En su cuenta oficial de Facebook, Ántero Flores-Aráoz muestra los diferentes eventos y conferencias a los que ha sido invitado –en los últimos años– por diferentes universidades del país; algunas de las cuales no lograron su licenciamiento ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). El nuevo primer ministro, pues, no es ningún desconocido entre la comunidad universitaria. Pero no solo por sus participaciones académicas, sino también por sus dichos y opiniones sobre la reforma.
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Desde que fue concebida la Ley Universitaria, Flores-Aráoz ha sido un abierto crítico sobre su implementación. En diciembre del 2013, luego de que la norma obtuviera un dictamen favorable de la Comisión de Educación del Congreso para su posterior debate en el pleno, él señaló –como abogado de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES)– que esta había sido aprobada “al caballazo”.
Argumentó que el dictamen contenía textos que “vulneran la autonomía universitaria” y que, ni bien sea promulgada la ley, “solo generará acciones de amparo que deberán ser resueltas por el Poder Judicial”, según informó Perú21 en su momento. Pidió entonces una nueva norma “con un amplio debate”.
Meses después, en febrero del 2014, encabezó una conferencia sobre la norma y su reforma en la Universidad Andina del Cusco. De acuerdo con el portal web de la casa de estudios, abordó el tema La Autonomía Universitaria y planteó “un enfático cuestionamiento al Proyecto de Ley señalando sus graves deficiencias y peligrosas implicancias y proyecciones”. Luego, fue condecorado con una medalla.
Tras la promulgación de la Ley Universitaria en julio del 2014, Flores-Aráoz mantuvo su postura crítica. Algunos sectores y congresistas invocaron la inconstitucionalidad de su implementación, e interpusieron una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC). Esta fue presentada por el Colegio de Abogados de Lima, el Colegio de Abogados de Lima Norte, y el Congreso representado por su apoderada Martha Chávez.
El Comercio consultó en esa oportunidad al hoy primer ministro sobre el tema debido a esa coyuntura. Dijo que la norma fue aprobada “después de un trámite legislativo impropio”, ya que no se escucharon a “las voces que advirtieron la inconstitucionalidad de varios de sus artículos”. “Pese a la necesidad de una nueva Ley Universitaria, pues es evidente que, del mismo modo que existen excelentes y buenas universidades, también hay de las otras: malas y hasta pésimas. Lamentablemente, estos supuestos buenos propósitos se han intentado alcanzar afectando la Constitución, sobre todo en lo que se refiere a la autonomía universitaria y a la modificación de términos contractuales a través de leyes”, explicó a este Diario.
También calificó de “exageradas” las atribuciones encomendadas a la Sunedu. A pesar de todas estas críticas, en noviembre del 2015 el TC declaró infundada las demandas interpuestas, y estableció en su sentencia que la Ley Universitaria y su aplicación era constitucional.
El libro por la autonomía
En octubre del 2017, la Sunedu ya había otorgado el licenciamiento institucional a 20 de las 145 universidades del país que lo solicitaron y acreditaron el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad (CBC) establecidas en la norma. No obstante, un sector de la comunidad universitaria aún se manifestaba en contra de la reforma. Ántero Flores-Aráoz recogió este debate en su libro “¿Hay Autonomía Universitaria?”, publicado con el fondo editorial de la Universidad Ricardo Palma (URP).
Allí incluyó, por ejemplo, un informe jurídico que elaboró con su estudio Flores-Aráoz Abogados para la extinta Asamblea Nacional de Rectores (ANR) en junio del 2014. En ese documento concluyó que “la creación de una superintendencia supra y extra universitaria, es a nuestro parecer inconstitucional, por su composición y atribución propuesta para ella”, en referencia a la Sunedu. Además explicó que “la reducción del mandato de las autoridades universitarias transgrede la norma constitucional garantista de la estabilidad contractual".
Otro texto publicado en el libro es un informe fechado en julio del 2013, donde afirmó que la creación de una superintendencia como la Sunedu “en definitiva colocaría a las universidades en las manos de la política y del Poder Ejecutivo, lo cual vulnera la autonomía universitaria”. “Su existencia desnaturaliza la conformación y gobierno universitario al incorporar condiciones respecto de la toma de decisiones, despojando así a la universidad de su capacidad de gestión autónoma”, agregó.
En el resto de las 483 páginas del libro, Flores-Aráoz incluyó artículos periodísticos que escribió sobre el tema en diferentes medios locales como La Razón y Expreso. Entre estas publicaciones está la titulada “Autonomía de universidades en coma” del año 2013, donde refirió que el Congreso no debería “tirar por la borda la centenaria autonomía [universitaria] que ha dado más éxitos que fracaso"; o la columna “Autoritarismo contrario a la esencia universitaria”, en la que indicó que con la norma “no se obtendrá la deseable mejora de la calidad universitaria y adicionalmente se terminaría con la esencia de la institucionalidad universitaria sustentada en la autonomía”.
El prólogo estuvo a cargo de Iván Rodríguez Chávez, rector de la URP, titular de la extinta ANR y actual presidente de la Asociación de Universidades del Perú (ASUP). En diálogo con El Comercio, Rodríguez indicó que escribió el texto porque también es “partidario de la autonomía universitaria”. “Es nuestro punto de vista. Eso no quiere decir que no acatemos la ley. Una cosa es el concepto que tengo de universidad, y otra lo que la regulación a través de la ley impone. Mientras esté vigente, hay que cumplirla”. Agregó que no cree que la posición de Flores-Aráoz durante estos años ponga en riesgo la continuidad de la reforma.
Los honoris causa y las denegadas
Flores-Aráoz reiteró que su estudio de abogados defiende legalmente a la Universidad Privada Telesup en un proceso de amparo iniciado en un juzgado de Bagua, luego de que la Sunedu le denegara la licencia en el 2019. “Las cosas transparentes, pero desde el momento que jure no tengo nada que ver con ningún proceso ni defensa [legal]”, indicó a la prensa.
Telesup es una de las tres universidades denegadas que le otorgaron un doctorado honoris causa al hoy primer ministro. La institución, de propiedad de José Luna Gálvez (fundador del partido Podemos Perú e investigado por la fiscalía por el Caso Cuellos Blancos del Puerto), lo condecoró con este título en febrero del año pasado.
En julio del 2018, la Universidad Privada de Ica (Upica) le entregó este doctorado; y en el 2005, la Universidad Alas Peruanas (UAP) le brindó el mismo título cuando era presidente del Congreso.
Por otro lado, Flores-Aráoz ha participado en eventos de la U. Peruana de las Américas (fue “padrino” de su nuevo campus), la U. Peruana Simón Bolívar (fue invitado a una conferencia), y la U. Particular de Chiclayo (donde inauguró un ciclo académico y dijo que la Sunedu “no está para ser sepulturera de universidades”). Todas las instituciones mencionadas tienen el licenciamiento denegado.
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