(Carlos Hidalgo/El Comercio)
(Carlos Hidalgo/El Comercio)
Jorge Malpartida Tabuchi

Luego del motín que un grupo de veinte adolescentes inició el martes por la noche, ayer el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, más conocido como , amaneció con un fuerte resguardo policial.

A las 6 a.m. el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, informó que se restableció el orden en el interior del recinto y que se había llegado a un acuerdo con los internos, quienes reclamaban por la deficiente alimentación y la excesiva supervisión a las visitas.

“Recorrimos los pabellones y recibimos las quejas sobre las visitas y la comida […]. Los reclamos que se han hecho se van a procesar”, anunció Rodríguez al salir del centro juvenil.

Las autoridades también dieron cuenta de los daños en el local luego de la revuelta. Los colchones y camas de los pabellones Gandhi y Nazareno, en donde se produjo el motín, están inservibles debido a que los jóvenes les prendieron fuego. Además, abrieron un forado en una de las paredes e hicieron arder frazadas y ropa.

Tomas aéreas captadas por un dron de El Comercio muestran que la afectación se dio en dos patios y que el fuego llegó a quemar parte de los muros interiores.

El director distrital de Defensa Pública del Ministerio de Justicia, Carlos Gallegos, dijo que durante el motín se quemaron expedientes y una parte de la sala de audiencias. “Se dañaron impresoras, muebles y computadoras. Sin embargo, se han adecuado otros ambientes para que se restablezca el servicio de defensa pública en el local”, dijo.

Agentes de la policía ingresaron ayer al centro juvenil para investigar la presunta comisión de los delitos contra la seguridad pública y la libertad personal. Esto a raíz de que durante el motín se desató un incendio y se secuestró a cuatro educadores durante varias horas.

—Heridos y reclamos —
En la mañana, los padres de los menores internos permanecieron afuera del recinto. Algunos habían pernoctado en la calle para conocer el estado de salud de los jóvenes.

Percy Castillo, adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, señaló que hay cinco menores heridos, pero ninguno de gravedad. Según Castillo, solo presentan contusiones y algunos cortes que fueron tratados por el personal del tópico de Maranguita.

Además, quince educadores recibieron golpes leves durante la revuelta. Familiares contaron a este Diario que en los últimos meses las medidas de seguridad se han hecho más rígidas. “Nos hacen desnudar antes de entrar para que no escondamos nada. Incluso revisan los pañales de los bebes y nuestra ropa interior”, dijo el padre de un interno.

—Cambio de mando —
Rodríguez confirmó que el centro juvenil de Maranguita pasará a ser administrado por el Ministerio de Justicia a fines de este año. Desde el 2016 se trabaja esta propuesta que contempla el uso de los recursos del Ejecutivo para fortalecer los programas de tratamiento y reinserción de los adolescentes infractores.

Además, Rodríguez dijo que ya existen planes para reubicar el recinto, tal como reclaman los vecinos de San Miguel hace varios años. “Ese terreno no cuesta menos de US$50 millones y con ese dinero se puede construir otro local o buscar uno nuevo”, indicó.

- Un establecimiento hacinado - 
Eduardo Bless, alcalde de San Miguel, dijo ayer que el centro juvenil de Maranguita es un peligro para los vecinos del distrito.

“Es una bomba de tiempo, esto puede terminar en una tragedia. Hay un hacinamiento tremendo. Hasta los mismos educadores están en peligro porque en cualquier momento se desata de nuevo el problema”, dijo a “América noticias”.

Según la gerencia de centros juveniles del Poder Judicial, Maranguita tiene capacidad para 600 personas, pero alberga a casi 900. En este establecimiento, al igual que en otros nueve locales en el país, están internados menores infractores.

Ellos son rehabilitados por un equipo de especialistas y participan en programas educativos. En estos recintos, la vigilancia no está a cargo de la policía, sino del Poder Judicial.

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