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Los regidores de la Municipalidad de Lima, Carlo Angeles y Víctor Aguilar, presentaron el pasado 5 de agosto un proyecto de ordenanza que busca disponer el requerimiento del carné de vacunación contra el COVID-19 para el ingreso de las personas a algunos establecimientos privados en la jurisdicción de Lima Metropolitana. El objetivo de esta propuesta es promover la participación ciudadana en el proceso de inmunización que se viene desarrollando en el país.
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En diálogo con El Comercio, Angeles indicó que existe una preocupación en el municipio limeño por el aumento de afirmaciones lejanas a la realidad que desacreditan la eficacia de la vacuna Sinopharm y merma la asistencia de las personas a sus centros de vacunación a pesar de estar programadas para recibir la dosis.
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“Hemos visto que los esfuerzos se han visto minados debido a una campaña muy lamentable y potente de desinformación. Se hablan de algunos riesgos inexistentes de la vacuna. Entonces, inspirándonos de algunas otras ciudades del mundo presentamos este proyecto que lo que busca es promover el proceso de vacunación, a través del requerimiento del carné de vacunación contra el COVID-19 para permitir el ingreso a establecimientos privados en Lima Metropolitana”, dijo.
Algunos lugares donde aplicaría esta condición serían los casinos, tragamonedas, restaurantes, estadios, cines, bares, discotecas, gimnasio, entre otros espacios que puede ser normados de manera complementaria vía decreto de alcaldía. Asimismo, la ordenanza plantea que el pedido del carné de vacunación sea de forma gradual, es decir, a los grupos etarios que ya fueron programados para recibir la vacuna contra el coronavirus y a los que se vayan incluyendo.
“Por ejemplo, si una persona de 30 años decidiera entrara a un espacio privado cerrado no se le va a poder condicionar evidentemente el acceso porque aún no le ha tocado vacunarse. Pero si fuese una persona de 40 o 50 años, quien ya ha tenido la oportunidad de inmunizarse y ha decidido no hacerlo sí se estaría restringiendo su ingreso”, explicó el regidor.
Angeles detalló que en la propuesta se ha priorizado a los locales donde por su misma naturaleza la gente se retira la mascarilla. Incluso, algunos de ellos son espacios bastantes cerrados, los cuales terminan por ser focos infecciosos de contagio.
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“El hecho de que impulsemos esta ordenanza va a contribuir, por un lado, al proceso de vacunación por un lado, pero también lo hará con el proceso de reactivación económica. Tengamos en cuenta que en los espacios donde se recibe a personas vacunadas podemos hablar progresivamente de aforos de 100%”, resaltó.
Plazos
El proyecto de ordenanza fue presentado el pasado 5 de agosto y se encuentra en camino a la Comisión de Asuntos Legales y a la Comisión de Salud de la Municipalidad de Lima. Angeles señala que el documento de trabajo está lo suficientemente avanzado como para ser totalmente discutido y, una vez que se haya dado esto, pueda elevarse al Concejo de Lima Metropolitana.
Lo cierto es que el proceso que norma una ordenanza metropolitana puede tomar desde 5 día hasta meses, incluso años. Sin embargo, la coyuntura actual podría llevar a pensar en la celeridad en el debate de algunas iniciativas, tales como esta.
“Sabemos que el proyecto es susceptible, delicado por tratarse de un tema como lo es el COVID-19, por lo que el proceso puede ser más rápido. Lo que nosotros apuntamos, con un poco de suerte, es que hasta este jueves podamos tener un primer debate en la Comisión de Asuntos Legales, para que al siguiente jueves podamos tener la opinión técnica del equipo legal de la Municipalidad de Lima. Tras esto, lo siguiente sería tener un debate dentro de 15 días en el Concejo, con todos los insumos legales”, precisó Angeles.
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Sanciones
El regidor de Lima detalló que las ordenanzas no tienen carácter penal, solo administrativo. Estas modifican el cuadro de infracciones y sanciones admirativas de la Municipalidad de Lima e incorpora dentro de la línea de acción de salud e higiene algunas medidas como multas, que en el caso del presente proyecto contempla un máximo de 3 UIT (monto netamente referencial y sujeto a cambio).
“Las sanciones administrativas serían tanto a los establecimientos comerciales, como en el caso de que no controlen el acceso y verifiquen debidamente que los clientes se hayan vacunado, así como a algunos usuarios que, tal vez, intenten ingresar a la fuerza al local”. resaltó.
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