Informalidad, contrabando y automedicación: las dificultades del gobierno para frenar la venta irregular del fentanilo en el país

En el local Botica de Jesús, el equipo de fiscalizadores y policías comprobó -según detallaron en un comunicado de prensa- que se expendía fentanilo inyectable sin solicitar la receta médica correspondiente. Esto motivó a que la autoridad retenga siete ampollas del medicamento y se procedió al cierre temporal del lugar. En total se encontraron 150 medicamentos presuntamente adulterados. La suma de infracciones ha derivado en una multa de cinco Unidades Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a 25.750 soles.

Otras tres boticas y un almacén, ubicados frente al Hospital Arzobispo Loayza, fueron cerradas temporalmente como medida de seguridad sanitaria, porque -según se dio a conocer por medio de un comunicado de prensa- estos establecimientos no permitieron el ingreso de los funcionarios de salud. Según indicó la entidad de Lima Centro, se incautaron de 2.500 medicamentos en el operativo realizado en las farmacias cercanas al mencionado nosocomio.

En una entrevista exclusiva con El Comercio, el doctor Edwin Quispe, director de Medicamentos, Insumos y Drogas de la Diris Lima Centro, resaltó que solo se encontró fentanilo en la primera botica mencionada líneas arriba. “No tenían la documentación que sustente la adquisición de este fármaco. Por eso hemos procedido a la incautación”, mencionó. El vocero explicó que la venta de estupefacientes -como lo es el fentanilo- y psicotrópicos son sustancias farmacéuticas permitidas para su distribución comercial, siempre y cuando se cumpla con las exigencias y leyes al respecto.

“Cuando un establecimiento [de venta de medicinas] solicita su habilitación inicial, debe manifestar, a través de una declaración jurada, si va a manejar o no estupefacientes o psicotrópicos”, explicó. “Si se le autoriza, cada trimestre debe presentar un balance de drogas. Este cómputo debe contener todos los detalles de las adquisiciones [de estos fármacos controlados] y las salidas. Asimismo, se deben presentar las recetas médicas [que sustenten la cantidad de dosis expedidas]”, detalló el funcionario. Quispe reiteró que el uso del fentanilo “es muy focalizado y tiene un mercado que no es tan elevado”.

De los casi 2.700 establecimientos donde se expenden medicamentos en Lima Centro, solo 390 de ellos cuentan con los permisos para la venta de estupefacientes y psicotrópicos. Así lo confirmó el Quispe a El Comercio y responde a lo que informó este Diario tras recorrer diversas farmacias y boticas de la ciudad: la mayoría no ofrece fentanilo. En algunos casos, los representantes de estos lugares aludían que se trataba de un fármaco poco demandado. En otros, reiteraban que era un medicamento controlado.

Para el representante de la Diris Lima Centro, existen dos posibles explicaciones para la comercialización irregular de estos fármacos. “En primer lugar, hay que ratificar que puede haber un mercado negro que esté abasteciendo [a establecimientos no permitidos] con estos productos. También se puede deber a una brecha en la seguridad por parte de las compañías distribuidoras”, fueron las palabras del funcionario.

En entrevista con El Comercio, el exministro de Salud, Víctor Zamora, reveló que la mayor cantidad de los fármacos controlados “se entregan [por la distribuidoras] directamente al Ministerio de Salud y a las clínicas. Solo algunas farmacias lo venden”. Zamora aclaró que existe una vigilancia constante y efectiva al sector formal que comercializa estos medicamentos. El exjefe del Minsa considera que existen dos fuentes de fentanilo no regulado: el contrabando y el robo sistemático de medicinas en los establecimientos de salud.

Abel Salinas, también exministro de Salud, confirmó a este Diario que la sustracción de medicamentos es un problema real y documentado. “Es algo que conocemos de años. El reetiquetado de medicamentos es una problemática real”, retrató el médico. Según su análisis, “la Digemid no tiene capacidades para controlar eso”. Asimismo, describió el alijo de fármacos como un “problema lamentablemente incalculable” y “una amenaza”.

Milton Rojas, psicólogo especializado en farmacodependencia y coordinador de la oenegé Cedro, opinó en comunicación con este Diario en la misma línea. “En el ámbito clínico y hospitalario hay un control relativamente estricto, los pacientes y médicos que [emplean] opioides están empadronados. En el Perú, la vigilancia de estos medicamentos parece muy bien controlada, pero se filtran por las fronteras y llegan a sitios [clandestinos] donde uno puede acceder a medicamentos vencidos, adulterados, robados, de todo”, dijo el psicólogo. Para Zamora, lo más probable es que el fentanilo no regulado se esté utilizando para el ejercicio clandestino de la medicina.

“Nadie tiene idea de cuántos establecimientos que venden medicamentos hay en el país, ni el Minsa tiene la capacidad de saber cuántos medicamentos tiene [el sector público]. Eso se debe a que la autoridad sanitaria, y el Estado en general, es débil”, alertó Zamora. Incluso, el exministro definió que “el Ministerio de Salud dice que es autoridad, pero no lo es”, en referencia al fraccionamiento regional del sistema de salud. “Este es un buen intento de sistema [administrativo], pero viendo el escenario tan complejo, se necesita hacer una revisión y reestructuración”, dispuso Rojas.

Resultado de esto -arguyeron los especialistas- no hay claridad sobre el movimiento de fármacos, del stock de medicamentos ni del consumo -clínico o recreacional- de estos. “En la Digemid hacen lo posible para [regular] la distribución formal. Sin embargo, se encuentran con varias limitaciones. Por ejemplo, en el Perú hay un enorme problema de automedicación”, detalló el vocero de Cedro. “El principal recetador del Perú no son los médicos, son los técnicos que atienden en las farmacias”, reafirmó Zamora.

En el informe de El Comercio que reveló la comercialización irregular de fentanilo, Rojas advirtió que en el Perú no hay registros confiables, recientes ni actualizados sobre el consumo e ingreso de sustancias clandestinas. “Si bien no tenemos datos confiables de que estén apareciendo consumidores [de opioides], eso no quiere decir que no exista un subregistro”, indicó. Referente al manejo de las drogas como problema de salud pública, Salinas argumentó que “[no hay acciones] más allá de algunos anuncios que puedan hacer eventualmente nuestras entidades sanitarias, estrictamente populistas”.

La Digemid es la encargada de controlar y fiscalizar la comercialización de estos productos. “Un tema que lamentablemente enfrenta nuestro sistema de salud es que la Digemid tiene serias limitaciones técnicas, de recursos humanos, financieras y administrativas para poder llevar a cabo una verdadera supervisión de los medicamentos en general, no solo narcóticos y psicotrópicos”, mencionó el exministro Salinas. “La gran limitación [de dicha Dirección] es su estructura orgánica. [Las brechas de fiscalización] pueden ocurrir en Lima Metropolitana, pero es peor a nivel regional, donde tiene menos presencia”, agregó.

Para Salinas, la Dirección de Medicamentos debe “convertirse en un organismo autónomo, en una gran superintendencia, como lo tiene Colombia, Chile, México, Estados Unidos, etc.” En la misma línea, el exministro de Salud dispuso que otra gran falencia del sistema de salud “es la compra oportuna, el almacenamiento y la distribución de los medicamentos. Eso lo hace el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud; sin embargo, no tiene una política definida”. El entrevistado mencionó que “en el periodo del actual ministro, se han designado siete jefes. Cada dos meses cambia de jefatura, lo que impide una gestión adecuada”.

En una entrevista con Canal N, Eduardo Cruz, subdirector de prevención del consumo de drogas de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), indicó que no es la primera vez que las autoridades han confiscado fentanilo distribuido de manera ilegal. Opinó también que “los controles [para detectar el movimiento de fármacos de forma irregular] son un poco difíciles de hacer si no hay un aparato que pueda fiscalizar el total de boticas y farmacias”. Ante esto, Cruz reveló que se está trabajando en implementar un sistema de alerta temprana, que ya existe -según el subdirector- en Colombia, Chile y Uruguay y otros países.

Rojas explicó que estos sistemas “tienen que ver con usar información fresca y continua sobre el consumo de drogas”. Indicó que se emplea la información que manejan diversas autoridades y establecimientos, como la Policía, las morgues, hospitales, clínicas, y toda institución que tienen acceso al mundo del abuso de sustancias. “Cada uno reporta y alimentan el sistema” y así se puede generar alertas cuando se identifique el consumo o ingreso de una nueva droga al país, aclaró Rojas. Para el representante de Cedro, es de suma importancia “capacitar a los profesionales de salud [porque] en el Perú somos expertos tratando el abuso de cocaínicos, pero hay muy poca experiencia con opioides y otras drogas”.