Hernán Medrano Marin

Más de 70 periodistas y medios de comunicación han sido denunciados o procesados judicialmente entre los años 2019 y 2022, tras investigar presuntas irregularidades y comisión de delitos que involucran a políticos, empresarios, organizaciones religiosas y otras personas allegadas al poder. Uno de estos comunicadores es Daniel Yovera, quien se encuentra a la espera de la decisión del tras llevarse a cabo, este jueves, la audiencia final de una querella en su contra.

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El periodista fue contratado por la cadena televisiva Al Jazeera para investigar un caso de tráfico de terrenos en Piura ocurrido del 2012 al 2014. De acuerdo al reportaje, titulado “” y publicado en diciembre del 2016, la Asociación Civil San Juan Bautista le pagaba a la organización criminal denominada “La Gran Cruz del Norte”, la más grande de Piura en esa época, para desalojar a gente de escasos recursos de sus viviendas ubicadas en una comunidad de la región.

El trabajo periodístico recoge el testimonio de testigos, personas que señalan haber sido víctimas de hechos violentos y usurpaciones de terreno a manos de esta banda delictiva. Ellas cuentan que con el tiempo se dieron cuenta de que había un vínculo entre la red criminal y la asociación.

Este hecho conllevó a que Alberto Gómez de la Torre Pretell, exrepresentante de dicha asociación, denunciara a Yovera por el delito de difamación agravada. La demanda fue admitida por el Poder Judicial en el 2019, pero tiempo después (enero 2022) fue declarada prescrita de oficio por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria.

Paso a paso del proceso judicial

Tras la decisión del juzgado de declarar prescrito el caso, Tanto Gómez de la Torre como Yovera apelaron. El primero, cuestionando los plazos de la prescripción, mientras que el periodista solicitando un pronunciamiento de fondo. Finalmente, en diciembre de 2022 la Décima Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima ratificó la prescripción.

La defensa de Gómez de la Torre mostró su desacuerdo con el fallo y apeló, argumentando que el caso no debía prescribir ya que el periodista había seguido cometiendo delito. Es decir, utilizó la figura del “delito continuado”. Indicó que durante el 2018 el periodista había hecho tres publicaciones en su cuenta de Twitter en las que colocó el link que dirige al citado reportaje.

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La apelación fue elevada a la Corte Suprema de Justicia, la cual, el mes pasado, resolvió reabrir el caso y le ordenó a la instancia inferior (nuevamente la Décima Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima) pronunciarse. Asimismo, estableció como nueva fecha de prescripción el 23 de junio de 2023.

El pasado jueves 8 de junio, se llevó a cabo una audiencia con ambas partes, en la cual el juez terminó por ordenar el regreso del expediente a la primera instancia (otra vez el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria) para que resuelva “con celeridad”.

En diálogo con El Comercio, Yovera alertó sobre la rapidez con que se ha llevado el proceso, por lo que pidió que esta última y definitiva audiencia se haga de manera pública y el juez conceda a las partes el uso de la palabra. Además, señaló que la denuncia en su contra es una persecución judicial, que atenta contra la .

Este jueves 22 de junio, se realizó la audiencia final de este caso, a las 9.15 a.m., la misma que se extendió por 4 horas aproximadamente. La audiencia finalmente fue pública y transmitida por el canal del ⁦Poder Judicial y redes sociales.

Momento clave en audiencia final

Durante la audiencia, ambas partes defendieron su posición. Sin embargo, hubo un momento particular y clave en el que la parte querellante, precisamente Gómez de la Torre, ante la consulta del magistrado, aceptó que efectivamente el periodista Daniel Yovera no ha expresado en el reportaje, ni en todo este tiempo, algún adjetivo difamatorio en su contra.

El breve diálogo fue el siguiente:

-Magistrado: ¿Cuáles son los términos que el querellado ha utilizado en su contra que usted considera lesivos a su honor?

-Gómez de la Torre: El querellado no ha dicho nada (...)

Terminada la audiencia, Yovera señaló a este Diario que con esta respuesta debería quedar inhabilitada la querella en su contra. Sin embargo, consideró que con el Poder Judicial peruano nunca se sabe.

Hoy se ha demostrado la importancia que tiene para el sistema de justicia y la ciudadanía que los juicios de esta naturaleza sean públicos, pues ante la opinión pública el señor Gómez de la Torre ha admitido que yo no he lanzado ningún contenido difamatorio y todo lo que me ha atribuido durante todo el juicio es lo que han dicho algunos testigos y nada más”, expresó.

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Agregó que en las distintas instancias del juicio siempre pidió a los magistrados que fueran a la fuente original del reportaje: el guion. Ahí, dijo, no hay una sola línea difamatoria en contra de Gómez de la Torre.

La otra parte ha lanzado todo este tiempo, sin ningún rubor, falsedades y medias verdades. Antes decían que todos los testigos del reportaje estaban presos y habían sido condenados por difamación y eso es falso. También decían que yo le había dicho al señor Gómez de la Torre “criminal”, “delincuente”, “sicario”, y eso es falso. A él nadie lo ha acusado de asesinato, ni periodista ni testigos”, sostuvo Yovera.

Para el hombre de prensa lo que ha habido detrás de este juicio no ha sido un intento por recuperar el honor supuestamente mancillado, sino la intención de fabricar la idea de que ha habido difamación. “Me han sometido todos estos años a un proceso judicial sin haber fundamento. Entonces, la audiencia de hoy revela que el juez que admitió esta demanda (que no es mismo de hoy) no tuvo ningún filtro, no realizó ningún trabajo de evaluación previa”, detalló.

En tanto, Yovera mencionó que al margen de la decisión que tome el juez, si lo condena o absuelve, lo deja tranquilo el hecho de que hoy se haya demostrado que la querella en su contra “es absurda, ridícula y nunca tuvo un solo fundamento”.

Mañana (23 de junio) se vence el plazo para la querella. El juez tiene dos posibilidades, o me condena, con lo cual tendría que citar a las partes para la lectura de sentencia, o me absuelve, y ahí ya no es necesario citarnos. Solo notificaría su decisión de resolución”, explicó.

Gremios de periodistas se pronuncian

Varios grupos y asociaciones de periodistas se han pronunciado por este caso. El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) expresó que le preocupa de sobremanera lo que ha pasado a lo largo del juicio contra Daniel Yovera, resaltando que el juez del pasado 8 de junio, tras ordenar el regreso del expediente a primera instancia, pidió a esta pronunciarse con celeridad.

Llama la atención que la justicia peruana, que a veces tarda y no llega, ahora exija celeridad. El Consejo de la Prensa Peruana pide que el caso se archive, pues sienta un funesto precedente para la libertad de expresión, al considerar que la difamación puede ser un “delito continuado””, manifestó.

La CPP resaltó también que el caso de Yovera no puede leerse fuera de los intentos del Congreso por “amordazar a la prensa e imponer cuotas en sus contenidos”. Además, cuestionó, el nombramiento de quien era encargada de comunicaciones de Palacio de Gobierno como presidenta del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. “Lo que hay en el país, desde todos los frentes, es un intento de que los peruanos no se puedan informar sobre las fechorías de sus autoridades”, señaló.

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Por su parte, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresó su solidaridad y respaldo a Daniel Yovera. Dejó en claro que considera absurdo el argumento formulado por la Corte Suprema de Justicia que invoca la figura de “delito continuado” por compartir el trabajo periodístico. Bajo esta lógica, los delitos contra el honor serían imprescriptibles, igualándolos a los crímenes de lesa humanidad.

El ensañamiento contra Yovera es una muestra más de que los delitos contra el honor son usados instrumentalmente por quienes pretenden acallar investigaciones periodísticas”, comentó.

En ese sentido, la ANP exhortó al Poder Judicial que desestime la querella interpuesta por Alberto Gómez De La Torre Pretell contra el periodista, pues este proceso ya había prescrito.

"Correspondería una absolución"

En diálogo con El Comercio, el abogado penalista Aarón Aleman resaltó el hecho de que la audiencia se haya desarrollado públicamente, pues dijo que no había ningún argumento válido para que no se diera así y se deniegue el pedido que hizo Yovera anteriormente.

Según el Código Penal, únicamente la publicidad de la audiencia se ve restringida en 4 causales: cuando se afecta directamente al pudor, cuando se afecta al orden público, cuando se afecta a los intereses de la justicia y cuando está prevista en una norma. Vemos que ninguna de estas acepciones se cumple en este caso. Era totalmente viable que se llevara a cabo una audiencia pública”, detalló.

Respecto a lo acontecido en la audiencia, añadió que lo más resaltante ha sido que el querellante indicó que Yovera no le ha dicho estrictamente nada ofensivo en contra de su buen honor o reputación, con lo cual, no habría ningún tipo de afectación. Por ello, precisó que legalmente hablando lo que correspondería es una absolución.

No se cumple con un dato objetivo de la imputación que es precisamente que exista una afectación en contra del honor. Lo que correspondería entonces es la absolución de Yovera. Conocer la decisión final va a depender de qué tan célere accione el magistrado. Lo que puede hacer es dar un adelanto de fallo, que tendría que hacerlo hoy, para que este pronunciamiento no caiga en un derrotero que es la prescripción”, comentó.