“Los homosexuales tienen derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Lo que tenemos que hacer es crear una ley de uniones civiles. Así están cubiertos legalmente. Yo apoyé eso”, dijo el Papa Francisco en el documental Francesco, estrenado el miércoles en el Festival de Cine de Roma. El máximo representante de la Iglesia Católica mencionó que es una cuestión de derechos a la que se suma otro concepto que es vital para la comunidad LGBT: familia.
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“El Papa utilizó el término ‘familia’, y reconocer que ese proyecto de vida en común es una familia es algo realmente importante porque no solo tiene un sentido patrimonial, sino que garantiza que en caso haya violencia apliquen los deberes de asistencia, el seguro de vida, pensión de viudez, todos los derechos de una pareja. Aceptar este tipo de figuras es aceptar que existimos y como familia, que estamos juntos, tenemos sueños comunes, frustraciones comunes y salimos adelante en pareja", dice el congresista Alberto de Belaunde a El Comercio.
El parlamentario opina que, pese a ser una postura religiosa, es importante reconocer el impacto cultural que tiene lo dicho por el Papa, sobre todo, para la comunidad LGBT. “Espero que nos ayude a humanizar el debate y que haya una mirada más desde la empatía y la compasión”, agregó.
En 29 Estados del mundo está permitido legalmente el matrimonio igualitario. En la región, los países que han aprobado esta normativa son Argentina, Uruguay, Colombia, Bolivia, Ecuador y Chile. ¿Cuál es la situación legal en Perú?
Los proyectos en cola
Por más de un año, estuvo agendado en la comisión de Justicia del Congreso el proyecto de ley del congresista Carlos Bruce que proponía la unión civil entre personas del mismo sexo. Antes de ponerlo a debate, la comisión pidió las opiniones de diferentes entidades. El Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial manifestaron su apoyo a la normativa. Este último envió un informe diciendo que "la finalidad del matrimonio no solamente es hacer una vida en común con derechos y deberes relacionada a la pareja, sino también la procreación, hecho que no se puede producir del mismo modo con una pareja homosexual. Este hecho diferenciador sirve de base para el ejercicio propuesto en el proyecto de ley, de un tratamiento legal diferenciado que es razonable, justificado y coherente”.
El proyecto de Bruce proponía “establecer la unión civil no matrimonial para personas del mismo sexo”, así como establecer garantías, derechos y obligaciones para los integrantes de la unión civil afectiva o “compañeros civiles”.
En abril del 2015, luego de más de tres horas de debate, el predictamen del proyecto de ley fue desestimado por mayoría en la Comisión de Justicia, presidida entonces por el congresista Juan Carlos Eguren (PPC-APP). Se opusieron 9 parlamentarios, entre ellos, los congresistas fujimoristas Julio Rosas (FP) y Carlos Tubino (FP). “No podemos permitir que se legisle derechos especiales”, dijo el entonces congresista Rosas para sustentar su voto.
Un año después de que la propuesta legislativa quedara archivada, nuevamente el congresista Carlos Bruce, pero ahora junto al parlamentario Alberto de Belaunde, presentó un nuevo proyecto de ley estableciendo la unión civil.
En este proyecto busca definir a la unión civil como la relación de convivencia que conforman de manera voluntaria y estable dos personas del mismo sexo para compartir una vida de pareja que genera derechos y obligaciones reconocidos en esa misma normativa. Esta institución, dice la propuesta, es distinta al matrimonio y la unión de hecho, pues se menciona que quienes la integran constituyen una familia y se denominan compañeros o compañeras civiles.
Entre los deberes y derechos que otorga la unión civil están la asistencia mutua, seguridad social, pensión de supervivencia, protección contra la violencia familiar, entre otros.
Además, propone modificar el artículo 816 del Código Civil para incluir como heredero forzoso al integrante sobreviviente de la unión de hecho o la unión civil. El proyecto continúa en la comisión de Justicia a la espera de ser debatido.
En febrero del 2017, el Frente Amplio (antes de su separación de Nuevo Perú) presentó otra propuesta legislativa que propone el matrimonio civil igualitario. Con esta norma se propone modificar el artículo 234 del Código Civil el cual dispone que el matrimonio es “la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella”. La propuesta define al matrimonio como la unión voluntariamente concertada por dos personas legalmente para ella.
En su artículo 3 dispone el reconocimiento de matrimonios celebrados en el extranjero entre dos personas del mismo sexo, conforme alas reglas del Derecho Internacional Privado.
Al igual que el proyecto sobre unión civil, esta propuesta legislativa, apoyada también por el parlamentario De Belaunde, también está a la espera de ser debatida en la comisión de Justicia del Congreso.
“En el matrimonio igualitario lo que pedimos es que se tenga el derecho que tiene el día de hoy una pareja homosexual y en el de unión civil la figura iba más hacia un tema de registro”, precisó el congresista De Belaunde.
El caso Ugarteche
El matrimonio entre Óscar Ugarteche y el mexicano Fidel Aroche se ha convertido en uno de los casos emblemáticos que pone en evidencia los derechos de la población LGBT. Tras casarse en México, en el 2011 Ugarteche acudió al consulado peruano en México para inscribir su matrimonio. Sin embargo, en marzo del 2012, el Reniec declaró improcedente su pedido. La entidad se basó en el artículo 234 del Código Civil el cual establece “el matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella”. Entonces, el matrimonio entre Ugarteche y Aroche no era reconocido.
El caso pasó a un largo proceso judicial que aún no concluye. En el 2012, el economista inició un proceso judicial contra el Reniec, ante la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Lima. Este juzgado declaró nula una resolución del Reniec, en la que se sostenía que no existía “respaldo normativo para el matrimonio entre personas del mismo sexo” en el Perú.
A través de un proceso de amparo, el caso fue admitido un año después en el Séptimo Juzgado Constitucional de Lima. En esta instancia el Reniec reiteró su argumento inicial.
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En el 2015, el juzgado constitucional obligó al Reniec a reconocer e inscribir el matrimonio Ugarteche-Aroche argumentando que la entidad se había negado a registrarlo “por la única razón de que fue celebrado entre personas homosexuales”, lo que resultaba “altamente discriminatorio y contrario a nuestra Constitución”. Reniec apeló.
“Solo espero que el Reniec acate la sentencia y prime la sensatez; no la pacatería. Si no, llegaremos hasta el Tribunal Constitucional [TC]”, dijo Ugarteche entonces a El Comercio.
En el 2018, la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima anuló la sentencia que, en primera instancia, ordenaba al Reniec a inscribir dicho matrimonio. La defensa legal de Ugarteche interpuso un recurso de amparo, que llegó al Tribunal Constitucional, para que se desestime la anulación ejecutada por la Cuarta Sala Civil y se ratifique el fallo en primera instancia.
El pasado 16 de octubre, el Tribunal Constitucional decidió realizar de manera reservada el debate de la demanda presentada por Ugarteche. Aún no se ha fijado la fecha de audiencia.
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