Cronología de una fiesta clandestina que terminó en desgracia [INFOGRAFÍA]

Algunos asistentes contaron que la policía lanzó bombas lacrimógenas e hizo disparos al aire. Las autoridades del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional del Perú señalaron que no se usó ningún tipo de arma (El Comercio/Raúl Rodríguez)

25/08/2020 16H00

Un contingente de veinte policías del Escuadrón Verde, al mando del capitán PNP José Amésquita, acudió a la discoteca Thomas Restobar alertados de que ahí se celebraba una fiesta clandestina pese al estado de emergencia por el COVID-19. Eran aproximadamente las 9 de la noche del sábado.

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Tres agentes ingresaron al local ubicado en la cuadra dos de la avenida El Zinc. Adentro había más de 120 personas bailando y bebiendo, en un ambiente bullicioso, alumbrado con luces psicodélicas. Después de ordenarle al encargado que pusiera fin a la fiesta, los policías dieron la voz de alto.

Según testimonios de los asistentes, un grupo de policías ordenó a las mujeres ponerse en un solo lugar y bajar. En ese momento, varios comenzaron a correr hacia la puerta, lo que originó un tumulto que aplastó y asfixió a decenas de personas en una estrecha escalera.

Algunos asistentes contaron que la policía lanzó bombas lacrimógenas e hizo disparos al aire. Las autoridades del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional del Perú señalaron que no se usó ningún tipo de arma. “Los asistentes a la fiesta intentaron escapar por la única puerta de ingreso, atropellándose y quedando atrapadas [sic] entre la puerta y una escalera de local”, se lee en el comunicado del Ministerio del Interior.

Luego de que los policías ubicados en el exterior consiguieron abrir con una comba la puerta metálica de dos pliegues, las personas atrapadas (entre ellas tres policías) pudieron salir. Sin embargo, 12 mujeres y un hombre fallecieron. Otro grupo con lesiones y problemas de asfixia recibió atención en hospitales y clínicas.

Trece personas fallecieron la noche del sábado durante una intervención policial al interior de una discoteca en el distrito de Los Olivos. Los hechos ocurrieron minutos antes de iniciarse la inmovilización social obligatoria en el marco de la epidemia de coronavirus en un local ubicado en la cuadra 2 de la avenida El Zinc. (Foto: Joel Alonzo/GEC)
/ JOEL ALONZO

Esta era, por lo menos, la tercera vez que se organizaba una fiesta clandestina en Thomas Restobar, contaron vecinos. Según el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo Alfaro, en el 2016 la gestión municipal de ese entonces le otorgó a este local una licencia de funcionamiento como restaurante. El permiso no fue renovado, ya que la empresa no había tramitado su certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones (antes conocido como certificado de Defensa Civil). Además, en junio del 2019, cuando el hoy congresista Daniel Urresti era jefe de Seguridad Ciudadana y Fiscalización de Los Olivos, este local fue intervenido.

Castillo dijo que su municipio cumple su función fiscalizadora “en la medida de sus posibilidades”. La mitad de su personal de serenazgo y fiscalización está infectado con el coronavirus, pero aun con todos operativos no tendría personal suficiente.

(Infografía: El Comercio/Raúl Rodríguez)

—Las responsabilidades—

Horas después de la tragedia, se detuvo a Leandro Montoya Callirgos y su esposa, Irene Díaz Serrano, quienes son representantes legales de Monditex SRL, empresa que sería dueña de Thomas Restobar. Según su registro ante la Sunat, esta compañía se dedica a la fabricación de prendas textiles, calzado y otras actividades empresariales. Ambos llegaron hasta el Departamento de Investigación Criminal de la PNP en Los Olivos, para ser interrogados.

En sus descargos, Montoya Callirgos contó que su local lo alquilaba por S/600 mensuales a Judith Yolanda Ortega Godoy (34). El contrato de arrendamiento venció el 31 de diciembre del 2019 y este no se llegó a renovar.

La PNP acudió a la vivienda de Ortega Godoy en Comas, pero uno de sus familiares le dijo a la Policía que ella no vive en esa inmueble desde enero y que desconoce su paradero.

La penalista Romy Chang explicó que los dueños y administradores de la discoteca tendrán que afrontar su responsabilidad penal por la muerte de estas personas, como ocurrió en julio del 2002 en la discoteca Utopía (Surco), donde murieron 29 jóvenes.

“El responsable directo es el que sabe que su local no cuenta con las salidas de emergencia necesarias ni con la seguridad indispensable para operar y, pese a eso opera, con menosprecio de la vida de las personas”, explicó la abogada y precisó que “en el caso de un homicidio doloso la pena mínima es de seis años y la máxima de veinte años de cárcel”. Agregó que los funcionarios municipales también podrían ser procesados por omisión de sus funciones.

La decana del Colegio de Arquitectos del Perú, Lourdes Giusti, afirmó que las puertas de salida de los locales siempre deben abrir en el sentido del flujo de los evacuantes. Esta regla se aplica para los establecimientos cuyos ambientes tienen un aforo de más de 50 personas, como indica la norma A130 del reglamento nacional de edificaciones. Sobre las escaleras, dijo que deben tener un espacio entre la parte baja y la puerta, situación que tampoco se dio en este caso.

Las muertes se produjeron en la noche del sábado cuando gran parte de los alrededor de 120 asistentes a esta fiesta se atropellaron los unos a los otros y quedaron atrapados y aplastados entre la puerta de ingreso al local y una escalera. El Ministerio del Interior aclaró en un comunicado que la Policía no utilizó en ningún momento armas o gases lacrimógenos para desalojar el local donde se celebraba la fiesta, como afirmaron vecinos de la zona a medios locales. (EFE/ Marlon Flores).

Los 23 detenidos en la fiesta fueron también conducido hasta la Deprincri de Los Olivos. Luego de pasar la prueba rápida, 15 arrojaron positivo para COVID-19.

Por la tarde, el Ministerio Público informó que 11 de los 13 fallecidos dieron positivo en las pruebas de coronavirus. Las necropsias serán practicadas hoy en el Instituto de Medicina Legal.

Funcionarios de la Dirección de Salud de Lima Norte indicaron que se instalarán carpas en el exterior de la discoteca para que los asistentes de la fiesta y sus familiares puedan pasar la prueba. A los policías que intervinieron en la operación se les tomará la prueba molecular el martes.

Desde Arequipa, el presidente Martín Vizcarra lamentó las 13 muertes y dijo que sentía “cólera e indignación por los responsables de organizar este tipo de eventos”. El mandatario pidió una rigurosa investigación y una sanción ejemplar para los responsables.