Ante los hechos de violencia registrados en los colegios privados Alpamayo School y María Montessori que cobraron la vida de tres personas, siendo la última víctima Sabel Evangelista, la Defensoría del Pueblo exhortó a las autoridades de San Juan de Lurigancho a adoptar acciones urgentes que garanticen la seguridad de la población.
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— El Comercio (@elcomercio) Mayo 20, 2015
Tras expresar sus condolencias a los familiares de los fallecidos, el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, instó alcalde Juan Navarro a convocar al Comité de Seguridad Ciudadana (Codisec) para evaluar acciones dirigidas a enfrentar el grave problema de extorsión, sobre todo, en colegios pues se pone en riesgo a escolares.
En un comunicado, la Defensoría del Pueblo advirtió que el plan de seguridad ciudadana de San Juan de Lurigancho, aprobado en marzo de 2015, no contiene medidas para combatir las extorsiones. Por ello recomendó reforzar la dotación de personal y logística, así como potenciar las acciones de inteligencia para luchar contra ese delito.
De igual forma invocó a las autoridades policiales, al Ministerio Público y al Poder Judicial a articular acciones inmediatas en ese sentido.
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