Iglesias evangélicas podrían administrar colegios públicos: estos son los objetivos del PL

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“La finalidad de la ley es precisar que las Iglesias Cristianas Evangélicas pueden suscribir convenios para gestionar o administrar las instituciones educativas públicas de la Educación Básica”, se lee en el documento. Para ello, plantea una modificación al artículo 71 de la Ley 28044 (Ley General de Educación), el cual brinda detalles sobre los tipos de gestión de las instituciones educativas.

Dicho artículo se encuentra actualmente redactado de la siguiente forma:

“Artículo 71.- Tipos de gestión de las Instituciones Educativas

Las Instituciones Educativas, por el tipo de gestión, son:

a) Públicas de gestión directa por autoridades educativas del Sector Educación o de otros sectores e instituciones del Estado.

b) Públicas de gestión privada, por convenio, con entidades sin fines de lucro que prestan servicios educativos gratuitos.

c) De gestión privada conforme al artículo 72.”

Asimismo, se quiere modificar en los siguientes términos:

“Artículo 71. Tipos de gestión de las Instituciones Educativas

Las Instituciones Educativas, por el tipo de gestión, son:

a) Públicas de gestión directa por autoridades educativas del Sector Educación o de otros sectores e instituciones del Estado.

b) Públicas de gestión privada, por convenio, con la Iglesia Católica, Iglesias Cristianas Evangélicas y entidades sin fines de lucro que prestan servicios educativos gratuitos.

c) De gestión privada conforme al artículo 72.”

Se sabe que el pasado lunes 8 de julio, el proyecto de ley fue enviado a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso para su estudio y dictamen. El Comercio solicitó una opinión al Minedu sobre esta iniciativa, pero comentaron que por el momento no se pronunciarán sobre el tema, ya que precisamente aún se verá en comisión.

Como parte de la exposición de motivos, el proyecto de ley resalta que nuestro ordenamiento jurídico permite que las instituciones educativas públicas tengan dos tipos de gestión: pública, con autoridades directas del sector educación; y privada, cuando la gestión recae en grupos privados sin fines de lucro. Esto está regulados en el artículo 71 de la Ley 28044 (Ley General de Educación).

Asimismo, el Reglamento de la Ley 28044 precisa en su artículo 130 que la institución pública de gestión privada comprende a la Iglesia Católica e instituciones privadas sin fines de lucro mediante convenios suscritos con el Minedu o los gobiernos regionales.

“Artículo 130.- Tipos de gestión de instituciones educativas

Las instituciones educativas son públicas o privadas. Por el tipo de gestión pueden ser:

a) Públicas de gestión directa. Son creadas y sostenidas por el Estado, son gratuitas y están a cargo de autoridades educativas nombradas o encargadas por el sector Educación, otros sectores o instituciones del Estado. Los inmuebles y bienes son de propiedad estatal y el pago de remuneraciones es asumido por el sector Educación u otro sector de la administración pública que esté a cargo de la institución educativa.

b) Públicas de gestión privada, a cargo de entidades sin fines de lucro que prestan servicios educativos gratuitos en convenio con el Estado. En este tipo se encuentran las instituciones educativas públicas creadas y sostenidas por el Estado, que son gestionadas o administradas por la Iglesia católica y entidades privadas mediante convenio con el Ministerio de Educación o el Gobierno Regional. Los inmuebles y equipos son de propiedad del Estado o de la entidad gestora y las remuneraciones del personal son asumidas por el Estado.

Tomando en cuenta lo expuesto, el proyecto sostiene que la poca precisión tanto del artículo 71 de la Ley 28044, como del artículo 130 de su reglamento, respecto a qué entidades privadas sin fines de lucro pueden gestionar instituciones educativas públicas “ha permitido que se interprete estas disposiciones de forma distinta en todo el país”.

“En efecto, si bien el reglamento se refiere a las entidades sin fines de lucro como a la “Iglesia Católica y entidades privadas” en forma general, al momento de aplicar estas disposiciones se realiza en forma literal, interpretando que sólo la Iglesia Católica es competente para suscribir convenios y ninguna otra confesión religiosa como las Iglesias Cristianas Evangélicas, lo cual no era el fin de la norma legal y reglamentaria”, refiere.

Por estos argumentos, concluye que es necesario modificar el artículo 71 de la Ley 28044 con la finalidad de hacer más precisa la aplicación de las normas y no permitir interpretaciones ambiguas. El objetivo es que “se disponga que las Iglesias Cristianas Evangélicas, al igual que la Iglesia católica, cuentan con la posibilidad de suscribir convenios tanto con el Ministerio de Educación como con los Gobiernos Regionales”.

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En tanto, en la parte del análisis del costo-beneficio, la iniciativa legislativa destaca que la suscripción de convenios de gestión con las Iglesias Cristianas Evangélicas puede incluir mejoras de infraestructura o equipamiento financiadas por estas entidades religiosas en forma directa, sin necesidad que el Estado invierta recursos en ello.

La congresista Milagros Jáuregui indicó a El Comercio que su proyecto de ley no busca crear alguna disposición o medida en beneficio de las iglesias evangélicas y en desmedro de otras instituciones. De hecho, aclaró que la norma actual ya permite que entidades privadas sin fines de lucro, como las iglesias en general, puedan gestionar instituciones educativas públicas previo convenio con el Minedu.

En ese sentido, mencionó que el propósito del proyecto es hacer una precisión en la normativa, pues la falta de esta viene generando confusión en algunas zonas del país, donde los gobiernos regionales no llegan a ningún convenio con las iglesias evangélicas que muestran interés en invertir en la educación de niños y niñas de una determinada localidad mediante la administración de una determinada escuela pública.

“Este proyecto no busca crear absolutamente nada. Ya existen colegios públicos que viene siendo gestionados por iglesias católicas. Lo que busca esta propuesta es hacer una precisión normativa, pues en algunas regiones se viene interpretando que los convenios con iglesias cristianas evangélicas no son posibles, al no estar contemplado de forma textual, Sin embargo, los funcionarios del Minedu nos han señalado que la interpretación de la norma sí lo permite”, explicó Jáuregui.

La congresista detalló que el rol de las iglesias evangélicas será igual al que cumplen las iglesias católicas u otras entidades que administran colegios públicos, los cuales son reconocidos por la sociedad sin ningún problema. Negó que haya un intento de adoctrinar en dicha religión a los estudiantes, cambiar los cursos que se dictan, contratar docentes, interferir en el currículo o restringir ciertos materiales educativos. Afirmó que el único interés de este grupo es cumplir una labor social.

“Así como la iglesia católica, también la iglesia cristiana evangélica puede no solo gestionar colegios públicos, sino invertir en mejorar su infraestructura y equipamiento. Es una oportunidad que no deberíamos dejar pasar, ya que conocemos el estado de los colegios actualmente y es algo que el Minedu no lo va a cambiar de un día para otro. Entonces, podríamos recibir la ayuda ambas iglesias para que se brinde un mejor servicio a partir de la inversión privada. No se va a cambiar nada. Las iglesias se encargarían de la gestión y se inculcaría valores que compartimos todos, como el respeto, la solidaridad, la responsabilidad, el trabajo, entre otros”, manifestó.

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Jáuregui también contó que el proyecto nació luego de que recibiera la visita de representantes de las iglesias evangélicas, quienes le expresaron su interés en apoyar la educación pública, pero que se han visto impedidos debido a una serie de obstáculos. Añadió que de haber otro grupo interesado en el mismo propósito se debería tender puentes también.

“Estas personas vinieron a verme. En todo caso, si existiera algún otro tipo de iglesia interesada en apoyar la educación pública con financiamiento y equipamiento también serían muy bienvenidas. No estamos en condición de rechazar ayuda en beneficio de los niños. El Minedu necesita ayuda de la sociedad civil, de empresas, de iglesias, creo que todos debemos poner el hombre para poder sacar adelante la educación pública”, sostuvo.

Por su parte, José Luis Gargurevich, exviceministro de Gestión Institucional de Educación del Minedu, señaló a este Diario que la Ley General de Educación ampara que las instituciones educativas públicas puedan ser gestionadas directamente tanto por el Estado, a través del Minedu y los gobiernos regionales, como por el sector privado. Ejemplo de ello es el caso de los colegios Fe y Alegría, cuya administración recae en la iglesia católica desde hace varios años, siendo un caso de éxito. En esa línea, consideró que en verdad no hay razón por el cual negarle a la iglesia evangélica la misma oportunidad, pues la norma actual no la excluye.

“Si bien yo puedo tener un servicio público, puedo encargarle la administración a un privado que tenga la experiencia necesaria, y el Estado peruano tiene una experiencia de larga data en ello. No solo pasa en educación, en salud también. Es una buena práctica que encargues servicios públicos y te ayudes con los privados. Técnicamente no hay fundamento para negar o excluir a ciertas organizaciones o grupos de dicha facultad y solo permitírselo a la iglesia católica. Cualquier apertura a más privados o más participación de la sociedad civil para ayudar a administrar escuelas está bien”, comentó.

No obstante, Gargurevich dijo que que es necesario plantear una alerta en cuanto a la verdadera razón por la que la iglesia evangélica quiere entrar en el negocio educativo, conociendo de antemano que sus representantes políticos en el Congreso siguen proponiendo proyectos de ley en contra del currículo nacional, de la educación por la memoria histórica del país, en contra de la educación sexual integral, en contra del enfoque de género, entre otros temas. Por lo expuesto, opina que detrás hay una intención de pervertir el sistema educativo en base a creencias religiosas

“Si ese es el actuar de los de los representantes políticos de las iglesias evangélicas entonces sí hay una clara intención de querer participar en el sistema educativo no con fines de alinearse al currículo nacional o al proyecto educativo nacional, sino más bien de hacer modificaciones en base a dogmas, prejuicios grupales, y eso no se debe permitir. Hay que entender por qué ahora que hay presencia política de las iglesias evangélicas se está proponiendo este proyecto. Habría que analizar”, resaltó.

Gargurevich también mencionó el protagonismo actual que han cobrado las iglesias evangélicas en Latinoamérica, logrando tener representantes en espacios políticos. Esta situación los ha ayudado, detalló, a colocar una agenda conservadora y en algunos casos a restringir derechos a las comunidades LGTBI, denominándose grupos pro familia o integrando colectivos como el de “Con mis hijos no te metas”, que se muestra en contra del enfoque de género. Es decir, ese es el ámbito en el que los grupos evangélicos han invertido en toda la región.

“Creo que a diferencia de los grupos católicos, ellos sí han tenido una estrategia de inmersión política, por eso es que hay que mantenerse alerta, no pecar de ingenuos y pedir se explique cuál es la intencionalidad. En mi opinión, creo que la intencionalidad es estar cada vez más cerca del aula. Los congresistas que representan a estos grupos evangélicos sacaron un proyecto de ley para exonerar a estudiantes de educación sexual en colegios privados, por ejemplo. También aprobaron el proyecto para que los padres de familia puedan seleccionar los textos escolares. La pregunta sería por qué esta iglesia tiene el interés de incorporarse ahora”, expresó.

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Por otro lado, el experto precisó que el convenio entre el Estado con el privado o la sociedad civil para la gestión de una escuela pública subraya que esta parte debe comprometerse a alinearse a todo lo que el currículo nacional propone. Lo que hace el Minedu, por ejemplo, es transferir los recursos para la contratación de maestros, pero los procesos de selección y evaluación corren por cuenta del grupo que administra la escuela, de acuerdo con las reglas públicas.

El exministro de Educación, Daniel Alfaro, comentó que no le encuentra mucho sentido al proyecto de ley en mención, pues las iglesias evangélicas de por sí ya está facultadas de poder gestionar colegios públicos por tratarse de una asociación civil sin fines de lucro. Por ello, dijo que no encuentra el sentido de tener que precisarlo.

“En ese caso también van a querer que se precise las ONG, las asociaciones educativas o cualquier ente que efectivamente calce dentro del rubro de la actividad privada sin fines de lucro. No sería eficiente que la ley esté mencionando un conjunto de posibilidades cuando ya el hecho de que hable de actores privados ya los involucra”, sostuvo.

Alfaro mencionó que si se quiere mejorar la interpretación de la norma actual la solución no es hacerlo vía un proyecto de ley con la formulación que se propone, sino que simplemente basta con decirle a los funcionarios públicos que las iglesias evangélicas son parte de la entidad privada sin fines de lucro y pueden participar en la educación pública así como cualquier otro tipo de iglesia o entidad que reúna los requisitos.

“El Congreso tienen un rol fiscalizador y e ese marco puede llamar a cualquier funcionario público que se niegue a hacer convenios con las iglesias evangélicas para pedirle explicaciones, pero no necesariamente se tiene que sobreregular el sector con más leyes”, explicó.

En tanto, el exministro de Educación resaltó que en la justificación del proyecto de ley no se detalla el por qué estas iglesias en particular quieren participar en la educación pública. Consideró que sería bueno que se argumente un poco más acerca de cuál es la intención, cómo es que quieren mejorar la calidad educativa e el país, y qué ejemplos en el mundo han existido de iglesias evangélicas que han logrado impactar efectivamente en aprendizajes.

“Debe haber alguna justificación técnica de por qué, eso no lo dice. Obviamente no pueden participar para promover sus creencias o sus confesiones religiosas porque el Estado es laico y la escuela pública no podría estar al servicio de ese interés”, agregó.

Por último, Alfaro exhortó a los congresistas a crear nuevas leyes con sumo cuidado pues indicó que últimamente se han estado emitiendo muchas normas que sobreregulan el Estado, el cual de por sí ya está saturado de leyes. La idea, señaló, no es fomentar más regulaciones sin ningún sustento técnico que lo único que ocasionan es retroceder en lo poco que hemos avanzado. “Por como han estado legislando anteriormente, pareciera que velan más por intereses propios que por la calidad y el interés superior del niño. No pueden soltar proyectos de ley que sean tan poco sustentados de manera técnica y poco claros en su finalidad”, puntualizó.