El 23 de marzo del 2017 fue un día de fútbol. La selección peruana enfrentaba a Venezuela por las Eliminatorios y Shirley Villanueva hizo lo que medio país haría aquella vez: salir del trabajo, reunirse con amigos, ver el partido. Envió un mensaje a su mamá, avisó que estaba en un chifa por la universidad San Marcos y que llamaría al terminar. Lo único que encontraron de ella después fue la ropa que llevaba, arrojada en distintos puntos de la ciudad. Tenía 24 años el día que desapareció.
Cuatro años y seis meses después, la familia sigue buscándola y persiguiendo justicia. El más reciente capítulo legal de esta batalla ocurrió el último 24 de agosto, cuando la Primera Sala Constitucional de Lima ordenó que se admita la demanda de amparo para que el caso se reabra.
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El pedido de la defensa de la familia se sustenta en las contradicciones de los tres amigos que la vieron por última vez: Edgar Pozo, Joseph Velásquez y Bryan Arenas.
El pedido
Edith Aiquipa, abogada del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, institución que lleva el caso desde el 2018, sostiene que hay suficientes indicios para demostrar que la investigación inicial no siguió el debido proceso. El 11 de junio del 2019, los tres amigos fueron sentenciados a dos años de prisión suspendida por los delitos de omisión se socorro, encubrimiento real y violación a las comunicaciones.
“Los jóvenes fueron procesados por delitos menores pese a que no dieron cuenta de inmediato a la policía, mantuvieron contradicciones en su relato de los hechos, manipularon los objetos personales de Shirley y los repartieron en diversos puntos. Eso es un indicativo que hay una probabilidad que se haya cometido un delito mayor. Hay suficientes indicios para que se abra una investigación”, señala la abogada a este Diario.
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Con el fallo a favor, queda pendiente que la demanda de amparo sea analizada y, si es declarada fundada, se realice una nueva investigación desde cero. La defensa pide que esta vez sea por presunto feminicidio.
Las contradicciones a las que se refiere empezaron el mismo día de la desaparición. Según la versión de los jóvenes, después de ver el partido fueron a la playa Marbella de Magdalena, tomaron licor, ingresaron juntos al mar, pero la joven se ahogó. Después de eso, recogieron su ropa y la botaron en tachos de basura, destruyeron el chip de su celular y no reportaron lo ocurrido sino hasta el día siguiente. En su defensa, los jóvenes argumentaron que estuvieron en shock luego del supuesto ahogamiento.
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Sin embargo, el informe pericial informe pericial N° 2447-2917-DIRCRI-PNP-DIRINEC-DEPINEC daba cuenta que los jóvenes tuvieron oportunidad de comunicar lo ocurrido porque estaban en una zona pública y transitada como la Costa Verde.
Norma Rivera, madre de la joven desaparecida, también advirtió de versiones distintas cuando los llamó a la mañana siguiente para preguntarles dónde estaba su hija. Contó que primero le dijeron que la embarcaron en un taxi sola a su casa, luego que se fue con Bryan Arenas en un taxi y, finalmente, que se había ahogado.
El 25 de abril, un mes después de la desaparición, se realizó la reconstrucción de los hechos. La crónica de El Comercio de ese día da cuenta que las declaraciones de los tres jóvenes ante la policía y representantes de la fiscalía fue contradictoria. Joseph Velásquez dijo que el pantalón y la blusa de la joven fue arrojado en un tacho de basura en el parque Aramburú, en las inmediaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La mochila terminó en la casa de Bryan Arenas, en Ate. Velásquez también narró que el día después del supuesto ahogamiento se reunió con sus dos amigos a la altura de la puerta 7 de universidad y decidieron recién denunciar la desaparición de Shirley en una comisaría. Ese día, él arrojó el chip del celular de la joven.
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En agosto de ese año, una investigación de Dirección de Trata de Personas de la Policía Nacional concluyó que la desaparición de la joven “se encontraría asociada a un hecho accidental, que habría provocado su ahogamiento en la playa de Marbella”.
Aunque la reapertura de la investigación no garantiza una sentencia condenatoria, la defensa sostiene que piden la oportunidad de presentar medios probatorios que no se pudieron incluir en la primera investigación.
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“Hemos visto que casi el 90% de las desapariciones de mujeres son por feminicidio. Creemos que con este caso podemos sentar las bases a nivel constitucional sobre los lineamientos frente a la desaparición de mujeres. Vamos a hacer hincapié en todas las contradicciones en el primer proceso”, agrega la abogada.
Según la Defensoría del Pueblo, durante todo el 2020, 5.521 mujeres, niñas y adolescentes fueron reportadas como desaparecidas. Además, una cuarta parte de las mujeres víctimas de feminicidio (34 de 138) habían sido reportadas como desaparecidas, “lo que evidencia una estrecha conexión entre estas dos formas de violencia”.
Este año, de enero a agosto, ya van 3.967 reportes de mujeres desaparecidas. Es decir, cada día, son unos 15 hechos de este tipo reportados. Más de uno cada dos horas.
Una denuncia por desaparición puede presentarse en cualquier comisaría de la PNP. También se puede llamar a la Línea 114. No hace falta esperar 24 horas.
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