(Foto: Anthony Niño de Guzmán)
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Angus Laurie

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El día miércoles de esta semana, Ana María Rivera fue atropellada por un scooter, manejado por Álvaro Rodríguez. El accidente, que fue registrado en un perturbador video, generó lesiones en la señora Rivera, incluyendo un brazo fracturado y un traumatismo en la cabeza. El caso resalta algo que he mencionado anteriormente en esta columna: el conflicto que se genera cuando los scooters circulan por las veredas. Como está prohibido montar scooters por la vereda, claramente la falta es del usuario, quien públicamente ha pedido disculpas durante una entrevista a un medio de comunicación.

Por otro lado, en la misma entrevista, Rodríguez explicó que no se sentía seguro manejando por la pista debido al mal comportamiento de los choferes de vehículos en las vías de Lima. Sin quitarle la culpa en este caso, tiene algo de razón. Lima es una de las peores ciudades en las Américas en términos de fatalidades por número de vehículos. La Av. Salaverry tiene tráfico y su ciclovía central es difícil de acceder debido a la gran distancia entre semáforos.

Rodríguez también resaltó otro problema crítico: su visión estuvo limitada por la presencia de muros laterales ubicados dentro del retiro del edificio de donde salía la señora Rivera. Aquí también tiene un punto, pues estos muros laterales en los retiros resultan en conflictos, particularmente cuando los vehículos salen desde garajes hacia la calle, justo cuando los peatones circulan por la vereda. Estos muros laterales también resultan en un entorno urbano menos atractivo y son el resultado del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), un documento que, tal como está, genera tanto daño como bien para las ciudades peruanas.

Sobre todo, es necesario mantener la perspectiva en todo esto. Cuando San Isidro ha decidido suspender la operación de la empresa Movo [que alquiló el scooter que usaba Rodríguez] también ha penalizado a una empresa que, según sus propias reglas, prohíbe que sus usuarios utilicen las veredas. Parece una sobrerreacción por parte de las autoridades, o peor, como si la municipalidad admitiera la falta de herramientas para fiscalizar y poner orden a una forma de movilidad sostenible.

Debido a que los scooters eléctricos son algo nuevo en Lima, todavía no existe evidencia clara que establezca si son más o menos seguros que otros modos de transporte para sus usuarios. Sin embargo unos piensan que tienen un gran potencial para reducir las fatalidades del tránsito en general. Según CityLab, en Portland, Estados Unidos, el 34% de viajes en scooter reemplaza un viaje en auto privado. Al reducir viajes en automóvil, los scooters pueden disminuir fatalidades, porque es mucho menos probable que un accidente en un scooter resulte en una fatalidad que un accidente automovilístico.

La pregunta, más bien, es cómo incorporar este nuevo sistema de movilidad a la ciudad. En este sentido, San Isidro puede aprender de Miraflores, donde la municipalidad ha confrontado a las empresas que alquilan los scooters eléctricos, entrando en un diálogo constructivo para establecer reglas más claras.

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