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Costa Verde del Callao: una obra paralizada hace casi un año
Ana Briceño

En el espacio donde se debe construir la , obra que tenía que estar lista en el 2015 y que conectaría Chorrillos y La Punta en 25 minutos, no aparece ningún obrero, solo hay un perro carachoso de aspecto fantasmal. Este es el proyecto que le costó al Estado S/470 millones. Desde junio del 2017, los trabajos en esta obra están paralizados y su fecha de reanudación aún es incierto.

En mayo del 2014, un entusiasmado Ollanta Humala dio inicio a los trabajos en este lugar, que consistirían en 5,8 kilómetros (con tres carriles de ida y vuelta) desde La Perla hasta La Punta, una cancha deportiva frente al mar, ciclovías y anillos viales en siete de sus avenidas principales.

Ese día lo acompañaba el presidente regional del Callao, Félix Moreno, quien ilusionó a los chalacos: “Será una obra parecida a las que hay en Miami”.

La constructora brasilera Odebrecht obtuvo la buena pro con un presupuesto inicial de S/302 millones, que luego subió a S/470 millones porque –según la empresa– se ampliaron los plazos de ejecución y se aprobaron trabajos adicionales no incluidos en el proyecto original.

–En los tribunales–
En abril del año pasado, la contraloría halló una serie de irregularidades en este proyecto, donde estaban involucrados 15 funcionarios que participaron en la licitación y en la suscripción de adendas del contrato que habrían beneficiado a Odebrecht.

Según las indagaciones, la obra está avanzada en un 85%. Odebrecht, sin embargo, inició un arbitraje al Gobierno Regional del Callao por incumplimiento de contrato.

El Comercio pidió la versión de Odebrecht y del gobierno regional para esta nota, pero al cierre de esta edición no brindaron declaraciones.

Iván Montoya, ex procurador anticorrupción, dice que el futuro de esta obra dependerá de lo que resuelva el arbitraje y el futuro gobernador del Callao, quien podría volver a licitarla para su culminación. Esto prolongaría su ejecución.

Fuentes que investigan este caso sostienen que la gestión de Moreno se niega a informar sobre el proceso de arbitraje. La hipótesis del Ministerio Público es que Moreno pidió una coima de US$4 millones a Odebrecht a cambio de modificar las bases para adjudicarle la obra.
En abril del 2017, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra Moreno por este caso. Estuvo detenido en el penal Ancón I pero en junio pasado se revocó la medida. Ahora sigue el proceso en libertad.

–Echado al agua–
En el 2015, el Gobierno Regional del Callao previó que podrían construirse hasta seis proyectos de viviendas que significaran unos US$300 millones de inversión al año.

Pedro López, ex alcalde de La Perla, recuerda que cuando se construyó la avenida Costanera en esa comuna, en el 2012, hubo inversionistas privados interesados en ejecutar proyectos inmobiliarios en la zona cercana al mar. El metro cuadrado estaba valorizado en US$40 y luego aumentó en más de US$1.000.

“Hubo un plan para conectar San Miguel, Magdalena y La Perla por S/29 millones que nunca se ejecutó. Íbamos a embellecer la bahía, pero el gobierno regional optó por hacer el proyecto con Odebrecht”, resalta.

Una de las metas del Gobierno Regional del Callao era que vendan algunos de los predios de Los Barracones. Eso también quedó inconcluso.

No es lo único. La Costa Verde culmina en San Miguel y para conectarla con el Callao aún falta construir un tramo de 2,2 kilómetros.

La responsable de ejecutarlo es la Municipalidad de Lima. En el 2014, durante la gestión de Susana Villarán, se anunció que se realizaría la obra con una inversión de S/280 millones. Sin embargo, fuentes de la comuna de Lima indicaron que aún no hay fecha para poner el primer ladrillo en ese lugar.

Jorge Ruiz Somocurcio, arquitecto urbanista, sostiene que tarde o temprano el Gobierno Central debe hacerse cargo de la Costa Verde del Callao “como una política de Estado con la creación de grandes espacios públicos de valor nacional”.

Para el urbanista Manuel de Rivero el problema de la Costa Verde de Lima y del Callao es que nunca se abordó como un proyecto común.
“Debe haber un nuevo contrato social. Arquitectos y planificadores tienen que hacer un proyecto con el cual la gente sueñe, lo espere; cuando eso suceda no van a permitir que la obra se corrompa, pero en la medida que todo se mantenga oscuro no hay forma de defenderla”, resalta.

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