La dolorosa lucha por encontrar a mujeres desaparecidas: ¿qué pasó con Estefhany Díaz y Shirley Villanueva?

Cuatro de la tarde en plaza Francia. Rosario Aybar llega con un ovillo de pabilo, cartulina y plumones. Hace tres semanas, encontró los restos de su hija Solsiret luego de casi cuatro años de búsqueda, pero ha vuelto al lugar donde se reúne con otras madres de mujeres desaparecidas. Se encuentra con Patricia Acosta y Norma Rivera, que llevan ganchos de ropa y los rostros de mujeres impresos en hojas bond. Arman un cordel, una pancarta y se paran al frente. Silencio. Cuento a 16 mujeres, la menor de ellas tenía solo 5 meses cuando la vieron por última vez.

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Desde el dolor por sus propias desaparecidas, las tres madres repiten este acto hace más de tres años para que sus casos no sean olvidados. También marchan, hacen plantones, vigilias y, sobre todo, se acompañan.

“Nos reunimos cada cierto tiempo para que se visibilicen nuestros casos y más madres se unan. Así nos ayudamos”, dice Norma, madre de Shirley Villanueva, desaparecida en marzo del 2017.

La búsqueda de un desaparecido es un proceso largo y doloroso. Este apoyo mutuo las ayuda a mantenerse en pie, explica Kathe Soto, fundadora de Mujeres Desaparecidas Perú, grupo que recibe entre 3 y 4 denuncias de mujeres desaparecidas cada semana. “Los familiares son revictimizados en los procesos y son ellos mismos los que hacen las investigaciones. Por eso es importante que compartan sus experiencias”, indica a El Comercio.

Rosario ya sabe qué pasó con su hija y su objetivo ahora es que los culpables reciban la máxima pena. Patricia y Norma siguen esperando. Estas son sus historias.

Estefhany, Tatiana y Esther

La última vez que Alcides Díaz escuchó a su hija, ella le dijo que iría a comer con sus dos pequeñas, de 5 años y de 7 meses, y con una amiga. De eso han pasado casi cuatro años y desde entonces, su familia reparte su tiempo entre la comisaría, la fiscalía y el último lugar en el que esperan saber de las tres: la morgue.

“Cada vez que aparece un cuerpo pienso en ellas. Me dicen: ‘Señora, apareció una pierna, un cadáver’ y yo voy corriendo a la morgue. No hay lugar donde no haya buscado”, cuenta Patricia Acosta, madre de Estefhany Díaz, quien el 24 de abril del 2016 desapareció junto a sus dos hijas, Tatiana y Esther.

Ese día habían ido a una fiesta infantil en casa de una vecina, en Mi Perú. La última pista que tienen es que su prima, Jacqueline Díaz, y el esposo de esta, Jimmy Altamirano, las recogieron de la reunión. Lo extraño es que, a la mañana siguiente, la pareja apareció en casa del señor Alcides y lo golpeó hasta causarle una fractura en el cráneo. “Volvía de hacer mototaxi y los encuentro a los dos adentro de mi casa. Parece que tenían llave porque no forzaron la puerta. Me decían ‘te vas a morir’ y gatillaron sus armas, pero las balas no salieron. Por mis gritos vinieron los vecinos a ayudar. Yo tenía la cabeza ensangrentada”, relata.

Por este ataque, Jacqueline y Jimmy fueron sentenciados, en junio de 2018, a cuatro años de prisión suspendida por un periodo de prueba de dos años, sujeto a reglas de conducta, y al pago de una reparación civil de 1.000 soles por el delito de lesiones graves. Sin embargo, para la familia, la agresión y las desapariciones están relacionadas, aunque la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mi Perú no haya aceptado vincular ambos casos.

Las irregularidades en el caso, aseguran, empezaron el primer día. Alejandro Pajuelo, expareja de Estefhany, cuenta que cuando intentó poner la denuncia por desaparición le dijeron que “se había ido con otro porque así son las mujeres”.

Después de insistir, la comisaría de Mi Perú registró la denuncia a las 3:20 p.m. Sin embargo, la alerta nacional fue emitida cinco días después, pero solo con el nombre de la madre. Recién el 24 de agosto del 2016, la policía emitió las notas de alerta individuales para la joven y las niñas.

Pajuelo reconoce que ante la policía es sospechoso, pero ni con él las diligencias son exhaustivas. “El problema no es que yo sea sospechoso, es que ni a mí me investigan bien”, dice.

Ante la lentitud de los procesos, la propia familia ha indagado por su cuenta, recogido testimonios de testigos, identificado chats que revelan la insistencia de Jacqueline por ver a Estefhanny pese a que no eran cercanas y el cambio de domicilio de los sospechosos. Lo que piden ahora es que se realice la geolocalización de los equipos de todos los involucrados, así como el levantamiento de las comunicaciones.

Mercedes Pajuelo, hermana de Alejandro, lleva consigo un folder con todo lo actuado hasta el momento por la policía y fiscalía. Son más de 200 hojas sin conclusiones. Ella resume sus esperanzas así: “La mayoría de las desapariciones tiene la consecuencia final y trágica como lo que pasó a Jimenita. No es que desaparecen porque sí. La policía debe ayudarnos a buscarlas entre vivos o muertos”.

El caso está en manos de la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas. La familia pide que se cambie a todo el personal al considerar que en cuatro años no han logrado nada, solo que la pena siga aumentando.

Shirley

El 23 de marzo del 2017, Shirley Villanueva se reunió con Edgar Pozo Velarde, Joseph Velásquez Fernández y Bryan Arenas Vivas para ver el partido Perú vs. Venezuela. Ese día desapareció.

Los tres, quienes eran sus mejores amigos y excompañeros de la carrera de ingeniería Geográfica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se tardaron todo un día para ir a la comisaría a denunciar lo ocurrido. Según dijeron, fueron a la playa Marbella de Magdalena luego de ver el partido, tomaron licor, la joven ingresó al mar y se ahogó.

Sin embargo, Norma Rivera, madre de la joven, sostiene que su comportamiento no concuerda con el supuesto ahogamiento. “Ocultaron la ropa de mi hija y la botaron en un tacho, destruyeron la memoria del celular y me mintieron diciendo que la habían embarcado a casa. Dijeron que se asustaron y la policía les creyó”, cuenta.

El año pasado, los tres fueron sentenciados por el 20° Juzgado Penal de Lima a prisión suspendida de hasta dos años con ocho meses por el delito de omisión de auxilio y acceso a la información.

“Toda la investigación estuvo mal actuada desde la etapa policial y por eso la sacaron tan fácil. Antes de ir a la comisaría se asesoraron con un abogado. Sus testimonios no tuvieron coherencia y cayeron en contradicciones. Dijeron que estaban en estado de shock, pero uno contó que apenas llegó a su casa se masturbó”, sostiene Álvaro Pelaez, abogado que vio el caso apenas ocurrió.

Norma explica que, tras la sentencia, su defensa presentó una acción de amparo, pero fue rechazada. Ahora esperan el resultado de su apelación. De aceptarse, se ordenaría una nueva investigación, esta vez por feminicidio.

Hay una frase que escuchó en el juicio y que para ella resume su padecimiento: “Sin cuerpo no hay delito”. Hasta que su hija no aparezca, no tiene esperanza de justicia.

El Comercio se comunicó con el área de prensa de la fiscalía para conocer el detalle de los procesos en ambos casos, pero no obtuvimos respuesta.

PROTOCOLO PARA DESAPARICIONES

Según la Defensoría del Pueblo, , en base a cifras de la PNP, entre enero y febrero de este año hubo 1.224 casos de mujeres desaparecidas, la mayoría fueron niñas y adolescentes (898), mientras que adultas fueron 326. Es decir, unos 80 casos al día reportados en comisarías en todo el país.

El 28 de febrero pasado, el Ejecutivo aprobó el Protocolo Interinstitucional de Atención de Casos de Desaparición de Personas en Situación de Vulnerabilidad y Otros Casos de Desaparición, elaborado entre los ministerios del Interior de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Justicia y Derechos Humanos. Dicho instrumento establece que el personal de las comisarías y otras dependencias policiales debe brindar atención y trámite a estas denuncias de forma inmediata, urgente y prioritaria, sobre todo cuando la persona desaparecida sea niña, niño o adolescente, mujeres en situación de violencia, adulto mayor u otro tipo de persona vulnerable.

Las denuncias se pueden presentar en comisarías, Departamentos de Investigación Criminal (Depincri), Divisiones de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas (DIVIBPD) o en dependencias policiales autorizadas por la Comandancia General de la PNP.

El Protocolo establece, además, que para los casos de desaparición de niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia, la PNP puede activar una Alerta de Emergencia que consiste en la difusión masiva, por diversos medios, de los datos del desaparecido.

LEY SOLSIRET

Kathe Soto explica que desde Mujeres Desaparecidas Perú impulsan una “Ley Solsiret” que establezca la creación de un banco de datos genéticos para no revictimizar a las familias, así como una sanción directa a las empresas de telefonía que no cumplan con entregar a tiempo los resultados de la geolocalización de equipos celulares. “Ahora el Decreto 1428 (sobre desapariciones) solo dice que las empresas tienen que hacerlo, pero queremos que especifique que no pueden ser más de 48 horas”.

Asimismo, considera que es importante que se hable de reparaciones a las familias. “Cuando de desaparición de mujeres no solo se trata de la violencia a una mujer que no ha sido buscada sino también la que viven los familiares. Les piden que ellos mismos busquen, los denigran y les niegan el derecho a la verdad”, dijo a El Comercio.