Han pasado cinco días tras la muerte de Carlos Gabriel Campos Zapata y Alexandra Antonella Porras Inga y las reacciones aún continúan. Los dos jóvenes murieron este último domingo dentro del local de McDonald’s, en Pueblo Libre, donde trabajaban. El caso aún es investigado por las autoridades y, según la primera información, fallecieron tras recibir una descarga eléctrica.
En este contexto, los familiares de la joven de 18 años han convocado a una movilización para el próximo sábado 21 de diciembre. En redes sociales se anuncia que la marcha sería desde el parque Kennedy, en Miraflores, a partir de las 4 de la tarde.
Johana Inga, madre de Alexandra Porras, indicó en su cuenta de Facebook que la manifestación será pacífica y se usarán polos blancos. “Todos estaremos con un polo blanco, para identificarnos en la marcha... Gracias a todos de antemano, que no vuelva a suceder jamás, que no se pierda ni una vida más”, escribió. Sin embargo, según información del Ministerio del Interior a este Diario, la solicitud de garantías para la concentración aún no se ha efectuado.
Durante estos días se han presentado una serie de protestas por las presuntas malas condiciones laborales en la empresa. El último martes, un grupo de manifestantes protestó frente al local de McDonald’s, cerca del parque Kennedy. Se colocaron carteles y pintas en las ventanas. Lo mismo se repitió en otras regiones. La cadena internacional de comida rápida anunció que sus locales estarían cerrados durante dos días en señal de duelo y se reabrirán de manera paulatina.
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- En investigación -
El caso es evaluado desde varios ángulos. Por un lado se encuentra la investigación de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público para determinar las causas de la muerte de los jóvenes y las responsabilidades. Walter Bedriñana, abogado de la familia de Carlos Gabriel Campos Zapata, informó a El Comercio que el caso ha pasado a manos de la 35 Fiscalía Provincial Penal de Lima y ya no se verá en la Depincri de Pueblo Libre. “Debido a que se necesitaba los resultados de las pericias, esta semana se ha avanzado muy poco en la investigación. Pero las pericias felizmente ya han salido”, indicó. Sobre la movilización, comentó que se trata de una iniciativa de la familia de Porras Inga.
Las primeras investigaciones se realizarán en un plazo máximo de 40 días, en la que se recogerán las declaraciones de los dueños o administradores, testimonios de trabajadores, y se harán inspecciones en el local. Por otro lado, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) también investiga el caso y adelantó que, si se comprueba que la empresa incumplió las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, se impondrá la sanción administrativa más drástica con una multa de hasta 45 unidades impositivas tributarias o S/189.000s, sin contar con las posibles sanciones penales.
Al respecto, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres, indicó que la investigación de la Sunafil tendrá un plazo de 30 días y se realiza de manera reservada. “Según los procedimientos y protocolos, la investigación tiene carácter reservado”, indicó la ministra.