Fallece de COVID-19 abuela de niño que murió tras caer en pozo del Cercado de Lima

Actualización: La madre de Betsabé Sánchez y abuela del pequeño Josué falleció el último viernes 11 de setiembre víctima del COVID-19. María Julia Dupuich, de 75 años, fue internada en el hospital Rebagliati en agosto pasado con grave compromiso pulmonar. Su esposo había muerto por la misma enfermedad el 21 de ese mes.

Toda la familia se contagió el día que el niño de 2 años murió tras caer a un pozo de 52 metros de profundidad en un parque del Cercado de Lima, el 26 de julio pasado. Más de un mes después, aún no se determinan responsabilidades por el riesgo que significaba un pozo sin ningún tipo de señalización ni protección.

Nota original: [26/08/2020]

La tarde del 26 de julio no ha parado de doler para Betsabé Sánchez y su familia. A la muerte de su hijo de dos años tras caer a un pozo sin tapa en el Cercado de Lima, suma la pérdida de su padre por COVID-19, enfermedad que también ha contagiado a su madre, esposo, hermano, hija y a ella misma. Una cadena de desgracias que se iniciaron ese domingo en el parque “Triángulo Paredes”, durante una larga operación de rescate que no pudo salvar al pequeño Josué.

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“Nuestra tragedia empezó ese día, todo parte de ahí”, dice. El peor mes de su familia no tiene cuándo acabar.

Ese día, bomberos, policías, serenos y vecinos se unieron para intentar rescatar al niño que cayó en un pozo cuando jugaba con sus padres. Como el hoyo estaba cubierto solo con césped y tierra, un salto inocente en el parque fue suficiente para que el pequeño termine atrapado a 51 metros de profundidad. Durante las casi doce horas que tardaron los trabajos, decenas de personas acompañaron a Betsabé y a su esposo, César Robles, hasta que los bomberos retiraron el cuerpo del menor.

Por un momento, en medio del llanto y los abrazos, la pandemia pasó a segundo plano. Pero el virus no perdona. La aglomeración de ese día pasó factura y tres de los tíos de Betsabé, entre ellos uno de sus abogados, resultaron contagiados.

“Por precaución, seis miembros de mi familia fuimos a hacernos la prueba molecular. Tres salieron positivo, pero a los días mi padre empezó a ponerse mal”, cuenta Betsabé a El Comercio. La vigilia, los trámites en la morgue y las diligencias policías los habían expuesto al contagio.

Dos semanas después, tiempo que tarda el virus en manifestarse, Luis Sánchez Chacón, de 69 años, cayó enfermo. El sábado 15 no podía respirar, el miércoles fue internado en el Villa Panamericana y el viernes 21, falleció. El segundo golpe para la familia. Solo pudo despedirse de su esposa, quien también había sido llevada al centro de aislamiento por la enfermedad.

Para Betsabé, el estado emocional de su padre también fue un factor que agravó su situación. “Estaba con las defensas bajas, deprimido, lloraba mucho por su nieto. No salía ni a la esquina porque era persona vulnerable, pero lo de mi hijo lo terminó de empeorar”, cuenta.

Y la pesadilla no acaba. Su madre, María Julia Dupuich (75), fue trasladada de la Villa Panamericana al hospital Edgardo Rebagliati con grave compromiso pulmonar. La urgencia de ahora es ubicar cuanto antes una cama en cuidados intensivos. “Está con respirador artificial, pero necesita urgente una cama UCI. Tiene los pulmones dañados al 75%. No nos dan muchas posibilidades, pero está luchando”, señala Betsabé. Ella también está mal, con tos y cuadro de neumonía por COVID-19.

Sin responsables

Un mes de la muerte del menor, aún no se ha determinado responsabilidades penales o administrativas por la existencia de un pozo sin tapa, protección y señalización en medio de un parque del Cercado de Lima.

Según la Municipalidad de Lima, el pozo fue construido en los años 60 y pertenecía a la empresa Cosal, precedente de Sedapal, que dejó la bocatoma sellada solo con dos metros de tierra y una pata metálica. No obstante, la empresa de saneamiento no tenía registro de esta estructura. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la comuna metropolitana tampoco.

Además de la investigación en la División de Homicidios de la Policía Nacional del Perú con participación de la 12 Fiscalía Provincial Penal de Lima, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso y la Comisión de Trabajo del Concejo Metropolitano han iniciado sus propias pesquisas. Esta última presentará su informe final el 31 de agosto.

La regidora Jheydi Quiroz, miembro de comisión municipal, informó que para hoy se ha citado a representantes de Sedapal y de la ANA a fin de escuchar sus descargos. “El informe final va a determinar responsabilidades”, indicó a este Diario.

Por su parte, Artidoro Condor, abogado de la familia, ha interpuesto una queja en la División de Homicidios por “contaminación de la escena”, debido a que personal de Sedapal tapó el pozo al día siguiente de lo ocurrido. “No hubo una cadena de custodia para evitar la manipulación de medios probatorios”, señaló. Además, ha solicitado la reprogramación de las diligencias policiales debido al estado de salud de la familia.

Aunque las investigaciones aún no determinan responsabilidades a nivel administrativo, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, informó a este Diario que luego de la muerte del pequeño se ejecutaron inspecciones en más de un centenar de parques de la ciudad para determinar si existían riesgos para la población. “Se verificaron en 134 parques las cosas que podrían ser mínimas evidencias de riesgo y se encontraron algunas. Este tipo de cosas no pueden pasar”, dijo. Con los resultados, asegura el alcalde, se decidió realizar cambios en la Subgerencia de Servicios a la Ciudad.

En medio de todo, entre el agotamiento físico y emocional, los padres sigue buscando justicia por la muerte de Josué. Esperan encontrarla antes de que la pandemia les siga arrebatando familiares.

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