(Fotos: Congreso/GEC).
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Fernando Alayo Orbegozo
Fernando Alayo Orbegozo

La , que tiene facultades para investigar los licenciamientos de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL), sesiona desde las 9 a.m. de hoy con la participación del Consejo Directivo de la . La cita virtual es privada.

Una de las órdenes del día agendadas por el grupo de trabajo parlamentario es aprobar la conformación de una comisión que verifique las instalaciones de la UPAL, ubicadas en el distrito de Chorrillos. Según la propuesta, tres congresistas deberán conformar esta nueva comisión, además del “personal del equipo técnico” de una institución no precisada.

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En la sesión virtual se discuten las presuntas irregularidades cometidas por la Sunedu en los casos UTP (en siete de sus filiales) y UPAL, luego de que el portal web denunciara un supuesto “favoritisimo” por parte de la superintendencia al otorgar el licenciamiento a estas casas de estudios cuando no tenían alumnos matriculados, o aún estaban en construcción. La Comisión de Educación acogió esta denuncia y solicitó al pleno las facultades para investigar, las cuales fueron aprobadas posteriormente.

Hoy participan los siguientes miembros del Consejo Directivo de la Sunedu: el actual superintendente Oswaldo Zegarra, Fabiola León Velarde, Hugo Rosales García, y Aurelio Ochoa Allencastre.

Posición de Sunedu

En su momento, la Sunedu alertó que tales acusaciones eran falsas, e incluso donde se publicó dicha información para que se rectifiquen. El vocero de la superintendencia, Joseph Dager, explicó a El Comercio que –con base a la Ley Universitaria– en el anterior modelo de licenciamiento se establecía que para el licenciamiento de nuevas filiales o programas, las universidades solicitantes debían garantizar el cumplimiento de las CBC y del servicio educativo por los dos primeros años.

“Eso sucedió con la UTP y otras siete universidades. En el caso de la UTP, sucedió en el 2019 y no iban a abrir [las filiales] hasta mayo del 2020. A partir de la apertura, se tenía que verificar. Lo que la Sunedu verificó en el 2019 es que esos locales [en Ica, que según la denuncia todavía no están construidos] estaban equipados para los dos primeros años de funcionamiento”, dijo en julio el funcionario.

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