Un edificio de 1,2 metros de ancho y 7 pisos de altura, ubicado en la cuadra 9 de la avenida Abancay, es capaz de reunir los principales problemas de Lima al mismo tiempo: informalidad, escasez de espacio, negligencia y falta de control.
Pero ahora se suma un quinto problema: la impunidad.
Hace un año, El Comercio reveló la existencia de este frágil inmueble, que según especialistas, colapsaría en el primer sismo mayor a 7° de magnitud que ocurra en la ciudad.
Dos días después de la denuncia, la gerencia de fiscalización de la Municipalidad de Lima (MML) anunció una orden de demolición de los tres pisos superiores, ilegalmente construidos entre el 2015 y el 2017 (solo tiene permiso para cuatro pisos). Sin embargo, un recurso legal presentado por la Constructora Lourdes S.A. ante del Poder Judicial estaría dilatando esta orden de demolición.
Aunque también se ordenó la paralización de las obras, en vez de detenerse, estas han continuado sin control.
Con ayuda de un dron, en varias oportunidades durante las últimas semanas, se identificó a al menos seis trabajadores que hacen arreglos y remodelaciones en los tres últimos pisos, construidos de manera clandestina, y donde no debería ingresar ninguna persona por el riesgo que representa.
Los propietarios han instalado una portón metálico bloqueando la propia escalera que conduce a los tres pisos prohibidos para evitar el ingreso de otras personas. En nuestras visitas, esta puerta permanecería cerrada mientras albañiles operaban dentro.
Comparando las imágenes de hace un año y las últimas registradas por este Diario, constatamos que durante estos últimos meses, los obreros pudieron instalar extintores, luces de emergencia, señalización, puertas, paredes y barandas en los niveles prohibidos. “Lo que estarían tratando es conseguir una licencia, pero eso sería absurdo. El inmueble no da garantía alguna de seguridad”, dice Julio César Castiglioni, abogado experto en temas municipales.
También se terminó de pintar los interiores y de construir con ladrillos los muros externos, que están incompletos. En la parte trasera del edifico, cubrieron un área con planchas para ocultar la vista ante futuras obras.
El abogado de la Constructora Lourdes S.A., Juan Vivanco, recibió 12 llamadas nuestras, de las cuales contestó cuatro. En ninguna de ellas el defensor legal de esta empresa pudo explicar por qué operan ahí pese a la prohibición.
“Todo está en proceso judicial. Ahora estoy en reunión. Te llamo luego”, fueron las respuestas de este abogado. Nunca recibimos la llamada.
También nos comunicamos con el municipio de Lima, pero tampoco hubo respuesta convincente. Cristian Rosenthal, gerente de fiscalización, dijo que una medida judicial impidió su demolición, pero no explicó por qué siguen las obras adentro.
“Hasta donde tengo entendido, han podido obtener una medida judicial. Ellos argumentan que ahí viven y que ahí prestan servicios económicos, pese al informe de Defensa Civil. Te llamará el representante de prensa de la gerencia de fiscalización para que te explique toda la situación”, prometió. Nunca recibimos esa llamada.
Para Julio César Castiglioni, la MML debe hacer cumplir la orden de paralización de obras que se dictó hace 1 año, pero que nunca impidió que sigan los trabajos. “Se ha detenido la orden de demolición, pero los propietarios no tienen licencia de construcción, por lo tanto, la MML debe ordenar la paralización de las obras. También tiene que haber una denuncia penal contra las personas responsables ante alguna eventual desgracia”, dijo.
