¿Sirven las cámaras de videovigilancia?, por Gino Costa
¿Sirven las cámaras de videovigilancia?, por Gino Costa
Gino Costa

El rápido crecimiento de los cuerpos de serenazgo en Lima ha ido acompañado de un significativo incremento presupuestal para financiarlos. El gasto municipal en seguridad ciudadana en la capital se triplicó entre el 2007 y el 2013, pasando de 123 millones a 374 millones de soles, lo que permitió que se duplicara el número de serenos y se mejorara su equipamiento. De la inversión en equipos, la que más rápido creció fue la de cámaras de videovigilancia, más que triplicándose entre el 2010 y el 2014, cuando llegó a 1.609 cámaras.

La popularidad de las cámaras es innegable. Sirven para vigilar un lugar las 24 horas del día y, al hacerlo, cumplen una función disuasiva, pues su instalación normalmente es hecha pública, lo que inhibe a potenciales infractores de actuar bajo su mirada. Al registrar lo que ven, permiten, eventualmente, identificar al infractor y a su víctima, y dar cuenta de los hechos, lo que puede constituir elemento probatorio ante la justicia penal.

Parecen, pues, el componente perfecto de la seguridad ciudadana, pues no solo vigilan, como lo puede hacer un policía o un sereno, sino que al mismo tiempo registran, reconocen y pueden servir de prueba. Pero baratas no son y tampoco constituyen la varita mágica que muchos andan buscando. Así lo demuestra la tesis de maestría de Noam López, cientista político del Laboratorio de Criminología Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), sobre la utilidad de estas cámaras en el Centro Histórico de Lima, sustentada en la Universidad Nacional de Ingeniería.

López analiza el impacto sobre los robos, los hurtos y la percepción de inseguridad entre los años 2011 y 2014 de la instalación de 47 cámaras de videovigilancia, 6 correspondientes a estaciones del Metropolitano y 41 a un proyecto de inversión pública, cuyo costo total, incluyendo equipos de respaldo y un centro de control de operaciones, ascendió a S/.4 millones. El proyecto se diseñó el 2008 y las cámaras se instalaron a mediados del 2010.

Casi 160 páginas de análisis estadístico llevan a López a concluir que, en los lugares donde se instalaron las cámaras, la zona 1 del Cercado, los robos y los hurtos se redujeron en tres casos de un promedio de 30 al mes, sin que cayera la percepción de inseguridad, es decir, el miedo al delito. La principal caída ocurrió en las estaciones del Metropolitano; en los 41 puntos restantes no hubo caída, porque la instalación de las cámaras no se hizo en los puntos calientes, aquellos donde se concentraba el crimen, sino donde la red de fibra óptica lo permitía.

Las lecciones son que hay que tener información delictiva de calidad para desplegar las cámaras donde más se requieren y saber en qué momento moverlas, de modo que se desplacen en la medida que el crimen lo haga. Como es obvio, eso demanda cámaras móviles. Más importante aún, las cámaras son valiosas si son parte de un sistema de seguridad: centro de control, visualizadores de cámaras, análisis delictivo, presencia y respuesta rápida de policías y serenos, etcétera.