‘La Bestia’ se enfrentó al tráfico de Lima: la travesía del auto blindado que trasladó a Joe Biden
Más de cuarenta extranjeros fueron liberados el domingo pasado tras pasar días retenidos en una casa ubicada en La Planicie. Allí eran explotados laboralmente por una mafia taiwanesa, donde -según la hipótesis policial- operaba un call center dedicado a la extorsión. En agosto de este año, El Comercio reveló el modus operandi detrás de la adquisición de las lujosas casas que utiliza el Tren de Aragua como búnkeres. Meses antes, el equipo de Pasa En La Calle se infiltró a una de las tantas fiestas QR que ponen en peligro a menores de edad en casas ajenas. Detrás de todos estos casosrecae una acción clave: el arrendamiento de inmuebles de lujo.
Lo que la Policía Nacional del Perú encontró en jirón Las Lagunas 275, urbanización de La Planicie (La Molina), fue algo totalmente inesperado. Con ventanas tapadas y dos vigilantes peruanos que cuidaban el perímetro, seis ciudadanos de Taiwán mantenían una aparente operación de trata de personas en modo agravado, por lo que hoy se encuentran en detención preliminar. Esta vivienda -a tan solo metros del colegio Villa María- había sido alquilada poco tiempo atrás a una empresa china.
La Policía detuvo a seis taiwaneses y dos peruanos que estarían detrás de una mafia de trata de personas.
Así lo reveló Alonso Carbajal Friedrich, propietario del inmueble en cuestión. Por su parte, la policía identificó a William Tsai Wu, un taiwanés con nacionalidad ecuatoriana, como la persona que firmó el contrato de arrendamiento con Carbajal y su madre, María Friedrich Escalante. En comunicación con El Comercio, el general PNP Carlos Malaver Odias, director Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, indicó que -pese a haberse atribuido así en otros medios- no hay evidencia que vincule a Tsai Wu como cabecilla de la banda asiática.
"Además de tapar las ventanas para evitar mostrar lo que sucedía dentro, también se instalaron paneles acústicos para evitar que los sonidos alerten a los vecinos"
Malaver resaltó que el contrato firmado por ambas partes estableció un monto de ocho mil dólares mensuales por el alquiler del predio. Carbajal, por su parte, señaló que -pese a ser alquilada a una empresa china-, el fin del arrendamiento era para uso de vivienda. El general de la policía reveló que además de tapar las ventanas para evitar mostrar lo que sucedía dentro, también se instalaron paneles acústicos para evitar que los sonidos alerten a los vecinos.
Así como el caso de la casa en jirón Las Lagunas, la oferta de casas en alquiler en La Molina es amplia. Con una simple búsqueda en internet se pueden conocer ofertas múltiples, desde departamentos hasta inmensas viviendas que superan los 17 mil soles mensuales. Con tan solo unos cuantos clics, cualquiera puede mostrar su interés y contactar con las inmobiliarias o representantes que comercializan estos hogares y concluir firmando un contrato.
Esta es la residencia en La Planicie donde la Policía logró rescatar a más de cuarenta malayos retenidos, víctimas de una organización criminal.
/ JOEL ALONZOOperaciones comunes
El Comercio conversó con el general PNP Luis Flores, director de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), quien confirmó que el arrendamiento por parte de bandas criminales “es algo recurrente”. “Cuando alquilan viviendas grandes, mansiones, me hace recordar a cuando el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru alquilaba residencias y pagaba por todo el año, porque era una inversión grande que ellos hacían para tener las cárceles del pueblo. Ahí era donde tenían en cautiverio a muchas personas que habían secuestrado”, comentó Flores.
"Están alquilando inmuebles en lugares residenciales con la finalidad de no dar ningún tipo de sospecha de las actividades ilícitas"
“Este modus operandi lo están empleando igual estas grandes bandas criminales. Están alquilando inmuebles en lugares residenciales con la finalidad de no dar ningún tipo de sospecha de las actividades ilícitas que puedan hacer en el interior. Pagan [el alquiler] por bastante tiempo”, agregó el general. “Nosotros hemos intervenido [estas viviendas] y hemos encontrado a gente viviendo en condiciones infrahumanas e inclusive muchos de esos inmuebles se vuelven casas de acogida, donde están las mujeres que son explotadas sexualmente”, añadió.
En los balnearios del sur, el Tren de Aragua y otras organizaciones alquila grandes inmuebles donde realizan fiestas y reuniones entre delincuentes. La Policía ha encontrado droga y armas de fuego en estos eventos.
/ pnpEl jefe de la Dirincri explicó que esto ocurre principalmente en los distritos en San Martín de Porres, en San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, Ate. “En Ceres [Ate] hay edificios que son alquilados para los venezolanos. Todo eso ya nosotros lo tenemos mapeado y lo vamos a intervenir en algún momento”, confesó. Asimismo, destacó las intervenciones de los búnkeres del Tren de Aragua. “Allí hacen sus actividades, donde hay gran cantidad de consumo de alcohol y de drogas y siempre hay delincuentes. Hemos encontrado gente de mal vivir, drogas, armas”, dijo.
Las obligaciones del inquilino
Lo concreto es que cualquiera podría -sin saberlo- terminar alquilándole su propiedad a una banda criminal o a una persona que utilice el espacio de manera inadecuada. Sin embargo, existen algunos puntos legales que deben ser considerados antes de iniciar un proceso de alquiler. En primer lugar, es imprescindible que se defina el uso que se le podrá dar a la propiedad durante su alquiler.
El artículo 1681 del Código Civil Peruano obliga a quien recibe el bien a “cuidarlo diligentemente y usarlo para el destino que se le concedió”, así como a avisar de manera inmediata “cualquier usurpación, perturbación o imposición de servidumbre” que se intente en contra del inmueble. Incluso, el arrendador no puede hacer uso imprudente del bien ni contrario al orden público.
"Quien alquila un bien está obligado a permitir al arrendador a que inspeccione -por causa justificada- el bien"
En adición a estas obligaciones, el mismo artículo también dispone de una herramienta de supervisión para el dueño del inmueble. El inciso C sostiene que quien alquila un bien está obligado a permitir al arrendador a que inspeccione -por causa justificada- el bien, previo aviso de siete días.
El deber de documentar extranjeros
A inicios de año, el Congreso de la República promulgó la ley 31689, que modifica cuatro artículos del Decreto Legislativo 1350, Ley de Migraciones. En tal sentido, se dispuso que –en caso de dar en alquiler un inmueble un extranjero- el arrendador debe “exigir la presentación de un documento que acredite la situación migratoria regular del extranjero con quien suscriba contrato de arrendamiento y de los otros extranjeros que habiten y formen parte del grupo arrendador en el mismo inmueble”.
Asimismo, la ley establece que el dueño del inmueble está en la obligación de informar a la Superintendencia Nacional de Migraciones sobre el contrato efectuado. En tal sentido, se dispuso que no entregar dicha información a la entidad sería sancionable con una multa. En el mismo sentido, la ley adicionó que “brindar alojamiento sin registrar la nacionalidad, fecha de nacimiento, nombres y apellidos completos, así como el número de documento de identidad o de viaje”, también resulta en una multa.
La importancia de un contrato sólido
El Comercio conversó con Alejandrina Molina, abogada civil del Estudio Linares, quien enfatizó en que las normas que dispone el Código Civil en el marco de los arrendamientos son “muy generales”. “En el Perú rige la libertad de contratar. Por ende, uno puede decidir con quién contratar libremente y es responsabilidad de la persona [hacer] la debida búsqueda de quién es la persona con la que está contratando”, sostuvo la letrada. Ante esto, Molina agregó que uno puede solicitar información financiera, antecedentes policiales y otros datos que permitan identificar en profundidad al arrendatario. Esto se extiende a los casos de personas jurídicas.
La abogada indicó que -ante la generalidad del Código Civil- “en la práctica comercial, se ha estipulado ya un cierto tipo de cláusulas que es usual incluir en un contrato de arrendamiento”. En tal sentido, la letrada aclaró que “cuando uno rompe parte de uno de los artículos del Código Civil, se pueden prever distintas consecuencias”, que en este caso pueden involucrar el pago de penalidades, la resolución del contrato u otras medidas que deben estar dispuestas en el contrato inicial.
