Colegios son el nuevo blanco de las bandas criminales dedicadas a la extorsión y el cobro de cupos

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Esta situación ha quedado en evidencia en este año, donde al menos 10 colegios denunciaron haber sido víctimas de extorsión y atentados. Uno de los primeros casos ocurrió durante la madrugada del 3 de abril, en Ascope (La Libertad). Unos sujetos detonaron una bomba casera en la puerta de una institución educativa y dejaron una carta en la que le exigían el pago de 30 mil soles para no continuar con los ataques. La puerta del colegio quedó destruida, así como parte del material escolar.

Otro caso similar se suscitó en el distrito de San Juan de Lurigancho, en la zona de Huáscar, en el mes de junio. Dos sujetos, al promediar las 3:34 a.m., detonaron un artefacto explosivo artesanal dentro del colegio Santa Mónica de Ópalos. Este hecho habría sido perpetrado como represalia luego de que el dueño del centro educativo se negara a pagar 30 mil soles.

El distrito de San Juan de Lurigancho también fue escenario de otro atentando en el mes de agosto. Dos sujetos quemaron la puerta del colegio particular de nivel inicial y primaria Reggio Emilia, ubicado en la cuadra 20 de la avenida Canto Grande, y a tan solo dos cuadras de la Comisaría Santa Elizabeth. Los propietarios habían recibido semanas atrás mensajes y llamadas extorsivas en los que se les solicitaba un monto fuerte de dinero para no atentar contra sus familiares. También les llegó un sobre con algunas balas en su interior.

Asimismo, uno de los últimos episodios de extorsión se registró en el distrito de Cerro Colorado (Arequipa). El último viernes, desconocidos lazaron una bomba molotov al interior del centro educativo de nivel inicial Sabio Alfred Binet, apenas horas antes de que los estudiantes ingresen a clases. El artefacto entró por una de las ventanas de un aula, causando daños en los vidrios y quemando parte de las cortinas e implementos de limpieza.

En tanto, como medida de protesta ante esta situación, la semana pasada, un grupo de docentes de diferentes colegios de la provincia de Gran Chimú (La Libertad), se concentraron en la Plaza de Armas de Trujillo para denunciar que vienen siendo víctimas de extorsión y exigir a las autoridades un mayor resguardo policial en los alrededores de los colegios.

Milagros Saenz, vocera del colectivo Volvamos a Clases, indicó a El Comercio que el incremento de extorsiones en agravio de instituciones educativas resulta “muy preocupante”, ya que se atenta no solo contra el colegio o su infraestructura, sino contra la seguridad e integridad de los directivos, docentes, alumnos e incluso padres de familia. Asimismo, señaló que esta modalidad se viene presentando, en la mayoría de casos, en centros educativos privados.

“Nosotros como organización de padres de familia de escolares estamos preocupados. Conocemos algunos casos. Una delegada de nuestro colectivo que vive en Comas nos contó su preocupación porque un colegio ubicado en la esquina de su casa ha recibido amenazas. Una institución que al parecer es privada. Y es que las extorsiones están dirigidas a colegios privados, pues supongo que los delincuentes deben de pensar que estos generan mucho dinero”, comentó.

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Saenz detalló que ante esta situación alarmante, las autoridades deben brindar garantías a los colegios que vienen siendo víctimas de extorsión en los distintos distritos. Una acción fundamental, sostuvo, es que se aumente el número de policías y personal de serenazgo para que resguarden la seguridad en las afueras de los centros educativos.

“Aquellos distritos en emergencia deben aprovechar y solicitar también el resguardo militar necesario para poder garantizar que los alumnos vayan a clases con normalidad y que los padres se sientan tranquilos de mandarlos al colegio. Nuestro pedido a las autoridades es que otorguen las garantías a los colegios que están siendo víctimas de extorsión”, expresó.

Agregó que también se puede actuar desde dos frentes. Es decir, por un lado, el colegio puede tomar medidas como implementar más y nuevas cámaras de seguridad en el perímetro de la institución, así como mantener un orden en la entrada y salida de clases, ya que eso, por insignificante que parezca, contribuye que no se genere un ambiente de caos. Sin embargo, precisó que las acciones principales deben ser tomadas por las autoridades policiales y municipales.

“En algunos casos, los padres de familia formaron turnos de vigilancia y contrataron un vigilante para que cuide el colegio. De esta manera, así como llegó, la extorsión se fue. Pero lo importantes es resaltar que el ofrecer garantías debe partir de las autoridades, del mimo sistema”, mencionó.

Por su parte, Víctor Sánchez, secretario del Consejo Nacional de Padres y Apafas del Perú, también señaló que este tipo de extorsiones se vienen perpetrando casi en su totalidad contra colegios privados. En esa línea, consideró que si este accionar se empieza a dirigir hacia los colegios estatales, la situación sería aun más preocupante de lo que ya es, pues estas instituciones carecen de recursos suficientes para tomar medidas de seguridad que puedan repeler algunos posibles ataques.

“Aun no ha llegado a las escuelas públicas, porque si no estas estuvieran totalmente indefensas. En el caso de la escuela privada, obviamente tienen un ingreso importante como parte del pago que hacen los padres de familia. Ese sería el motivo por el cual por están en la mira de los extorsionadores”, opinó.

Sánchez consideró que lo que tiene que hacer los directores y dueños de los colegios apenas reciban algún tipo de amenaza es alertar a la policía y denunciar el hecho. Bajo ninguna circunstancia deben ceder ante los delincuentes, añadió.

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“No hay que ceder. Ceder ante el chantaje es fortalecer a esta delincuencia que cada vez se desenfrena más. Estas bandas primero asustan, amedrentan. Lo que tienen que hacer los directores es informar a la policía, alertarlos. Simultáneamente, por seguridad, podrían colocar más cámaras en la parte externa del colegio y contratar una vigilancia permanente”, señaló.

Además, Sánchez dijo que junto a su organización propondría dejar que la Policía Nacional realice el trabajo de inteligencia respectivo para detectar a estas bandas, su modus operandi y cómo poder neutralizarlas. “En algunos casos han atentado contra las puertas de los colegios. Menos mal que hasta ahora no lo hacen en horario de clases, pues eso sería ya algo monstruoso”, destacó.

Ante el avance de este tipo de extorsión que tiene como objetivo a los colegios del país, podría surgir la posibilidad de que las instituciones educativas opten por suspender las clases y/o cerrar sus aulas. Frente a esto, Saenz detalló que se ha vuelto común para las autoridades escolares, municipales y del Gobierno central cerrar escuelas ante cualquier evento de mediana peligrosidad, una medida que consideró contraproducente y facilista.

“Se anunció un posible ataque por parte de un grupo de delincuentes extranjeros y muchos colegios decidieron cerrar y disponer clases virtuales. Esto, con la venia de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (Drelm), pese a que no está bien. No podemos normalizar el cierre de escuelas ante cualquier evento político, social o de salud pública que hay en el país. Esa no puede ser la primera solución. Es un tema muy importante y que nos preocupa muchísimo”, expresó.

Saenz señaló que si las autoridades temen por la seguridad e integridad de los escolares, pues deberían otorgarles las garantías del caso para que puedan ir a clases de forma tranquila. Resaltó que esa es la verdadera labor de una autoridad, la de encargarse de gestionar una mayor seguridad y resguardo policial para su colegio. Es decir, ver diferentes maneras de resolver el problema sin perjudicar a los estudiantes.

“Si sabemos que hay delincuentes que hacen amenazas, pues entonces yo, como autoridad, garantizo las clases y me encargo de que haya extra seguridad y acompaño a mis escolares con una vigilancia, de militares o policías. No puede ser que todavía nuestras autoridades piensen que hacen algo al cerrar las escuelas. Sí, que se preocupen, pero haciendo algo útil, no deshaciendo algo que sí es útil”, puntualizó.

Por su parte, el maestro y exministro de Educación, Idel Vexler, detalló que el Perú ha sido uno de los países más afectados en el aspecto socioemocional de los estudiantes y en el aspecto de los aprendizajes a causa de la pandemia. Asimismo, dijo que fue uno de los países que más tardó en reabrir las escuelas, por lo que teme que aun haga falta varios años más para que se haga una recuperación efectiva. Por lo tanto, consideró que no se deberían suspender las clases antes casos de extorsión, salvo alguna excepciones.

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“No soy partidario de suspender las clases salvo en casos muy extremos. Si se van a suspender las clases faltando un mes aproximadamente para el término escolar no, Pero si la evaluación que hace del director junto a su equipo directivo y la Asociación de Padres de Familia da como resultado que consideren inexorable la medida de suspender las clases presenciales, pueden hacerlo, pero solo por uno o dos días como máximo”, dijo.

Por otro lado, Vexler explicó que estos episodios de extorsión y cobro de cupos que viene viviendo varias escuelas generan ansiedad, angustia y preocupación en los estudiantes y desde luego en la plana docente, administrativa y en los padres de familia. Por ello, indicó que estos temas deben tratarse con sumo cuidado y buscando dar un mensaje de calma y seguridad a la comunidad educativa.

“Se genera inestabilidad, desconfianza, duda al enterarse los padres de esta situación. La educación se ve afectada en estos colegios; la formación socioemocional, cognitiva e intelectual también. Por eso, además de tomar las medidas del caso, la situación debe manejarse con el mayor cuidado posible. Se debe tratar el tema con firmeza en la parte policial y de seguridad, pero sin generar alarma, angustia, ni temor, porque entonces los chicos van a terminar afectados emocionalmente y en sus aprendizajes en lo que queda del año”, sostuvo.