Poder Judicial tiene en sus manos resolver la apelación en un proceso de amparo iniciado hace más de 10 años por la compra de Epensa.
Poder Judicial tiene en sus manos resolver la apelación en un proceso de amparo iniciado hace más de 10 años por la compra de Epensa.
/ EDUARDO CAVERO
Redacción EC

El día de ayer se llevó a cabo la vista de la causa en el proceso de amparo iniciado en el año 2013 por 8 periodistas que cuestionaban la compra por parte del Grupo El Comercio de Epensa (hoy PrenSmart S.A.) a la familia Agois. En esta diligencia, se revisó el recurso de apelación planteado por los demandados contra la sentencia de primera instancia emitida por el destituido juez Ricardo Macedo Cuenca, escuchando los magistrados superiores a cada uno de los abogados de las partes, quienes sustentaron sus fundamentos.

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Se resaltó, entre otros argumentos, que la tesis de la demanda sobre el riesgo de pérdida de pluralidad informativa alegada no sólo no se ha cumplido luego de 10 años de efectuada la compra, sino que por el contrario ésta ha aumentado. Eso, no sólo por los más de 35 diarios sólo en Lima y 75 a nivel nacional que existen, sino, además, por la fuerte competencia que se ha generado por la disrupción digital, y la consiguiente aparición de nuevos medios digitales e, incluso, redes sociales, a través de las cuales se difunde un sinnúmero de información y opiniones.

De esa manera, al pretenderse sustentar una supuesta afectación por la preferencia de los ciudadanos a informarse a través de alguno de los 6 diarios del Grupo El Comercio, pese a la cantidad de competidores o sustitutos, lo que en verdad se estaría poniendo en cuestión es el derecho que tienen los lectores a decidir por que medios informarse.

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Los especialistas sustentaron, además, lo riesgoso es que en el Poder Judicial, a través de un proceso de amparo, el cual no tiene ni siquiera etapa probatoria, se pretenda calificar la estructura del mercado para pronunciarse sobre una operación entre empresas privadas, poniendo en riesgo no sólo la libertad de empresa, de propiedad, y el derecho de contratación; sino lo que es más peligroso, atribuyéndose la capacidad de poner en tela de juicio la existencia de pluralidad informativa en el país. Eso sería sin duda, una de las formas más peligrosas y menos admitida de restricción de la libertad de expresión.

Se espera que la Sentencia Superior se emita en las próximas semanas.

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