SIP: los principales puntos del informe sobre intento de afectación a la libertad de expresión

A través de proyectos de ley que buscan restringir la publicidad estatal e incrementar las penas para casos de difamación, el Congreso de la República -disuelto por el presidente Martín Vizcarra el pasado 30 de septiembre- intentó afectar la libertad de expresión, según lo denuncia un informe elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

► SIP: Congreso peruano intentó afectar la libertad de expresión

Este informe, que fue redactado antes de la disolución del Congreso, consignó las agresiones denunciadas por el gremio periodístico continental. El documento fue difundido durante la 75 Asamblea General de la SIP, que se celebró en Miami (Estados Unidos), y presentado por Silvia Miro Quesada, editora de Servicios Periodísticos de El Comercio y vicepresidenta para el Perú de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

Estos son los principales puntos que se mencionan en el informe sobre el intento de afectación a la libertad de expresión por parte del Congreso:

► Existieron tres principales frentes de agresión a la libertad de expresión de ciudadanos, medios de comunicación y periodistas: el aparato legislativo, las querellas por difamación y la impunidad judicial.

► Silvia Miro Quesada precisó que el informe detalla la intención del Congreso de la República de afectar la libertad de expresión a través de proyectos de ley, como el que restringe la publicidad estatal en medios privados, obliga a la colegiación obligatoria de periodistas y aumenta las penas de cárcel por difamación.

► Uno de estos proyectos propone ampliar la pena de cárcel por difamación de un máximo actual de tres años a un rango de entre cuatro y siete años. De haberse aprobado, la difamación habría sido penada con cárcel en todos los casos.

Silvia Miro Quesada indicó que según el informe, esta pena también incluye a los casos de difamación por redes sociales. “Esto es reiterativo pues el código penal ya lo establece”, sostuvo.

► Otro proyecto de ley propuso reemplazar la pena de cárcel por sanciones económicas en los delitos contra el honor, incluso los que se cometieran mediante parodias, sátiras y opinión.

► El documento informa sobre una agenda legislativa ‘anti-prensa’, la cual se ha fortalecido en respuesta a las labores de investigación periodística respecto a los casos de corrupción Lava Jato y Lava Juez. En este escenario, el politólogo Alberto Vergara consideró que la prensa “mayoritariamente se ha jugado por el Estado de derecho en una forma que, confieso, nunca pensé vería en el Perú” (El Comercio, 2019).

► En represalia, el Congreso presentó proyectos de ley a fin de amordazar a los periodistas. Uno de ellos se trató de una iniciativa para prohibir que directores periodísticos, editores, productores, gerentes generales, accionistas u otros cargos similares ejerzan sus funciones en un medio si tenían una sentencia firme por corrupción en perjuicio del Estado.

► Asimismo, luego de que el Tribunal Constitucional concluyera que la propuesta inicial de la ley de publicidad estatal, que prohibía su utilización en medios privados, era inconstitucional, se trabajó otro dictamen de ley que finalmente fue aprobado en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso en mayo de este año y que ya no prohíbe este tipo de publicidad en medios privados. En el dictamen actual, se reconocen dos puntos principales favorables a la libertad de expresión: se priorizan los medios privados como receptores de publicidad estatal y se reconoce en el objeto de la ley “el derecho del ciudadano a ser informado”. Sin embargo, quedan dudas respecto de la obligatoriedad de los medios de tener una autorización vigente con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

► En septiembre pasado, la Comisión de Fiscalización del Congreso creó un grupo para investigar a las encuestadoras locales por un período de 60 días, sobre “la metodología y las acciones” de las encuestadoras y “posibles casos de manipulación propagandística”. Esto se originó luego de que en diversas encuestas se reflejó la baja aprobación del Congreso (por debajo de 10%) y la alta aprobación por el adelanto de elecciones propuesta por el presidente Martín Vizcarra.

Algunos casos de amedrentamiento contra periodistas y medios que cita el informe:

► Los medios Ribereña Radio, Últimas Noticias y La Mega denunciaron que funcionarios municipales del distrito de Guadalupe (La Libertad), impidieron en enero su ingreso a las sesiones de concejo. Los únicos periodistas permitidos son aquellos de la oficina de imagen institucional de la municipalidad.

► El informe indica que en marzo pasado, una secretaria de juzgado querelló por difamación a la periodista Rosa Chambergo (Expresión), luego de que esta publicara que habría una presunta falsificación de documentos para que el hijo de la secretaria obtuviera una nueva identidad.

► En abril, una jueza de Piura condenó al periodista Pedro Salinas a un año de prisión suspendida y a pagar S/80.000 de reparación civil al arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren, que lo había demandado de manera personal por supuesta difamación agravada por unas afirmaciones hechas por Salinas en un artículo y en una entrevista en enero de 2018. Eguren luego desistió de la querella. Salinas y la también periodista Paola Ugaz publicaron el libro Mitad monjes, mitad soldados (2015) en el que investigaron abusos sexuales en el grupo religioso Sodalicio de Vida Cristiana, al que Eguren pertenece, aunque el arzobispo ha señalado que este libro no forma parte de la querella.

► En abril, el Poder Judicial admitió una nueva demanda por difamación interpuesta por Miguel Arévalo Ramírez contra los periodistas Óscar Castilla (Ojo Público) y Edmundo Cruz (La República) y dispuso el embargo preventivo de los bienes de ambos medios. Los periodistas han investigado la relación de Arévalo con el narcotráfico, utilizando fuentes contrastadas, entre ellas la de la DEA de Estados Unidos. Otros periodistas incluidos en la demanda son César Hildebrandt, Eloy Marchan, Américo Zambrano (Hildebrandt en sus trece); Gustavo Mohme (La República); Marco Zileri y César Pardo (Caretas); y Miguel Ramírez (El Comercio). En mayo, el Poder Judicial archivó dos demandas contra los periodistas, pero mantuvo la orden de embargo. En agosto, los periodistas asistieron a una nueva audiencia en la que se presentaron los alegatos finales de ambas partes. La jueza anunció que el fallo final será emitido próximamente.

► En abril, el Poder Judicial ordenó un nuevo juicio contra el general en retiro, exministro y excandidato a la alcaldía de Lima, Daniel Urresti, por su presunta participación en el asesinato del periodista Hugo Bustíos (Caretas) en 1988, durante la época del terrorismo peruano, tras 31 años de impunidad. En octubre de 2018, Urresti fue absuelto de la presunta coautoría del asesinato del periodista.

► En mayo, se inició el juicio por difamación contra el periodista Yofre López (Barranca.pe) de la provincia limeña de Barranca. La jueza Juana Caballero lo querelló luego de que el periodista cuestionara su decisión de revocar la prisión preventiva del exalcalde de Barranca acusado por corrupción y por publicar una declaración jurada de la jueza donde figura su patrimonio. Ha solicitado tres años de cárcel y una reparación civil de S/100.000.

► Después de 35 años, sigue impune el asesinato del periodista Jaime Ayala (La República), quien desapareció en una base de la Marina del Perú tras imponer un reclamo por el allanamiento de la casa de su madre durante la época del terrorismo. Varios testigos, incluyendo exmarinos, han declararon que Ayala fue torturado y asesinado.

► También sigue impune el caso del periodista David Choquepata, asesinado en el 2016 en su propia cabina de radio. La fiscalía ha archivado la investigación del crimen.

Los interesados pueden ver el informe completo aquí.

Silvia Miro Quesada agregó que al día siguiente de la crisis de dos de los poderes del Estado (Legislativo y Ejecutivo) que trajo como consecuencia la decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso y convocar a la elección de un nuevo Parlamento para enero de 2020, el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, declaró lo siguiente a la prensa extranjera:

“Sabemos que la prensa hoy en día, en los medios tradicionales, está en una gran crisis. El Perú no es una excepción. Y los contratos con el Estado generan una expectativa importante para los medios publicitarios. Una compañía de prensa, la más icónica, El Comercio, valía 1.200 millones de dólares. Hoy día ni si quiera está llegando a los 200 millones de dólares”.

Añadió: “Pueden cotejarlo, ver si los covenants que viene firmando El Comercio como grupo o La República siguen funcionando y si es que estos vienen siendo cumplidos. Los covenants son los ratios de liquidez, palanqueo económico. Se van a dar cuenta que no. Obviamente, hoy día los contratos del Estado son bastante importantes. Tenemos una prensa muy adversa que sigue con el tema de que la política es corrupción”.