Cristina Fernández

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En octubre del 2016 el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones () estableció un plazo de dos años para que las empresas operadoras que prestan servicios de telecomunicaciones retiren sus cables aéreos de 67 áreas monumentales del país. La resolución del consejo directivo señalaba que las municipalidades debían solicitar a las empresas operadoras el retiro del cableado y su instalación subterránea, de corresponder. Sin embargo, ha pasado casi un año desde que venció el plazo y hasta la fecha las operadoras no han cumplido en su totalidad.

La informó que ha notificado a las empresas de telecomunicaciones y electricidad para que procedan a retirar los cables del Centro Histórico. Incluso notificó del tema a la Defensoría del Pueblo, Indecopi y a Osiptel para que dentro de sus competencias sancionen a estas compañías.

Frente al incumplimiento en el Centro Histórico de Lima, hace un mes, el Ministerio de Cultura, en coordinación con la Municipalidad de Lima, volvió a notificar a las empresas de telecomunicaciones y electricidad.

Las zonas monumentales, seleccionadas por el Ministerio de Cultura, se ubican en 17 regiones. Entre ellas se encuentran los centros históricos de Cusco, Trujillo, Arequipa, Lima, Iquitos, Piura, La Punta (Callao). Y dentro de Lima: Pueblo Libre, Chosica, Ancón, Santiago de Surco, Miraflores, Chorrillos, Rímac y Barranco.

“A través del área de Fiscalización y Control, durante este año se ha impuesto sanciones a las referidas empresas, por el incumplimiento de las normas vigentes”, agregó la municipalidad.

Este diario buscó la respuesta de Osiptel sobre el cumplimiento de su resolución, pero la entidad no respondió. En tanto, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería () precisó que es responsabilidad de las empresas de distribución eléctrica, en el caso de Lima, ENEL y Luz del Sur, velar por la seguridad de su infraestructura, lo que comprende la identificación y retiro de conexiones informales. 

“Osinergmin supervisa la subsanación de deficiencias de las instalaciones eléctricas de distribución, así, en lo que va del año hemos realizado 2000 supervisiones a la infraestructura eléctrica en la vía pública en Lima”, agregó.

La entidad explicó que en el caso del cableado eléctrico, al ser solo una empresa la que brinda el servicio de electricidad y alumbrado público a los usuarios, existe solo una red que llega a cada poste y a cada medidor (vivienda). “No podemos hablar de postes repletos de cables eléctricos. La gran cantidad de cables que son visibles en algunas zonas de la ciudad corresponden, en su mayoría, a cables de telecomunicaciones”, respondió a este Diario.

Por su parte, el Indecopi precisó que no tiene competencia alguna en la supervisión o sanción de aquellas empresas que cuentan con cableado aéreo en zonas monumentales.

(Foto: Rolly Reyna / El Comercio)
(Foto: Rolly Reyna / El Comercio)

-Iniciativas legislativas-
Para obligar a las empresas de telecomunicación y de electricidad a retirar sus cables aéreos algunos congresistas presentaron proyectos de ley que proponen un cableado subterráneo.

En enero del 2018, Fuerza Popular presentó una iniciativa para declarar de interés nacional y necesidad pública que las instalaciones eléctricas y de comunicaciones se encuentren en ductos subterráneos. 

Meses después, en junio del año pasado, el congresista Carlos Bruce presentó el proyecto de ley que propone eliminar el cableado aéreo en las ciudades del país y su retiro en el plazo máximo de un año, en vista que las empresas de electricidad y telecomunicaciones no cumplen con retirarlas y siguen instalándolo, pese a que el Reglamento Nacional de Edificaciones permite solo la instalación subterránea. La iniciativa fue decretada a la Comisión de Energía y Minas, que en uno de sus predictamenes limita solo al retiro de los cables en desuso y ampliando el plazo a 2 años para que las concesionarias lo hagan.

“Con esta desnaturalización, las empresas concesionarias quedarán libres de instalar más cables aéreos, poniendo en riesgo la seguridad y la vida de la población. El predictamen no llegó a ser visto en la legislatura pasada y por eso esperamos que la Comisión debata el proyecto de ley, manteniendo su propuesta que, reiteramos, es eliminar el cableado aéreo en las zonas urbanas del país y su retiro en el plazo propuesto de 1 año”, señala el congresista Bruce.

(Foto: Rolly Reyna / El Comercio)
(Foto: Rolly Reyna / El Comercio)

El parlamentario considera que un fuerte lobby fuerte para que esta ley no salga porque las empresas tendrán que invertir. “Actualmente las empresas no están obligadas a colocar sus cables en ductos y las municipalidades no pueden imponer sanciones por los contratos que tienen las empresas, en cambio esta ley modifica cualquier contrato y obliga a los organismos reguladores (Osinergmin y Osiptel) a que supervise”, agrega.

Adicionalmente, en marzo de este año, la bancada Cambio 21 presentó el proyecto de ley que propone modificar el segundo párrafo del artículo 114 del Decreto Ley 25844, a fin de regular la instalación de cableado de los servicios eléctricos y telecomunicaciones. La iniciativa se encuentra a la espera de su debate en la Comisión de Energía y Minas.

(Foto: Rolly Reyna / El Comercio)
(Foto: Rolly Reyna / El Comercio)

-Acciones municipales-
Actualmente la Ley Orgánica de Municipalidades establece que son las comunas (distritales y provinciales) las que deben normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de construcciones de estaciones radioeléctricas y el tendido de cables de cualquier naturaleza. Sin embargo, son pocas las municipalidades que cuentan con ordenanzas para multar a las empresas.

La Municipalidad Distrital de es tal vez una de las pocas comunas que cuenta con una ordenanza que obliga a las empresas (de telecomunicaciones y electricidad) a retirar todos sus cables aéreos y prohíbe la instalación de nuevos en el centro histórico del distrito. La norma fue emitida en agosto último y precisa, además, que los operadores con infraestructura aérea están obligados a retirar los cables y postes, ubicados en todo el distrito, que no hayan sido utilizados durante un año y los que generen peligro. Las sanciones van desde los S/63.000 (15 UIT) hasta los S/105.000 (25 UIT) por incumplimiento.

“No es necesario salir de la zona monumental para ver que todo está lleno de cables en desuso, superpuestos y enmarañados. Las empresas tienen hasta fin de año para cumplir. El plan es llegar al bicentenario de la Independencia con un distrito limpio y ordenado. Las empresas deben entender que no pueden seguir contaminando visualmente y sobre todo poniendo en peligro a la población”, señala el alcalde de Pueblo Libre, Stephen Haas.

(Foto: Rolly Reyna / El Comercio)
(Foto: Rolly Reyna / El Comercio)

En los últimos meses, algunos municipios realizaron operativos para retirar cables aéreos en desuso. Es así que la semana pasada, el Municipio de Barranco, en coordinación con Telefónica, retiró 950 metros de cables que estaban en desuso por más de 1 año. “Estos causaban contaminación ambiental y peligro de desprendimiento”, refirió la comuna.

Mientras tanto, zonas comerciales, urbanas y de alta concentración de personas, como Mesa Redonda o Gamarra, siguen colmadas de cables aéreos y ni los municipios u organismos supervisores hacen más por retirarlas. Este Diario recorrió ambas zonas comerciales y constató el peligro en que se encuentran por los cables enmarañados.