Luego de que fuera denunciado hace décadas, tanto él como la comunidad religiosa que fundó en 1971, Luis Fernando Figari fue finalmente expulsado del Sodalicio de Vida Cristiana por parte del Vaticano. La noticia fue anunciada este miércoles, por la Conferencia Episcopal Peruana. Este hecho se da luego de que la máxima institución de la Iglesia Católica decidiera investigar las graves acusaciones de abuso sexual, físico y psicológico en este grupo.
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“La Conferencia Episcopal Peruana hace de conocimiento público el Decreto emitido por el Dicasterio para la Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, de la Santa Sede, con el cual informa, a norma del canon 746 del Código de Derecho Canónico, la expulsión del Señor Luis Fernando Figari Rodrigo de la sociedad de vida apostólica ‘Sodalicio de Vida Cristiana’”, se lee en el documento.
El decreto al que se hace referencia y que ordena la expulsión de Figari lleva la firma del papa Francisco. Este documento señala que la decisión tomada es parte de las medidas que deben ser adoptadas urgentemente de acuerdo a “los resultados obtenidos y las certezas adquiridas durante el transcurso de la investigación” contra la cúpula del Sodalicio.
Las denuncias en contra del Sodalicio de Vida Cristiana y Luis Figari fueron hechas por ex miembros de esta organización. Precisamente, varias de estas fueron recogidas en el libro ‘Mitad monjes, Mitad soldados’, del periodista Pedro Salinas (en coautoría con Paola Ugaz). Aquí se reunieron cerca de 30 testimonios de personas que sufrieron abusos por parte del líder de la agrupación y otros miembros de la cúpula como Germán Doig, Virgilio Levaggi y Jeffrey Daniels.
En enero de 2018, el Vaticano anunció la intervención del Sodalicio y el nombramiento de un comisario apostólico, luego de que el Ministerio Público solicitara prisión preventiva para varios integrantes y ex integrantes de la comunidad religiosa, incluyendo a su fundador, por los presuntos delitos de asociación para delinquir, secuestro y lesiones psicológicas graves, en relación con las acusaciones de abuso sexual.
Los argumentos del Vaticano punto por punto
El decreto en mención, con fecha 9 de agosto 2024, da cuenta de la investigación iniciada en julio de 2023, por parte del Vaticano en contra del Sodalicio de Vida Cristiana, con la finalidad de comprobar la validez de las acusaciones de diversa índole atribuidas al fundador Luis Figari y a muchos otros miembros de la citada sociedad de vida apostólica.
“Con mandato del 5 de julio de 2023, el Santo Padre Francisco confirió a Su Excelencia Mons. Charles J. Scicluna, Secretario Adjunto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y Mons. Jordi Bertomeu Farnós, Oficial del mismo Dicasterio, el encargo de realizar una investigación sobre el Sodalitium Christianae Vitae”, precisa el documento.
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De acuerdo a los resultados obtenidos y las certezas adquiridas durante el transcurso de la investigación, el decreto señala que se considera obligatorio, adecuado y urgente la adopción de medidas para la protección y el cuidado del bien de la Iglesia y de cada uno de los fieles, como es la expulsión de Luis Figari del Sodalicio. A continuación las razones dadas por el Vaticano que conllevaron a tomar esta decisión:
- Por circunstancias que en cualquier caso son incompatibles e inaceptables en un miembro de una institución de la Iglesia.
- Por causa de escándalo y grave daño al bien de la Iglesia y de cada uno de los fieles.
- Con la finalidad de restablecer la justicia dañada por el comportamiento tenido por el Sr. Luis Fernando Figari Rodrigo a lo largo de muchos años
- Para proteger en el futuro el bien individual de los fieles y de la Iglesia.
“Por el presente decreto se dispone la expulsión del Sr. Luis Fernando Figari de la Sociedad de Vida Apostólica Sodalitium Christianae Vitae”, concluye el escrito. Por último, señala que este deberá hacerse público, previa notificación al interesado, y a la brevedad posible, mediante comunicado de prensa de la Conferencia Episcopal Peruana.
Juan Miguel Espinoza, docente del Departamento de Teología de la PUCP, indicó a El Comercio que este documento emitido por el Vaticano no se trata de un simple pronunciamiento que expresa una postura determinada, sino que es un decreto con valor legal dentro de la legislación de la Iglesia que es el derecho canónico.
“Es un decreto que además esta fundamentado en los cánones del derecho canónico, es una decisión legal, es la sanción mas fuerte que se puede aplicar en contra de un miembro de una sociedad de vida apostólica, como es el caso de Figari. Lo que seguiría sería quizá la excomunión, que casi ya no se utiliza en la Iglesia Católica”, explicó.
Espinoza detalló que lo que el decreto ha sustentado es que Luis Figari debe ser expulsado del Sodalicio porque su vida representa una causa de escándalo y grave daño al bien de la iglesia y de cada uno de los fieles. Agregó que a través de las expresiones incluidas en el citado decreto también hay un reconocimiento por parte del Vaticano de que las denuncias que se han hecho en contra del exlíder laico son verdaderas.
“Esta decisión jurídica surge tras la investigación hecha el año pasado, donde dos oficiales del Vaticano han viajado a Lima y recopilado pruebas. Usualmente este tipo de expulsiones se manejan a nivel de la institución. En este caso, se trata del mismo papa Francisco quien dispone la expulsión de Figari, no es la institución del Sodalicio la que se regula a sí misma con sus propias normas”, refirió.
En tanto, el experto añadió que luego de esta decisión sería muy difícil que Figari pueda pertenecer a otra agrupación dentro de la Iglesia, pues si algo tiene esta institución es mucha normatividad y filtros.
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“Hay un mensaje detrás de este decreto, que es que en la iglesia no puede haber una cultura de la impunidad. No puede permitirse que se perpetúen actos de abusos de poder, sea de índole sexual o económicos, y que estos no sean debidamente denunciados, investigados y sancionados”, puntualizó Espinoza.
Escándalos sexuales que envuelven al SVC
Según ha detallado el periodista Pedro Salinas, desde su fundación, la organización laica del Sodalicio, bajo el mando de Figari, reclutó principalmente a jóvenes de escuelas católicas de élite y de familias de clases media y alta con vínculos políticos o comerciales.
En 2015, el libro ‘Mitad monjes, Mitad soldados’ reveló 30 testimonios anónimos de víctimas de este grupo, que resultó en un caso judicial contra el Sodalicio fallido hasta ahora, pues que en gran medida no ha llegado a ninguna parte.
El texto contiene relatos de los exmiembros del SCV, en los que cuentan que una vez que alcanzaron la edad de 18 años, se les incentivaba a salir de casa y cortar los lazos con familiares y amigos. Asimismo, señalan que a los adolescentes reclutados les lavaban el cerebro. Incluso, Salinas afirma que él mismo fue abusado física y psicológicamente en el Sodalicio cuando era menor de edad.
En tanto, un informe del SCV del 2017, describe que Figari era visto como “manipulador, racista, sexista, elitista y obsesionado con temas sexuales y la orientación sexual de los miembros del grupo”.
Añade, además, que Figari cometió “actos múltiples de sodomía de un menor y de un adulto joven”, filmó a jóvenes reclutas “en ropa interior o trajes de baño” y los ordenó realizar actos sexuales entre ellos y con él mismo, todo bajo la justificación de que era parte de su formación espiritual.
Luego de ser denunciado por varios exmiembros del Sodalicio a lo largo de los años, Figari negó públicamente todas las acusaciones por primera vez en 2016. Incluso, sostuvo que no se le había permitido hablar. Se sabe que su paradero actual sería Roma (Italia).
Búsqueda de justicia
Cabe mencionar que el Sodalicio de Vida Cristiana ha admitido que se produjeron abusos sexuales, físicos y psicológicos en su organización. En 2017, separó a Figari del grupo y publicó un informe elaborado por expertos internacionales que concluyó que más de una docena de hombres y tres mujeres alegaron haber sido abusados sexualmente por miembros del Sodalicio.
En el prefacio del informe, la organización pidió “perdón a cada persona que haya sido herida por un miembro o exmiembro del Sodalicio” y dijo que la organización estaba “comprometida con un proceso de auto-examen y cambio”. Luego de eso, el caso pasó a manos de las autoridades eclesiásticas de la Ciudad del Vaticano.
Como parte de su investigación, el Vaticano envió cartas a varios miembros del Sodalicio en febrero pasado, dándoles 45 días para responder a las acusaciones de abuso. Asimismo, los principales investigadores de este tipo de temas del Vaticano, el arzobispo Charles Scicluna y monseñor Jordi Bertomeu, arribaron a Lima en julio de 2023, a fin de entrevistar a las víctimas y representantes del la agrupación.
Algunas reacciones
En diálogo con El Comercio, Pedro indicó que esta decisión tomada por el Vaticano se trata de una “buena noticia”, pero que no debería quedar ahí sino que tiene que ser el inicio de una serie de acciones más fuertes en contra de otros miembros del Sodalicio que continúan perteneciendo incluso a la agrupación y que están involucrados en casos de abuso.
“No basta que caiga Figari. Falta la guardia pretoriana de Figari, pues él no actuó solo, tiene un montón de cómplices que siguen en la institución. Hay víctimas que están desconcertadas por lo que podría pasar, pues asumen que tras este gesto de la Iglesia el caso puede cerrarse. Eso me apena porque la Iglesia debería dar una señal más clara y contundente sobre este asunto, ¿qué va a pasar después de esto? Espero que esto acabe con la supresión de esta organización”, expresó.
Salinas enfatizó en el hecho de que sea el mismo papa Francisco quien haya adoptado esta decisión tajante de expulsar del Sodalicio a Luis Fernando Figari, asumiendo que la investigación llevada a cabo por los investigadores que designó ha concluido en certezas absolutas sobre la culpabilidad de este exlider laico. Agregó que esta acción debería llevar a que la Fiscalía peruana retome la investigación.
“Con esto ha quedado en evidencia que el lamentable papel de la Iglesia peruana y sus obispos, con excepciones honrosas como las del arzobispo de Lima Carlos Castillo, el cardenal Pedro Barreto y el obispo de Caravelí Reinaldo Nann. Además, evidencia también las miserias de la justicia y el Estado peruano, y de una clase política ha estado al margen de esta historia porque no les ha importado”, manifestó.
Por su parte, Paola Ugaz sostuvo que la decisión del Vaticano valida todo lo que habían declarado las víctimas contra Luis Figari, las denuncias de abuso sexual que datan desde los años 70, así como el trabajo periodístico realizado junto con Pedro Salinas, el libro en mención que reveló el verdadero accionar del Sodalicio y la continuidad que le dieron otros periodistas en los últimos años.
“Creo que es una gran noticia para todas estas instancias porque quiere decir que un libro de periodistas peruanos ha llegado a ser leído por el Papa, que haya había enviado una comisión al Perú para que investiguen a esta organización. Es un ejemplo para otras organizaciones similares al Sodalicio que están en todo el mundo y cuyos fundadores acumulan un montón de abusos. Esto puede hacer que también hayan buenas noticias para sus denunciantes”, comentó.
Ugaz añadió que la mencionada comisión investigadora del Vaticano designada para este tema aun no ha culminado sus funciones, pues aun queda pendiente que reciba la respuesta a 30 cartas enviadas a directivos del Sodalicio con preguntas muy directas de todo lo que han hecho en contra de sus miembros. “Hasta ahora ningún miembro del Sodalicio ha sido tocado por la ley peruana”, advirtió.
Tráfico de terrenos en Piura
Un reportaje publicado en el medio internacional Al Jazeera en diciembre del 2016, reveló un presunto caso de tráfico de terrenos en Piura en el que estaba involucrada la Asociación Civil San Juan Bautista, ligada al Sodalicio de Vida Cristiana. De acuerdo con el trabajo periodístico, esta le pagaba a la banda criminal denominada “La Gran Cruz del Norte”, la más grande de Piura en esa época, para desalojar a gente de escasos recursos de sus viviendas ubicadas en una comunidad de la región.
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El reportaje recoge el testimonio de testigos, personas que señalan haber sido víctimas de hechos violentos y usurpaciones de terreno a manos de esta banda delictiva. Ellas cuentan que con el tiempo se dieron cuenta de que había un vínculo entre la red criminal y la asociación.
Este hecho conllevó a que Alberto Gómez de la Torre Pretell, exrepresentante de dicha asociación, denunciara al periodista Daniel Yovera por el delito de difamación agravada. La demanda fue admitida por el Poder Judicial en el 2019, pero tiempo después (enero 2022) fue declarada prescrita de oficio.
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Pese a que esta decisión fue ratificada en segunda instancia en 2022, la Corte Suprema de Justicia resolvió reabrir el caso en mayo del 2023, luego de que la defensa querellante expusiera que el periodista había “realizado diversas publicaciones en Twitter, donde colocó, de forma reiterada, el link que dirige al citado reportaje” a finales del 2018.
El jueves 22 de junio, se realizó la audiencia final de este caso, la misma que se extendió por 4 horas aproximadamente. La audiencia finalmente fue pública y transmitida por el canal del Poder Judicial y redes sociales.
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