A tres meses del crimen de una niña de 11 años en San Juan de Lurigancho, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) admitió a trámite una demanda contra el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú interpuesta por los padres de la pequeña.
La denuncia es por presunta infracción al código de Protección y Defensa del Consumidor al no haber brindado las medidas de seguridad necesarias para monitorear la salida de la menor, informó América Noticias.
El pasado 2 de febrero, la niña fue raptada luego de salir de un curso de vacaciones útiles en la comisaría de Canto Rey. En ese momento, los padres denunciaron que el personal de la sede policial negó que la menor haya asistido a clases. Sin embargo, las cámaras de seguridad confirmaron el ingreso y salida de la escolar, así como el momento en que el asesino, César Alva Mendoza, se la lleva en una bicicleta.
Marco Riveros, abogado de la familia de la víctima, señaló la decisión de admitir a trámite la demanda de los deudos “es un precedente porque ahora cualquier ciudadano podrá reclamar y quejarse de la mala práctica que hace una municipalidad, Poder Judicial, entre otros”.
Jorge Vellaneda, padre de la niña, ha solicitado la sanción correspondiente contra ambas instituciones, devolución del monto pagado por servicio de vacaciones útiles y la instalación de cámaras de seguridad dentro de las comisarías.
De acuerdo a América Noticias, en la resolución de Indecopi se detalla que el 24 de abril la secretaría técnica de la Comisión de Defensa del Consumidor solicitó información al Ministerio del Interior que hasta el momento no han cumplido con entregar. Por ello, les han brindado un plazo de 5 días para responder.
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