Ate: reacciones y denuncias tras agresión a venezolanos en hospedaje

Walter Tarazona tiene un año y medio en el Perú. Él y su esposa dejaron Venezuela y viajaron hacia Perú en busca de trabajo y una mejor calidad de vida para su pequeña, a quien la trajeron de apenas meses de nacida. Durante los primeros seis meses, Walter trabajó como soldador en Ate, en la urbanización 27 de Abril. Luego, entró a una empresa de reparto a domicilio, en donde labora hasta la fecha.

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La noche del miércoles, esa tranquilidad de la que disfrutaba Walter, su familia, y otras personas de nacionalidad venezolana que viven en el hospedaje Casa Blanca, en la referida urbanización de Ate, se vio violentada por las agresiones e insultos que recibieron por parte de un grupo aproximado de 50 personas que llegaron hasta el inmueble ubicado en la calle Vilcanota.

La turba, con piedras y palos en mano, culpaban a los venezolanos que se hospedaban en este lugar de ser los autores de recientes delitos que se han cometido en la zona. “Nosotros no somos ningunos delincuentes, tenemos trabajo, esposa e hijos, somos varias familias venezolanas de bien las que vivimos en este hospedaje. No es justo que hayan venido de esa manera”, dijo a El Comercio Walter Tarazona.

El mayor PNP Sandy Torres, comisario de Salamanca, indicó a este Diario que la tarde de ayer fueron alertados por los vecinos de la zona sobre una concentración de mototaxistas en el mercado de la Corporación 27 de Abril, a solo unas cuadras del hospedaje Casa Blanca. El grupo planeaba ir al referido inmueble y desalojar a los venezolanos debido a disputas internas en el gremio de mototaxistas que trabaja en las inmediaciones del centro de abastos.

“Existe una disputa entre mototaxistas de nacionalidad peruana y venezolana que trabajan en las afueras de este mercado. Los ciudadanos extranjeros han alquilado algunas motos para trabajar, pero los peruanos no quieren que les quiten las plazas. Además, hay disputas internas en el gremio de mototaxistas de esta zona, quienes en su mayoría son informales”, informó el oficial.

Tras ser alertados, el comisario dispuso que 13 agentes de su dependencia acudan a la zona, donde ya los esperaban 16 efectivos del Departamento de Operaciones Especiales y Orden Publico (DEPOEOP) Este 2 desde las 6 p.m., quienes contenía el avance de la turba.

Torres detalló que los agentes ingresaron al hospedaje a fin de resguardar a los ciudadanos extranjeros, a quienes les pidieron documentos, comprobando que no registraban denuncias ni antecedentes policiales. “Ninguno de los ciudadanos venezolanos que viven en el hospedaje cuenta con denuncias o antecedentes. Ellos afirmaron trabajar en restaurantes, librerías y en otros locales”, dijo.

Añadió que a pedido de algunas familias venezolanas, estas fueron trasladadas en patrulleros hacia otras zonas fuera del radio de donde se encontraban los mototaxistas.

-Denuncian maltrato policial-

Los venezolanos afectados denunciaron que los agentes que ingresaron al hospedaje los condujeron hacia la azotea del inmueble y los obligaron a desalojar el sitio, sin ni siquiera comprobar si se trataban de delincuentes o no. Incluso, precisaron que algunos de ellos los apuntaron con su arma de reglamento.

“En lugar de detener a las personas que estaban causando disturbios afuera se las agarraron con nosotros. No les importó que aquí hubieran mujeres y niños. Dieron por hecho que eramos delincuentes, o al menos, eso fue lo que pareció”, dijo Walter.

Por su parte, el mayor Torres sostuvo que en todo momento los ciudadanos venezolanos fueron resguardados.

-Reacciones-

A través de un comunicado, la Embajada de Venezuela en Perú exhortó a la población no caer en generalizaciones y prejuicios injustos sobre la comunidad venezolana. Asimismo, pidió a esta mantener la calma. “Pedimos a nuestros connacionales guardar calma, no caer en provocaciones, ser muestra siempre del pueblo respetuoso que somos y hacer siempre uso de los canales habilitados para su atención”, agregó.

En tanto, mediante su cuenta de Twitter, el embajador de Venezuela en Perú, Carlos Scull, indicó que se reunió con sus connacionales afectados por lo sucedido ayer en Ate.

Por su parte, Percy Castillo, adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, dijo a este Diario que en estos casos lo que se tiene que hacer es investigar a profundidad y tomar contacto con las víctimas. También es importante indagar sobre posibles irresponsabilidades funcionales, como que los policías no hayan prestado el auxilio respectivo a las víctimas. “Tenemos comisionados que están contactando a las víctimas. Según lo que se conoce hasta el momento, la policía no habría prestado el auxilio correspondiente”, sostuvo.

Castillo lamentó que en el país ocurran hechos de violencia ocasionados por la xenofobia, por lo que pidió a las autoridades identificar a los responsables para que se les aplique las acciones penales que se requieran. “Si esto ha sido una acción espontánea de un grupo de ciudadanos no queda otra que lamentarla. Es cosa de que las autoridades, sin lugar a dudas, tengan que aplicar la norma”, comentó.

A su vez, dijo que la Defensoría está percibiendo un discurso bastante agresivo e inapropiado por parte de algunas autoridades municipales y regionales. “Un hecho parecido nos reportaron en un hospedaje de Huancayo hace algunos meses. Tienen que tener mucho cuidado porque pueden provocar situaciones de violencia como la que se ha vivido”, explicó.

Ante los hechos denunciados, Óscar Pérez, presidente de la ONG Unión Venezolana en Perú, pidió a la Policía Nacional que pueda investigar si efectivamente hubo algún tipo de exceso por parte de los agentes que ingresaron al hospedaje.

“Estas personas no pueden estar cobrando las consecuencias de hechos que se han generado en otro sector de Ate, los cuales involucran a ciudadanos venezolanos y peruanos.

De acuerdo a fuentes de la Embajada de Venezuela en Perú, su número de WhatsApp, canal habilitado para la atención de ciudadanos venezolanos, recibe entre 250 y 350 mensajes diarios sobre casos, en su mayoría, de carácter migratorio. El 80% de estos casos son resueltos, mientras que el 20% son derivados a otras instituciones.