(Foto: El Comercio)
(Foto: El Comercio)
Claudia Sovero Delgado

De los 243 predios afectados por el aniego de aguas servidas ocurrido en el pasado 13 de enero, las únicas dos casas declaradas inhabitables hasta el momento pertenecen a la familia Quiroz. Una se ubica en la calle Las Habeas y la otra en Las Cidras.

Entre el domingo y el lunes pasado, ingenieros del Ministerio de Vivienda, Sedapal, Indeci y Mapfre, aseguradora que se encargará de los pagos, inspeccionaron los inmuebles y determinaron que más del 70% de sus estructuras están dañadas.

Debido al riesgo, sus ocupantes tuvieron que dejar el lugar. Actualmente se hospedan en un hotel de la zona y están a la espera de que les paguen una indemnización por los daños.

Según Bryan Quiroz, cuyos padres son los dueños de las viviendas, a pesar de las constantes visitas que han recibido de técnicos aún no reciben una respuesta oficial.

“Aquí guardábamos telas y maquinas industriales de nuestra tienda de Gamarra. Pido que Mapfre me ofrezca un monto lo antes posible”, dijo.

Otro vecino de la calle Los Ruibardos exigió a la aseguradora que acelere los procesos y les brinde un cronograma de visitas ya que, a veces, no pueden ir a trabajar por esperar al personal.

Hasta el momento, de los 243 vecinos cuyas viviendas quedaron afectadas, solo 5 han firmado un cheque de la aseguradora. Ayer representantes de la Defensoría del Pueblo se reunieron con los afectados. La principal queja, además de las demoras en el pago, es que los montos ofrecidos no cubren sus pérdidas.

“Nuestra posición es que se debe brindar una indemnización integral de los bienes muebles e inmuebles de los afectados”, sostuvo Alicia Abanto, vocera de la defensoría.

Mapfre informó que para acelerar el proceso, los afectados están exonerados de presentar boletas de bienes. Basta una declaración jurada para iniciar el trámite.

Contenido sugerido

Contenido GEC