Casi a diario se registran motines en los penales del país (la foto se tomó el último martes en Lurigancho). Los internos exigen ser excarcelados por estar en peligro. Hay 645 reclusos con coronavirus en el país. (Foto: Jospeh Ángeles)
Casi a diario se registran motines en los penales del país (la foto se tomó el último martes en Lurigancho). Los internos exigen ser excarcelados por estar en peligro. Hay 645 reclusos con coronavirus en el país. (Foto: Jospeh Ángeles)
Enrique Vera

El ministro de Justicia, Fernando Castañeda, anunció un paquete de medidas con las que el Estado busca enfrentar la crisis que ha generado en los penales del país la propagación del coronavirus. Las normas, algunas de estas ya en ejecución, apuntan a atenuar el hacinamiento de las prisiones, las malas condiciones de salud de los internos y posibles actos de corrupción.

Castañeda detalló a El Comercio que su sector ha gestionado con el Minsa la dotación de 110 mil mascarillas lavables para internos y trabajadores penitenciarios. El ministro puntualizó que, desde el primer día del estado de emergencia, está permitido que los reclusos reciban mascarillas, así como medicinas y útiles de aseo por parte de sus familiares. En esa línea, el Ministerio de Justicia (Minjus) ha dispuesto que personal de la Oficina de Asuntos del INPE inspeccione los dos penales más grandes para constatar que no haya irregularidades.

Además, el titular del Minjus remarcó que la pandemia y los últimos motines han generado una merma importante en cuanto al personal médico que labora en los penales. Actualmente, hay unos 200 trabajadores de salud que son insuficientes para las 68 prisiones en el ámbito nacional. Fernando Castañeda indicó que se han hecho convocatorias y ofrecido contrataciones rápidas a médicos y enfermeras, pero la falta de este personal sigue siendo una debilidad.

Deshacinamiento

Una de las iniciativas del Minjus para contrarrestar el riesgo del hacinamiento en los penales, frente a la expansión del COVID-19, es la excarcelación de presos por omisión de asistencia familiar que paguen sus deudas.

El ministro dijo a este Diario que el único requisito que se exige a los internos por el referido motivo es el cumplimiento de sus pendientes alimentarios. Precisó también que la norma no solo quedará circunscrita a la actual emergencia sanitaria, sino que regirá de forma permanente. En 10 días de vigencia, se han acogido a la medida al menos 250 reos de un universo de 2.700 que purgan condena por esa causal.

Otra de las propuestas concierne a los sentenciados por delitos no graves; es decir, apunta a un máximo de tres mil presos de los 65 mil que hay en todas las cárceles del país. El ministro señaló que el viernes pasado fue emitida una norma que establece el indulto para ese tipo de reos. “Hay una comisión de indultos que ya está operando y estamos a la espera de la información que brinde el Poder Judicial”, dijo Castañeda. Confió en que la próxima semana ya haya novedades en torno a un primer grupo prioritario de ser indultado: madres con hijos.

Fernando Castañeda subrayó, además, que su sector ha presentado una norma que varía la prisión preventiva por comparecencia restringida para los reos en condición de procesados. Con ello, se establece una obligación a los jueces de revisar de oficio estos casos. De 35 mil internos procesados, podrían ser beneficiados con la medida unos 10 mil que no hayan incurrido en delitos graves. La norma será presentada hoy y su aplicación será inmediata.

El presidente Martín Vizcarra remarcó que su gobierno no iba a permitir la liberación de presos por corrupción, feminicidas o violadores. También rechazó las críticas que ha recibido el Ejecutivo en cuanto al manejo de la crisis en los penales. “No se aprovechen de la coyuntura los que tuvieron responsabilidad de hacer algo y no lo hicieron”, manifestó.

Ayer, presos del penal Ancón II exigieron mejores condiciones en una protesta luego de que se registrara la muerte del reo mexicano Francisco Cruz Tapia (74). Aún se evalúa si el deceso fue por COVID-19.

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