A mediados de diciembre del 2021, la Comisión de Educación del Congreso aprobó dos dictámenes que atentan contra la reforma universitaria liderada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). El primero, otorga una segunda oportunidad a las universidades a las que se les había denegado el licenciamiento. Este dictamen, que se aprobó con ocho votos a favor, de las bancadas de Perú Libre, Fuerza Popular y Renovación Popular; propone otorgarles un plazo de dos años para que subsanen sus deficiencias y vuelvan a ofrecer sus servicios. El segundo, pretende modificar la composición del Consejo Directivo de Sunedu.
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Horas después, 16 universidades públicas y privadas, que obtuvieron el licenciamiento, emitieron un comunicado en el que se oponían a las iniciativas aprobadas por el Congreso. La ley Universitaria 30220 publicada en julio del 2014 ha tenido como objetivo promover la mejora continua de la calidad educativa de las universidades y normar la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de las mismas.
Gracias a ello, se han generado cambios importantes en áreas como la investigación. La ley universitaria la puso como un pilar fundamental. Toda universidad debe contar con un vicerrectorado de investigación o un área similar. “Todas las universidades que no fueron licenciadas, tuvieron problemas con investigación”, asegura Percy Mayta Tristán, director de Investigación de la Universidad Científica del Sur. Estas instituciones no publicaban, no tenían investigadores, no tenían proyectos o no contaban con una adecuada estructura.
En la actualidad, el impacto de la ley es evidente, el país pasó de contar con solo tres universidad que publicaban más de 100 artículos en Scopus, la mayor base de datos sobre ciencia y tecnología en la que se tiene acceso a referencias bibliográficas de más de 14 mil publicaciones científicas, en el 2014, a 24 universidades en el 2021, según cifras de Scopus y Scimago recolectadas y analizadas por Mayta Tristán, quien lleva más de diez años investigando el tema. Incluso, las cifras del 2021 podrían aumentar si se considera que las instituciones pueden seguir agregando publicaciones de dicho año hasta abril del 2022.
Scopus y Web of Science son las bases de datos más importantes de artículos científicos, entre otros puntos, debido a que pueden medir el impacto y tienen criterios de ingreso de calidad. Scopus ganó visibilidad en Latinoamérica gracias a que se creó el Ranking Scimago.
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Si comparamos el porcentaje de crecimiento que tuvieron los países de Latinoamérica en 2014 y 2020 en su producción en Scopus, Perú es el segundo con el mayor crecimiento (244%), solo superado por Ecuador (460%), que también ha tenido una reforma universitaria importante. Del 2010 al 2020, el país ha escalado ocho posiciones en el Ranking Scimago, que mide la producción de países en Scopus y al que solo se puede ingresar si se han realizado más de 100 publicaciones en esta base de datos.
Cuando apareció este ranking, solo tres universidades peruanas fueron consideradas en él. “Fue duro convencer a las universidades que la presencia en rankings está basada en investigación, ya sea como criterio de ingreso (como en el caso de Scimago) o como parte de la misma evaluación”, asegura Mayta Tristán, quien recalca que con la ley universitaria se reforzó esta idea.
La ley permite a las universidades destinar presupuesto a la investigación. “Independientemente del tipo de universidad (societaria, asociativa o pública) uno de los temas más importantes era el presupuesto”, menciona Mayta Tristán. Dado que la función de la universidad está orientada más a la formación, casi todo se iba a la parte académica. No obstante, esta situación ha ido cambiando, debido a que la investigación es un requisito que coloca Sunedu y no es posible quitarle presupuesto.
Gracias a ello, la producción ha aumentado de forma considerable. El crecimiento de la investigación peruana está vinculada a las universidades. En conjunto, pasaron de un 63% entre 2013 y 2014 a un 83% entre 2020 y 2021. Las públicas pasaron de un 29% a un 35%, mientras que las societarias de un 2,5% a un 26%. “Han multiplicado por 10 su producción nacional”, resalta Mayta Tristan.
Investigadores calificados
Otro punto que ha ayudado a mejorar la producción y calidad de las investigaciones universitarias es la creación del Registro Nacional de Investigadores de Ciencia y Tecnología (REGINA), en el 2015, que reúne a “investigadores calificados de acuerdo a los estándares establecidos en el Reglamento aprobado por Resolución 184-2015- CONCYTEC-P”. Según explica Mayta Tristán, este registro da la posibilidad de identificar quién es investigador y quién no. “Es un filtro. Antes, muchas personas decían que eran investigadores, pese a que nunca habían publicado y enseñaban investigación en la universidad”, señala.
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La ley universitaria también establece el bono de investigador. Aquellos profesores que son parte de REGINA tienen un bono en universidad pública. “Eso mejoró los sueldos de los investigadores y, en el buen sentido de la palabra, creó un mercado: las universidades empezaron a pelearse por los investigadores”, asegura Mayta Tristán. Todo ello se traduce en la calidad de los trabajos tanto de profesores como de alumnos.
Según recalca el investigador es importante que los alumnos tengan la capacidad de investigar y contar con profesores que puedan enseñarles a hacerlo. De esta manera podrán realizar tesis de bachillerato de calidad.
“Muchos de los que se oponen a la ley son los que no producen”, advierte Mayta Tristán. Si la ley se cae ya no se les pedirá, por ejemplo, que tengan maestría o doctorado, o que se encuentren en REGINA. Los bonos que reciben los investigadores de universidades públicas pueden llegar hasta los 2.500 soles mensuales.
Impacto a largo plazo
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha triplicado su producción científica en Scopus: pasó de 236 en 2014 a 788 en lo que va del 2021. Es la líder en producción nacional. No obstante, es importante considerar que en investigación los resultados siempre son a largo plazo. “Este es un trabajo de la gestión anterior, los resultados del manejo que tendrá la actual gestión recién se verán en dos o tres años”, recalca Mayta Tristán.
Para tener producción científica se debe invertir en investigadores, laboratorios, proyectos. Una vez que se cuenta con estas herramientas, el tiempo desde que se realizó el proyecto hasta su publicación es de dos a tres años. Y será evaluado dos o tres años después. No se tienen resultados inmediatos.
Por ese motivo, el impacto que ha tenido la ley universitaria recién se ve de forma más clara en este momento. “Los resultados de cualquier modificación que perjudique la ley, tampoco se verán ahora, sino que pasarán dos o tres años para ver el impacto de esas decisiones”, advierte Mayta Tristán.
Según explica, pese a las malas gestiones que se puedan hacer el crecimiento de producción científica continuará en el tiempo inmediato. No obstante, en un par de años será posible ver de qué manera perjudicaron las modificaciones a la ley.
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