Van 9 estados de emergencia por inseguridad desde el 2021 sin resultados frente a la ola de crímenes | INFORME

Las cifras demuestran que los estados de emergencia no han dado resultados visibles. El Comercio verificó que desde el 2 de febrero del 2022 hasta el 20 de diciembre de ese mismo año, Lima Metropolitana y el Callao permanecieron bajo constantes prórrogas de la medida y en lugar de que los niveles de victimización disminuyeran, aumentaron.

Según el informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Victimización en el Perú 2015-2022, el 26,2% de la población de 15 años de edad a más en Lima Metropolitana y Callao había sido víctima de algún hecho delictivo durante el 2022. Eso demostró un incremento de 4,3 puntos en comparación del año anterior, donde se registró que las víctimas representaban el 21,9% de la población.

La misma fuente señaló que durante el 2022, en Lima Metropolitana se registraron 165.818 denuncias por comisión de delitos. En 2021 fueron 130.160, lo que demuestra un aumento del 21,5%.

Este año, de enero a marzo se sumaron 45.303 denuncias por diversos delitos en la misma jurisdicción, presentando un incremento del 8,5% a diferencia del primer trimestre del año pasado. De la cifra, 35.155 corresponden a delitos contra el patrimonio.

San Juan de Lurigancho fue el distrito con mayor incidencia, seguido por el Cercado de Lima y San Martín de Porres. El segundo de ellos, al igual que Lince, también se encuentra con un estado de emergencia activo desde el pasado 10 de octubre del 2023.

Para Frank Casas, especialista en seguridad ciudadana, el estado de emergencia es una acción reiterativa del gobierno frente al desconocimiento de cómo funcionan los distintos problemas asociados a delitos. “Tenemos más de 20 años de estado de emergencia en el VRAEM -permanente- y eso no ha significado menos narcotráfico”, dijo.

Por su parte, el exministro del Interior Rubén Vargas indicó que se necesitan fortalecer las unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú (PNP), mejorar el control dentro de los penales y generar un mayor trabajo articulado entre la PNP y el Ministerio Público. “El estado de emergencia es el recurso demagógico cuando los gobiernos no saben cómo afrontar el problema”, declaró.

El Comercio intentó coordinar dos veces una entrevista con el jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic) de la Policía Nacional del Perú, general PNP Óscar Arriola, para obtener detalles del desarrollo del estado de emergencia y sus resultados, pero fueron canceladas.