El presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), Álvaro Paz de la Barra, señaló que la entrega irregular de canastas de víveres a funcionarios públicos constituyen “casos aislados” y que el trabajo de los municipios en los repartos de ayuda se hizo, en la mayoría de los casos, eficientemente.
El último jueves la Contraloría General de la República informó que se elevó a más de 9.000 el número de servidores públicos que habrían recibido canastas básicas de víveres dirigidas a familias vulnerables para ayudarlos a enfrentar la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus COVID-19.
Con relación a este tema, Paz de la Barra señaló que la entrega de esta ayuda enfrentó a muchas dificultades de metodología y que el hecho de ser un servidor del Estado no es impedimento para recibir una canasta.
“He visto ese informe [el de la Contraloría] pero no hay ningún informe sobre el trabajo mancomunado que han hecho los trabajadores de las municipalidades, muchos de ellos se han infectado producto de ello. Hay que explicar que ser un trabajador del Estado no te deja exento de recibir ayuda, hay casos aislados en los que hay errores, y si hay dolo, tiene que haber sanción”, aseveró a TV Perú.
El también alcalde de La Molina aseveró que ya ha explicado esta situación tanto al contralor Nelson Shack como también a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
“Ya he explicado este trabajo al contralor y a la fiscal de la Nación. Hemos logrado actualizar los padrones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, lo cual servirá a futuro”, agregó.
Cabe indicar que, según el reporte de la Contraloría, de las 9.000 canastas hay evidencia que 2.600 recibieron las canastas pese a que ganaban sueldos de 3.000 a 5.000 soles mensuales. La mayoría de los casos se encuentran en Lima, Iquitos, Junín, Piura, Cajamarca, Cusco y Huancavelica.
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Contraloría detecta que más de 4000 funcionarios se beneficiaron con canastas
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