Hasta 30 años por robo de celulares: qué implican las nuevas medidas penales, reacciones y cifras de este delito en el país

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En ese contexto, el Ejecutivo aprobó el último lunes, un decreto legislativo con el que pretende “fortalecer la prevención y la lucha contra el comercio ilegal de teléfonos celulares en el país”, en el marco de las facultades legislativas delegadas por el Congreso en materia de seguridad ciudadana. Dicha norma modifica el Código Penal e incorpora como agravante el robo de equipos terminales móviles (celulares), informáticos u otros similares.

Asimismo, la norma señala que el robo de teléfonos móviles será sancionado con pena privativa de la libertad de 12 a 20 años. Vale precisar que anteriormente el Código Penal no brindaba una pena específica al “robo de celulares”, sino más bien este estaba incluido en el tipo de delito de “robo”, “robo agravado” o “hurto”.

En tanto, en el caso que para cometer el robo del teléfono celular el delincuente utilice explosivos o un vehículo motorizado la pena será de 20 a 30 años de prisión.

El Ejecutivo también indicó que el decreto legislativo incorpora la modalidad de receptación, entendida como la provisión de documentos para ocultar, encubrir o disimular el origen ilícito del bien o de sus partes. Agrega también una pena por comercializar o importar equipamiento que permita la adulteración de los códigos IMEI, MAC o SIM del equipo.

Por último, la norma incorpora dos tipos penales: la posesión ilegítima de SIM cards activados y la comercialización de equipos con IMEI alterado, reemplazado o duplicado.

El abogado penalista Aarón Aleman precisó a este Diario que el Decreto Legislativo aprobado por el Consejo de Ministros ha conllevado hasta cinco cambios en nuestro Código Penal. Explicó que el primero de ellos concierne al delito de Robo Agravado, ampliando sus modalidades e incluyendo como una de ellas el robo de celulares, equipos informáticos u otros similares, con una pena máxima de 20 años de prisión.

En segundo lugar, indicó que se adiciona como extremo punitivo máximo el de 30 años de pena privativa de la libertad - como modalidad agravada específica - cuando el robo se produzca a partir de la utilización de explosivos o vehículos motorizados.

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“Esto último es lo cuestionable. En este escenario, el Estado peruano reconoce una vez más que la política criminal de nuestro país está enfocado únicamente en el incremento de penas, en lugar de colocar su foco de atención en la prevención del delito y, principalmente, en la inversión en educación, trabajo e instituciones capaces de generar y brindar mayores oportunidades a la sociedad, para así conducir sus vidas lejos del crimen”, señaló el experto.

Aleman sostuvo que la gran problemática radica en los impactos negativos inversos que desencadenará esta medida, no solo tener un mayor hacinamiento en las cárceles del país, sino un incremento de destino del presupuesto público para cubrir los gastos de los presos durante su encierro.

“Esto último es en lo que prefieren no incidir. En efecto, tener más tiempo en prisión a alguien, significa al mismo tiempo mayores costos para la sociedad”, dijo.

Respecto al tercer cambio, el penalista precisó que significa la ampliación del tipo penal de receptación, lo cual consiste en dos aspectos: a) la provisión de documentos para ocultar, encubrir o disimular el origen ilícito del bien o de sus partes y b) comercializar o importar equipamiento que permita la adulteración de los códigos IMEI, MAC o SIM. “En ambos supuestos se podrá sancionar hasta con 12 años de pena privativa de la libertad”, aclaró.

En tanto, el cuarto y quinto cambio radica en la penalización de dos conductas criminales específicas: la posesión ilegítima de SIM cards activados y la comercialización de equipos con IMEI alterado, reemplazado o duplicado.

“A tenor de ello, se busca cerrar los espacios de impunidad que generaba el delito de robo agravado, por cuanto ahora se sanciona no solo la posesión de un bien ilícito (celular robado), sino también todo el proceso que implica la transformación, la comercialización y otras formas delictivas que rodean el delito de receptación para combatir frontalmente la inseguridad ciudadana”, detalló Aleman.

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Ante estos cambios, el especialista dijo que es menester destacar que cualquier intervención de la Policía Nacional consistente en requerir, revisar y/o retener los celulares de los ciudadanos “constituyen un acto arbitrario”, siempre y cuando esta intervención no haya sido justificada previamente la vinculación del sujeto intervenido con alguna actividad delictiva.

Por su parte, Karla Cárdenas, abogada penalista del Estudio Linares, comentó que el artículo 189 de nuestro Código Penal prevé la figura del robo agravado y establece una serie de circunstancias como agravantes. Si alguna de estas circunstancias coincide con el hecho delictivo se aplicaría entonces la pena mayor. Sin embargo, este artículo no consideraba como un agravante el hecho de robar específicamente un celular.

“No se establecía que una pena determinada si el robo comprendía el apoderarse de un celular, no se encontraba establecido como un agravante. Con esta modificación, lo que se va a ser es sancionar con 12 a 20 años de prisión a quien comete el robo de este dispositivo”, explicó.

Cárdenas detalló que algunos agravantes que están contemplados en dicho artículo son el cometer el robo a mano armada o ingresar a un inmueble habitado y durante la noche. “Básicamente son 8 los tipos de agravantes”, dijo.

La experta agregó que en el mismo artículo 189 del Código Penal que habla sobre el robo agravado, en un segundo párrafo, se establece una sanción mayor para otras causales, con un rango de pena a 20 a 30 años.

“Esta norma especifica que esta pena se dará también si se comete el robo a celulares con haciendo uso de explosivos y en moto”, indicó.

El alcalde de Surco, Carlos Bruce, criticó en parte la reciente norma aprobada por el Gobierno que aumenta las penas por robo de celulares. Señaló que primero se debería revisar todo el sistema de justicia para subsanar las fallas que dificultan una sanción efectiva contra los delincuentes.

“Sabemos que en el Perú el incremento de penas no ha traído como consecuencia una disminución de esos delitos. En la medida que no haya serenos o policías en cantidad suficiente en la calle, es poca la probabilidad de que el ladrón sea atrapado”, indicó.

Bruce consideró que se debe priorizar que la policía tenga mayor tiempo para hacer un atestado sólido, y así el Ministerio Público no termine por liberar a los delincuentes y el Poder Judicial dicte una sentencia rápida y enérgica.

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“Si la probabilidad de que el ladrón sea atrapado es muy baja, no importa qué penas pongan. Y si es atrapado, la probabilidad de que lo liberen es alta, como hemos visto en muchos casos. Usted puede tener hasta pena de muerte y al ladrón no le importa, cree que no va ser atrapado. No va a tener un efecto disuasivo”, agregó.

Por ello, la autoridad edil sostuvo que si bien la norma “va en el sentido correcto, no es el tema central”.

Por su parte, la abogada Karla Cárdenas dijo que lo que pretende el Gobierno con el decreto legislativo recientemente aprobado sería tratar de intimidar al delincuente para que desista de cometer el delito de robo de celular. En esa línea, consideró que aumentar penas no cumpliría realmente un factor preventivo contra este tipo delito, tal como lo ha planteado el mismo Ejecutivo.

“Lo que se hace usualmente es, mediante el aumento de la sanción, buscar intimidar y decirle al delincuente: “Mira, tú cometes este delito, vas a tener una pena de 30 años”. Pero obtener resultados no solamente va a depender de cuán severo se busque castigar, sino también que se tenga la certeza de que se aplicará la norma. Muchas veces se trata de un tema del populismo punitivo, donde se agravan sanciones, pero nada más”, comentó.

Cárdenas resaltó que un modelo de prevención no solo implica agravar las penas, sino también otros factores que se tienen que analizar, como medidas complementarias que repercutan en la sociedad, pues agregó que ya existen penas altas para quienes cometen robos bajo determinadas causales (aunque no precisamente robo de celulares) y no hay un real impacto en el descenso de dichos delitos.

“No es no es lo único que se necesita para que la persona adopte una idea de que mejor no comete el delito. No siempre aumentar las penas va a ser la salida”, destacó.

En julio del 2018, en Trujillo (La Libertad), un hombre fue condenado a 20 años de prisión por el robo de un celular y al pago de una reparación civil de 4 mil 500 soles a favor de la víctima. Se trata de Iván Tirado León (27), acusado por el delito de robo agravado. Su cómplice, Jhon Peralta Echevarría (31), fue condenado a 12 años de cárcel.

Los hechos ocurrieron la noche del 13 de enero de ese año. Los dos hombres interceptaron a una pareja de jóvenes y les despojaron de sus pertenencias en la avenida Húsares de Junín. Al denunciar el robo, los policías ubicaron a los responsables y los intervinieron. La fiscal María Benites Goicochea sustentó la acusación.

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En tanto, en abril del 2021, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de El Pedregal (Arequipa), logró que se dicte sentencia condenatoria de 13 años y cuatro meses de pena privativa de la libertad contra Dante Alata Quea, como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado en grado de tentativa, al haber sustraído un celular a una menor de 17 años.

La fiscal adjunta provincial Madeline Quispe Condori sustentó la acusación en contra de Alata y adicionalmente obtuvo una reparación civil de 1.800 soles en favor de la agraviada.

En juicio la fiscal probó que el acusado la noche del 30 de julio de 2020, en la avenida Shuton con la calle Víctor, sujetó por el cuello a la menor agraviada y amenazó para luego sustraer el celular de su cartera, ocasionándole lesiones en la pierna antes de darse a la fuga.

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) proporcionó a El Comercio diversos datos referentes al robo de celulares a nivel nacional en lo que va del año.

En setiembre del 2023, las empresas operadoras móviles han registrado un promedio diario de 4.659 reportes por robo en todo el país. Esta cifra es menor a la registrada antes de la pandemia (más de 5.900 robos diarios en promedio) y ligeramente mayor a las registradas en junio (4.567), julio (4.646) y agosto (4.585) de este año.

En tanto, de enero a setiembre del 2023, se han reportado en total 1′286.435 robos de celulares, de acuerdo a la información facilitada por las empresas operadoras al Osiptel. De este total, 139.774 corresponde al mes de setiembre. Mientras que el mes que registró con mayor cantidad de robos de estos equipos en lo que va de este año fue mayo, con 150.553.

Por otro lado, de acuerdo al Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), de enero a setiembre, la mayor cantidad de reportes de equipos móviles robados por hora se realizan los días lunes (232), sábado (207) y martes (191).

Osiptel también detalló que las 10 de la mañana (347), el mediodía (315) y las 7 de la noche (313) son las horas pico de mayor robo de celulares durante la semana.