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Un juzgado había ordenado en setiembre pasado que Julio César Ganoza no se acercara a Julia Rayme Valenzuela, su ex pareja. El oficial de policía en retiro debía mantener una distancia de 300 metros de la residencia y trabajo de Rayme. Ella había decidido dejarlo debido a los constantes maltratos y a los tocamientos indebidos a su hija adolescente.
Pese a que este mandato judicial ordenaba también la intervención inmediata de la policía para impedir nuevas agresiones, el último miércoles Ganoza interceptó a la mujer en la calle, a pocos metros de su vivienda en San Juan de Lurigancho, y la mató de nueve balazos. Ella intentó huir pero no pudo hacer nada.
Este nuevo caso de feminicidio refleja las dificultades que existen en el país para proteger a las mujeres agredidas. El ministro del Interior, Carlos Morán, señaló ayer que para la Policía Nacional es humanamente imposible dar resguardo con agentes a todas las víctimas de violencia que tienen aprobadas medidas de protección por parte del Poder Judicial (PJ). Aunque Morán indicó que en el país se han dictado más de 42 mil de estas órdenes, de acuerdo con la Comisión de Justicia de Género del PJ, desde enero del presente año a la fecha se han otorgado más de 167 mil mandatos de protección.
Desde diciembre del 2015, cuando se promulgó la Ley 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, hasta la actualidad, se dictaron 396 mil 576 medidas de protección.
“Exhorto al Poder Judicial para que, de forma innovadora, implemente tecnología que permita prevenir estos casos [de violencia]. Pueden ser grilletes electrónicos que alerten la cercanía de un agresor con su víctima, y así la policía actúe con prontitud”, declaró Morán durante la ceremonia de presentación del Comisionado para la Lucha Contra la Violencia hacia la Mujer. Este cargo lo asumirá el general PNP Augusto Sánchez, quien articulará las acciones policiales en este tema.
—Limitaciones—
La jueza suprema Elvia Barrios, presidenta de la Comisión de Justicia de Género, señala que las medidas de resguardo para las mujeres agredidas varían según la severidad de las denuncias. A veces, se determina una pensión de alimentos para que ya no esté obligada a seguir con su agresor por dependencia económica. Otras veces, se ordena el retiro del sujeto del hogar o se le prohíbe comunicarse o acercarse a su víctima.
“En los casos extremos se debería asignar resguardo permanente pero sería difícil de materializar por la escasez de agentes”, dice Barrios.
“La policía puede tener un registro de la víctima pero las personas también se desplazan durante el día y es posible que un agresor eluda la vigilancia porque no se puede asignar personal las 24 horas”, añade. En el 2016 en el país, según cifras del Mininter, había 124 mil policías.Respecto a la propuesta de implementar grilletes electrónicos, Barrios indicó que podrían ser efectivos pero su aplicación está limitada por el costo. Actualmente, los sentenciados que los utilizan abonan S/750 al mes. Como alternativa, la jueza indica que en Lima norte se implementará un plan piloto que consiste en habilitar un botón de pánico.
“Funcionaría con una aplicación en el celular para avisar a la policía de peligros. También se requiere el apoyo del serenazgo y la coordinación con las municipalidades”, precisa.
—Prevención—
Eliana Revollar, adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo, precisa que las políticas para fortalecer las medidas de protección deben ir de la mano con acciones preventivas. “El asesinato es el último acto de un ciclo de violencia. Este problema no se va a resolver con más policías, se necesitan políticas educativas para frenar el machismo”, explica.
Revollar también señala que deben identificarse oportunamente los casos con riesgo severo (unos 5.000 en el país, según sus reportes) para evitar desenlaces trágicos. “Es necesaria la interoperatividad entre las comisarías para que compartan en tiempo real las denuncias y medidas de protección vigentes”, dice.
De acuerdo con la defensoría, de enero a la fecha, ya se han registrado 143 feminicidios en el país. Esta es la cifra más alta desde que en el 2009 se empezaron a contabilizar estos crímenes por motivos de género en el Perú.
Cabe precisar que el Ministerio de la Mujer brinda asesoría gratuita las 24 horas del día a través de la línea 100, en temas de violencia familiar y abuso sexual. 
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