De una escuelita en SJL al imperio de la fachada falsa: José Luna Gálvez, el gestor de tres universidades denegadas

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En una biografía publicada en su página web oficial, se contaba que Juan Luna Peña y Paula Gálvez viajaron a Lima con sus cinco hijos debido a la extrema pobreza. Inicialmente vivían en una invasión en Cantagallo, pero hacia 1961 se mudaron a San Juan de Lurigancho. José Luna Gálvez tenía seis años de edad cuando llegaron allí. ”Aunque desde muy pequeño tuvo que trabajar para ayudar económicamente a su familia, nunca dejó de estudiar. A muy corta edad estaba claro que quería ser un empresario, por eso inició otros negocios, como la venta de tunas y el alquiler de bicicletas. Luego en el segundo piso de su casa estableció una pequeña escuela”, se leía en ese texto.

Pero su publicitada historia de éxito dejó de escribirse en mayo del 2019, cuando la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) le denegó el licenciamiento a la institución más importante de su consorcio educativo: la Universidad Privada Telesup. Pronto se viralizaron las fotografías de un local ubicado en el distrito que lo vio nacer, cuya “fachada falsa” no lograba ocultar la evidente precariedad e improvisación. Meses después, los otros dos centros de educación superior que fundó –la Universidad Ciencias de la Salud (UCS) de Arequipa y la Escuela Internacional de Posgrado (EIP)– tampoco obtuvieron la licencia.

El emporio educativo de Luna Gálvez no cumplía con lo establecido por la Ley Universitaria, por lo que ahora estas tres instituciones deberán cerrar sus puertas. Sin embargo, la historia recién empieza en el ámbito judicial.

Los orígenes de Telesup

Hacia el año 2000, el Consorcio Telesup contaba con los dos centros educativos fundados en 1996: el Instituto Superior Tecnológica no Estatal de Formación Profesional a Distancia “Sabio Nacional Antunez de Mayolo” (Telesup) y el Centro de Educación Ocupacional (ISEL). En ese momento, José Luna Gálvez –quien tenía los títulos de doctor en Educación y magíster en Economía por la Universidad de San Martín de Porres (sí están registrados ante la Sunedu)– ya era congresista de la República por el partido que –junto a su socio político Luis Castañeda Lossio– había ayudado a crear: Solidaridad Nacional. Antes había militado en el Apra.

En el sitio de Internet del consorcio educativo, también se informaba sobre las actividades de la denominada Asociación Por los Pobres del Perú, “que se encarga de administrar el sueldo que dona el congresista de Solidaridad Nacional José Luna Gálvez”. Por ejemplo, en diciembre del 2020 anunciaba que con la entrega de sus ingresos se habían implementado “cinco comedores populares en el distrito de Independencia, equipados con cocinas industriales, menaje y otros enseres”. Telesup, desde esas fechas, era vinculada con este tipo de actos políticos.

En el 2002, dio el siguiente paso para el consorcio: presentó ante el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (Conafu) el “Proyecto de Desarrollo Institucional de la Universidad Privada Telesup”. Antes de la reforma universitaria y la Sunedu, la Conafu, entidad autónoma y adscrita a la Asamblea Nacional de Rectores, evaluaba la calidad educativa y otorgaba licencias provisionales, luego de realizar varias evaluaciones con periodicidad anual. Dicho proyecto fue aprobado por el Conafu en setiembre de ese mismo año, aunque otorgó la autorización provisional de funcionamiento a Luna Gálvez recién dos años después.

El 7 de octubre del 2004, la Universidad Privada Telesup inició sus operaciones con 12 aulas. Se ofrecían 160 vacantes para cada una de sus tres carreras profesionales (Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Agroindustrial y Administración de Negocios). En apenas una década, Luna Gálvez había pasado de tener un colegio no escolarizado en la casa de sus padres a ser el dueño de una universidad, además de cumplir su segundo período como congresista (2001-2006) por la alianza electoral Unidad Nacional.

La reforma y la batalla judicial

José Luna Gálvez empezó a consolidarse como figura política –volvió a ser elegido como congresista por Lima para el período del 2006 al 2011– y socio de Luis Castañeda Lossio, entonces alcalde de Lima. Sin embargo, durante la década pasada ocurrieron dos hechos que tendrían un impacto en su vida personal y sus finanzas: la renuncia a Solidaridad Nacional en el 2016 para formar su propio partido, Podemos Perú; y el inicio de la reforma universitaria en el 2015.

Con la promulgación de la Ley 30220 y la creación de la Sunedu, las 145 universidades públicas y privadas del país debían adecuarse a las nuevas condiciones básicas de calidad (CBC) para seguir operando; por ejemplo, contar con una infraestructura idónea, planes de estudios actualizados, un mínimo de docentes contratados, etc. De aprobar la evaluación, se les otorgaba una licencia de funcionamiento institucional (que en algunos casos reemplazaría a la autorización de la Conafu).

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Telesup participó en el proceso y presentó su solicitud de licenciamiento ante la Sunedu el 16 de octubre del 2017, a fin de que se evalúe el servicio educativo que brindaba en sus 17 establecimientos a nivel nacional (10 sedes en Lima y 7 filiales en otras regiones). Luego de un larga supervisión, en la que la universidad tuvo que desistir de cinco locales y 21 programas académicos de 57 para adecuarse a la norma, la Sunedu le denegó la finalmente licencia el 30 de mayo del 2019.

Solo mes antes de la debacle, en abril del año pasado, Telesup había elaborado su “Plan Estratégico Institucional 2019-2021″, donde identificaba algunas “fortalezas” como sus “precios competitivos” (Luna Gálvez promocionaba en diarios que se podía estudiar en su universidad con S/170 mensuales, según reportó el portal Útero.pe), “la gran cantidad de alumnos debido a los precios competitivos” o “el liderazgo de la alta dirección”. Entre sus “debilidades” establecieron al “bajo nivel de docentes y alumnos que hablan inglés que afecta la internacionalización de la universidad”.

Confirmada la denegatoria de licenciamiento, la universidad presentó un recurso de reconsideración. Sin embargo, este fue declarado infundado en julio del 2019. Así se sellaba el destino –al menos en el ámbito administrativo– de Telesup, que tenía un plazo inicial de dos años para cerrar sus puertas y debía asegurar la continuidad de los estudios de sus más de 20.274 alumnos. Entonces, el consorcio de Luna Gálvez recurrió al Poder Judicial.

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En Bagua (Amazonas), donde Telesup ni siquiera tenía filial, el Segundo Juzgado Civil de la ciudad admitió –en setiembre del año pasado– una demanda de amparo interpuesta por un supuesto estudiante de la universidad, Jhonatan Jesús Hernández Martínez, quien aducía que se habían afectado sus derechos a la educación e igualdad con la denegatoria del licenciamiento. El magistrado Alberto Cohen Vela emitió así una demanda cautelar que suspendía temporalmente la resolución de la Sunedu, una decisión que fue rápidamente anulada en octubre del 2019 tras la intervención de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).

De este proceso judicial no se supo hasta noviembre último, cuando en pleno régimen de Manuel Merino y con Ántero Flores-Aráoz como primer ministro (su estudio de abogados había asesorado a Telesup), la universidad envió una carta notarial a la Sunedu dándole plazo de 24 horas para que acate la medida cautelar dictada en Bagua y se anule la denegatoria de licenciamiento. El documento, que debido al escándalo fue retirado al día siguiente, llevaba la firma del actual gerente general de la universidad, Luis Felipe Luna Morales.

Él es hermano de otro personaje relevante dentro del consorcio educativo: el hijo de Luna Gálvez y actual congresista por Podemos Perú, José Luis Luna Morales.

UCS, EIP y Luna Morales

Durante los primeros años de funcionamiento de la Universidad Privada Telesup, José Luna Gálvez había amasado una fortuna. Al 2011, el excongresista había declarado ingresos mensuales de hasta S/187.600 (eso sumaba una remuneración anual de por lo menos S/2,2 millones), según consta en la hoja de vida que presentó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Ese año también declaró que era propietario de cinco inmuebles (los locales de la casa de estudios en el Cercado de Lima, San Isidro y San Juan de Lurigancho) y cuatro vehículos.

El negocio –bastante redondo– debía expandirse. Así se crearon la Universidad Ciencias de la Salud (UCS) en Arequipa y la Escuela Internacional de Posgrado (EIP) en Lima, que iniciaron operaciones en el 2012. Si bien Luna Gálvez era el presidente del directorio de ambas instituciones, la gerencia recayó luego en José Luis Luna Morales. Egresado de la carrera de Administración y Negocios de Telesup, desde el 2013 se convirtió en gerente general de esa universidad, así como de la UCS y la EIP.

Ambas casas de estudios solicitaron su licenciamiento ante la Sunedu, pero este les fue denegado entre octubre y noviembre del 2019. En el caso de la universidad arequipeña, la superintendencia identificó deficiencias en varias condiciones básicas, como una adecuada infraestructura (riesgos asociados a las actividades desarrolladas en laboratorios y talleres) o líneas de investigación claras (limitaciones para garantizar que los proyectos “sean aprobados bajo estándares de rigurosidad”). Un total de 390 alumnos resultaron perjudicados.

No obstante, meses antes de la denegatoria se realizaron varios movimientos administrativos en la UCS. Luna Gálvez era un personaje poco visible en esta universidad: ni su nombre ni su rostro aparecían en las redes sociales o en su página web institucional, y apenas si se le veía en alguno que otro folleto publicitario. Sin embargo, en diciembre del 2018 se convirtió en el accionista mayoritario de esta institución.

En esa fecha, el directorio de Universidad Ciencias de la Salud S.A.C. —presidido por Luna Morales, e integrado también por Promotora Lilia Gutiérrez Molero e Hijos S.A.C.— admitió su ingreso a la sociedad. Para ello, el excongresista realizó un aporte inicial de S/1′000.000, con lo cual el capital social de la empresa pasó de S/381.980 a S/1′381.980. En mayo del 2019, volvió a realizar un aporte: depositó S/600.000 en efectivo a la empresa societaria. Tras ello, Luna Gálvez sumó 160.000 acciones (80,7% del total) con un valor nominal de S/10 cada una. Su hijo, Luna Morales, llegó a 1.198 acciones (0,6%); y la promotora, 37.000 acciones (18,7%).

Con las tres universidades del Consorcio Telesup ya denegadas, Luna Morales se convirtió en el escudero del legado de su padre. En setiembre del 2019, denunció penalmente al extitular de la Sunedu, Martín Benavides, por presunto abuso de autoridad. Argumentó que la superintendencia había otorgado el licenciamiento a varias casas de estudios después de más de 900 días, “cuando a otras universidades [como Telesup] se las evaluó en un plazo inferior”.

Para las Elecciones Congresales Extraordinarias del 2020, postuló con Podemos Perú y logró un escaño por Lima. Ante el JNE informó que tenía ingresos anuales por más de S/1 millón, además de poseer bienes relacionados con Telesup, UCS, EIP y otros institutos de educación superior de la familia. Este Diario buscó al congresista Luna Morales, pero al cierre de la nota no obtuvo respuesta.

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A los 65 años de edad, José Luna Gálvez enfrenta ahora una posible prisión preventiva por 36 meses, debido a que es investigado por el Ministerio Público como presunto cabecilla de la organización criminal Los Gánsteres de la Política. Según la tesis fiscal, sería el líder y financista de una red delictiva que habría influido en los exintegrantes del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura para favorecer a la elección de Adolfo Castillo Meza como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), en 2017. Luego de ello, habría copado los puestos más importantes de dicha institución a fin de poder inscribir a su partido político.

Su destino depende del mismo Poder Judicial al que ha acudido para salvar del cierre definitivo a su institución emblema: la Universidad Privada Telesup.