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Julio César Gagó Pérez, empresario, político y actual regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), ha vuelto a encontrarse en el ojo de la tormenta. En los próximos días se evaluará su permanencia en el cargo, tras la denuncia expuesta por el portal Wayka, en la cual se revela, según la Procuraduría Pública Municipal, el delito por tráfico de influencias.
La agenda del Concejo Municipal tiene prevista para este miércoles 24, en una sesión extraordinaria, la “suspensión de Regidor en el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades”. Si bien no se detalla la identidad del funcionario, fuentes internas de El Comercio indicaron que se refiere a Julio Gagó.
Asimismo, en dicha sesión del Concejo se verá la “conformación de Comisión Investigadora con las facultades que establezca el Concejo Metropolitano respecto a la situación del Regidor”. Finalmente, se evaluará la modificación del Cuadro de Conformación de las Comisiones Ordinarias de Regidores de la para el año 2023.
Por más que uno de los lemas durante la candidatura del hoy alcalde, Rafael López Aliaga, fue “corrupción cero”, Gagó fue incorporado en su lista de regidores, cargando con una serie de cuestionamientos, investigaciones y denuncias familiares.
En la publicación de Wayka se escucha al regidor municipal conversando con un aparente representante del Gran Mercado Mayorista de Lima, quien le habría entregado donaciones con el fin de acceder a una reunión con el alcalde de Lima. Los alimentos entregados fueron repartidos por Gagó en la Quebrada de Villa María del Triunfo, en abril pasado.
El Comercio contactó con la regidora de la MML Fabiola Morales Castillo, de Renovación Popular, quien indicó que “no ha sido citada a ninguna sesión del Concejo”. Sin embargo, aclaró que fue citada a una reunión del partido pero que “aún no se ha hablado oficialmente del tema [sobre la suspensión de Gagó]”.
Respecto al caso, Morales aclaró que “una cosa es que los comerciantes, de manera voluntaria, quieran dar una ayuda social. Otra cosa muy distinta es que se les pida o que se les llegue a pedir en cambio de una preventa”. “No vamos a aceptar ninguna actitud impropia”, agregó.
Pase accidentado por el Congreso
En el Congreso de la República electo para el periodo 2011-2016, el partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, concentraba la segunda fuerza política con 36 integrantes. Uno de sus congresistas era Julio Gagó, quien fue elegido vocero de la bancada para el periodo legislativo 2013-2014.
En febrero del 2014, se reveló que Gagó estaba detrás de la empresa Copy Depot, la cual había facturado casi 6.5 millones de soles desde años posteriores. La investigación periodística que denunció los hechos estaba acompañada por audios del entonces legislador, en los cuales se explicaba que dicha compañía sería una fachada de su empresa Jaamsa.
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Julio Gagó no llegó a ser denunciado constitucionalmente, lo que fue visto como un blindaje por parte del Congreso de la República.
Ante los hechos, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar a Gagó. Incluso, el procurador anticorrupción Christian Salas, determinó que se identificaron hasta 16 otras empresas vinculadas a Jaamsa. Tras las revelaciones, extrabajadores de Jaamsa, la cual sigue siendo representada por la familia Gagó Pérez, denunciaron abusos laborales.
Finalmente, el entonces legislador fue separado de la bancada de Fuerza Popular y fue suspendido 120 días por la Comisión de Ética por haber contratado con el Estado a través de su empresa Copy Depot. A pesar de ello, su caso fue archivado.
Pugna matrimonial
En el 2018, Julio Gagó se mostraba como candidato a la alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima llevando la insignia de Avanza País como partido político. Durante esa misma época, su esposa, Bertha Carrillo Cantoni, lo denunció por adulterio.
Carrillo Cantoni expresó que su esposo se negaba a aceptar el divorcio pese a que ya se encontraban separados y que Gagó convivía con otra mujer, Asceli Rabasa. Incluso, el entonces candidato municipal tuvo una hija con Rabasa.
A pesar de tener tres meses de nacida, la niña de Gagó con Rabasa no había sido inscrita al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Según la defensa de Carrillo Cantoni, se trató de una estrategia legal para que no se pruebe el adulterio y en definitiva no perder sus bienes.
“Yo no inscribo a mi hijo, no lo firmo y por lo tanto la causal de adulterio no se puede acreditar. Por lo tanto no pierde su dinero. Él está pensando en el dinero”, explicó la abogada de Bertha Carrillo, Gabriela Silva, al respecto.
En respuesta Gagó expresó que se trataba de un cambio en su DNI por la tilde en su apellido. “Tengo cuatro hijas. La última tiene tres meses. Hay una mala información que se está dando. Mi DNI está con ´Gago´. Estoy haciendo el cambio de mi DNI para que le pongan la tilde en la ´o´ porque si no legalmente no sería mi hija y eso me ha ocasionado problemas. Hasta el día de hoy, más de tres semanas, el Reniec todavía me quiere dar mi DNI”, dijo el aún regidor.
