza en ninguna de sus intervenciones.

“Al momento de salir al servicio, los efectivos recogen sus armento y nadie entrega perdigones metálicos porque no los hay”, afirma el exdirector de la PNP.

Participación del Grupo Terna en las marchas

En la primera Marcha Nacional, el Grupo Terna se encargó de realizar las detenciones a manifestantes. Un hecho que fue duramente criticado por la sociedad civil. Foto: GEC
En la primera Marcha Nacional, el Grupo Terna se encargó de realizar las detenciones a manifestantes. Un hecho que fue duramente criticado por la sociedad civil. Foto: GEC

No solo a nivel local, sino también diversos organismos internacionales cuestionaron la participación del Grupo Terna (Escuadrón Verde) en la primera Marcha Nacional del pasado jueves 12 de noviembre. Ellos, vestidos de civil, se encargaron de las detenciones a los manifestantes. En opinión de Pérez Rocha, fue un error que estos agentes hayan participado en el despliegue policial y resulta necesario conocer si el comando consignó la participación de estos efectivos en el plan de operaciones.

El exdirector de la PNP dice que el problema que el Grupo Terna haya estado en las manifestaciones es que no están identificados como policías y eso rompe con el principio de autoridad cuando tienen que intervenir. Al darse cuenta de ese error, a criterio de Pérez Rocha, la policía decidió no volver a utilizar al Grupo Terna para controlar las protestas posteriores.

Una opinión similar tiene Pérez Guadalupe, quien señala que, en su opinión, no es irregular que los ternas participen en las protestas para capturar a los “revoltosos”, el tema, dice, va en cómo lo hacen y el uso desproporcionado de la fuerza cuando tienen que detener.

“No estábamos, pues, contra delincuentes y terroristas, eran jóvenes manifestantes que ni siquiera estaban armados”, indicó el ex ministro.

Para Azabache, también se deben de investigar las infiltraciones de policías vestidos de civil y las denuncias respecto a que se “sembraron pruebas" contra los manifestantes. Para ello, toma como referencia lo ocurrido en la marcha de “Los 4 suyos” donde hubo infiltración de personal de inteligencia que terminó en la quema de la sede del Banco de la Nación en el Cercado de Lima.

“La pauta de lo ocurrido en Los 4 Suyos es suficiente para demostrar que los crímenes por omisión cuando se tiene una posición como presidente de la República son suficientes para justificar un cargo penal”, dijo Azabache.

Uso de “canicas” para disparar a manifestantes

Al menos cuatro casos de canicas utilizada como munición viene investigando la división de homicidios de la PNP
Al menos cuatro casos de canicas utilizada como munición viene investigando la división de homicidios de la PNP

Como informó este Diario días atrás, la división de homicidios de la Dirincri investiga al menos cuatro casos de personas que estuvieron presente en las manifestaciones, entre ellos el fotógrafo de El Comercio Alonso Chero, y fueron impactados por canicas cuando estaban cerca de personal policial como si se tratasen de balas. Estas tuvieron que ser retiradas mediante una operación quirúrgica.

Azabache señala que no se deben ver las canicas como objetos aislados porque denotan insignificancia, se tienen que abordar como proyectiles letales prohibidos por la policía. “Son dispositivos explosivos letales que no deben ser utilizados en manifestaciones. No pensemos en bolitas de cristal, sino en proyectiles de cerca de 50 canicas que son disparadas”, dijo el penalista.

“Por eso, es importante saber, ¿quién autorizó que las utilicen?¿Quién toleró su uso?”, añadió.

“Las órdenes no son obligatorias cuando comprometen el riesgo de generar una exposición innecesaria de la vida de las personas. ¿En qué momento el comando de la policía recibió información que justificara utilizar armas letales contra población civil no organizada?”, sostiene Azabache.

PNP reitera que no utilizó canicas

La Policía Nacional volvió a negar el uso de canicas y perdigones de plomo durante la segunda marcha nacional que se desarrolló el sábado. En conferencia de prensa, el general PNP Víctor Zanabria detalló que los cartuchos con proyectiles metálicos -con los que habrían sido heridos los manifestantes- no son de uso de la institución policial. Por el contrario, indicó que son los ciudadanos los que tienen mayor accesibilidad a estos.

Como ven estos colores son específicos para no letales y no son muy accesibles en las tiendas de arma. Sin embargo, los proyectiles que tienen este cartucho, que tienen proyectiles metálicos, sí es de venta comercial y a ellos tienen acceso los ciudadanos porque son para caza. La policía no tiene ese cartucho, ni lo usamos”, declaró el oficial.

Añadió que desde el 2004, bajo reglamentos internacionales, la Policía Nacional no hace uso de perdigones metálicos y que solo utilizan perdigones de goma durante las protestas sociales.

En la PNP, desde el 2004, se ha restringido el uso de perdigones metálicos y se ha ido regulando. Luego, con la ley 1186 del uso de la fuerza, solo hacemos uso de perdigones de goma que tienen las características de los estándares internacionales que exige naciones unidades por ser no letales o menos letales”, explicó.

Uso excesivo de gases lacrimógenos

La policía lanzó gas lacrimógeno de manera excesiva contra los manifestantes en las marchas del jueves 12 y sábado 14.
La policía lanzó gas lacrimógeno de manera excesiva contra los manifestantes en las marchas del jueves 12 y sábado 14.

Una denuncia constante de los manifestantes fue el uso excesivo de gas lacrimógeno por parte de la policía, como también se vio evidenciado en medios de comunicación y redes sociales. De hecho, hay testimonios de que estos proyectiles fueron lanzados desde el aire de manera indiscriminada.

Pérez Guadalupe dice que la última vez que vio algo parecido, es decir, el lanzamiento de gas lacrimógeno desde helicópteros, fue en un motín en el penal de Lurigancho en el régimen de Alberto Fujimori. “Disparar gas lacrimógeno desde al aire no es algo irregular pero sí innecesario porque en este caso no se trataba de una multitud armada”, indicó el ex ministro.

“No quiero generalizar con la policía, siempre la voy a defender, pero de que han habido excesos, lo han habido. Y en una institución castrense, mucho tiene que ver la cabeza”, añadió.

Pérez Rocha, en tanto, dice que se debe considerar que el estado de emergencia continúa vigente y por tanto las aglomeraciones como las de la semana pasada, a su criterio, no estaban permitidas. Añade que le llamó la atención la no cooperación de las Fuerzas Armadas en estos eventos.

Respecto a los gases lacrimógenos, el exdirector de la PNP dice que el reglamento del uso de la fuerza en control de disturbios que el gas lacrimógeno y las escopetas de perdigones no pueden ser utilizados de forma directa, sino en forma parabólica. Añade que será la fiscalía quien deba delimitar las responsabilidades.

No obstante, Pérez Rocha asegura que será improbable que se demuestre que la policía lanzó bombas lacrimógenas desde los helicópteros.

Brigadistas heridos

A pesar de que su labor fue la de ayudar a los heridos durante los enfrentamientos entre los manifestantes y policías, los brigadistas voluntarios recibieron impactos de perdigones y sufrieron también por las bombas lacrimógenas. Un grupo de ellos tuvo que ser llevado a los hospitales para recibir atención médico debido a la gravedad de sus heridas. resultaron heridos. El más grave tiene una fractura en la pierna derecha y los médicos están evaluando si necesita una operación o solo un enyesado.

Para el penalista Azabache, la muerte de los dos jóvenes manifestantes configura el delito de homicidio agravado. “La fiscalía debería estar interviniendo en este instante la oficina de la Dirección General de la policía y capturar correos electrónicos, teléfonos móviles y agendas”, sostiene. “El fin es establecer quienes intervinieron en la toma de decisiones y aquí hay tres reglas: quién ordenó la represión, quién pudo haberla evitado y quién se puso una venda en los ojos”, indicó.

Azabache dice que los efectivos que participaron en el operativo se podrían acoger a la colaboración eficaz y de esta manera revelar quienes les ordenaron hacer lo que hicieron.

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