Martha Chávez, Aron Cotrina y por qué sancionar el racismo es tan difícil en el Perú

A la congresista Martha Chávez le pareció sospechoso que, por sus “rasgos andinos”, el ex primer ministro Vicente Zeballos no haya sido designado a trabajar en Bolivia. Arón José Cotrina Gómez, sin mascarilla y con la seguridad de que con el dinero de su padre puede pagar cualquier infracción, usó frases racistas para insultar a los serenos de Magdalena que le pedían cumplir las normas. Vania Torres, una medallista de Lima 2019, hizo una cuestionada caracterización de una mujer andina para sus más de 59 mil seguidores en Instagram. Una legisladora, una deportista y un transeúnte que en menos de dos semanas fueron denunciados por racismo.

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Los tres ya han disculpado – previa avalancha de críticas – “si alguien se sintió ofendido”. Chávez incluso agregó que retira sus palabras para que no sean una cortina de humo. A su manera, los involucrados han intentado zanjar el tema. Pero, claro, no lo está. En los tres casos se han iniciado investigaciones a nivel penal, administrativo o en la Comisión de Ética del parlamento.

La discriminación es un delito en el Perú desde hace veinte años, pero todos los días se manifiesta en comentarios, burlas o agresiones por causas raciales, religiosas, sexuales, culturales y otras nueve motivaciones para menoscabar los derechos de las personas.

Solo en el 2019, el Ministerio Público registró 526 denuncias por el delito de discriminación en el país. Es decir, más de un caso por día. Aunque fue un incremento del 59% de denuncias respecto al año anterior (hubo 331 en el 2018), hay una amplia brecha entre los actos racistas que se perpetran y los que llegan a un tribunal. De hecho, según la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos de Ipsos, elaborada a solicitud del Ministerio de Justicia y publicada en diciembre pasado, 1 de cada 3 peruanos fue víctima de discriminación en el último año, principalmente en la calle, hospitales o centros de labores. Del total, apenas el 12% de agraviados hizo un reclamo o denuncia formal.

EN MANOS DE LA VÍCTIMA

Para Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, esta brecha responde a que las normas vigentes cargan a la víctima toda la responsabilidad para interponer la denuncia y presentar pruebas en procesos largos y agotadores. Eso sin considerar la interiorización y normalización del racismo en el país.

“Ir a la vía penal es engorroso. Los tipos penales exigen que sea el agraviado directamente el que denuncie y eso involucra la decisión personal de llevar a cabo el caso, con el desgaste de tiempo, dinero e incluso revictimización. A eso se suma que hay problemas por las pruebas, no siempre se va a contar con un video a la mano”, dijo a El Comercio.

Tampoco se garantiza una sanción. Por ejemplo, en la agresión a Elena Viza, vigía que fue humillada y por una Zuleika Alatrista en Arequipa en el año 2019, la fiscalía archivó el extremo de racismo en la denuncia, quedando solo el proceso por manejo en estado de ebriedad y agresión física. La decisión, tomada en febrero pasado, fue apelada y el caso pasó a una fiscalía superior, pero aún está lejos de concluir.

Gustavo Oré, director de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial del Ministerio de Cultura (Mincul), señala que otra de las limitaciones del Artículo 323 Código Penal [contra la discirminación] es que “tiene un vacío” porque no sanciona específicamente los discursos, agravios o actitudes que promuevan ideas basadas en la superioridad o que inciten al odio étnico-racial. El otro mecanismo para denunciar insultos racistas es el delito de injuria, pero, agrega Oré, tampoco atiende el problema de fondo.

“En el delito de injuria, la persona presenta una querella por el insulto recibido, pero es un tema genérico. La injuria racista genera un discurso tan potente que puede terminar en el asesinato de personas como ha ocurrido este año en Estados con el caso del ciudadano George Floyd. El genocidio en Ruanda [ocurrido en 1995] empezó con insultos entre hutus y tutsis y terminó en una masacre de más de un millón de personas”, dijo.

La importancia de tomar en cuenta los insultos o agravios por motivos étnicos raciales es que son solo la punta del iceberg de un problema social arraigado en el país que derivan en desigualdades sociales, educativas y laborales. “No es un tema de humor, una frase política o interpersonal. Detrás se esconde que aún hay grupos que se ven jerárquicamente superiores o otros peruanos. Eso nos retrasa como país”, sostiene.

Por otro lado, Castillo recuerda que el Código de Ética de la Función Pública, de cumplimiento obligatorio para trabajadores del Estado, prohíbe expresamente la discriminación. Por lo que, si la vía penal es lenta, el proceso administrativo puede permitir una sanción efectiva contra los funcionarios que hayan cometido discriminación o racismo.

CAMBIO DE LÓGICA

El último 4 de junio, el Ejecutivo presentó el Proyecto de Ley 5442, Ley de promoción de la diversidad cultural para la prevención y sanción del racismo y la discriminación étnico racial que propone penas efectivas de hasta 4 años de cárcel por la incitación al odio racista.

De acuerdo con Oré, la propuesta cambia la lógica de que todo el peso de la denuncia recaiga sobre la víctima. Según dijo a este Diario, el proyecto se enmarca en la recomendación del Comité de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Discriminación Racial que, en el 2018, aconsejó al Perú incorporar en su legislación un delito específico sobre incitación al odio racial, como conceptúa la normativa internacional.

La iniciativa propone incorporar el artículo 323-A al Código penal para elevar la pena privativa de la liberta de 2 a 4 años para “el que, por sí o mediante terceros, por cualquier medio, difunde o promueve ideas basadas en superioridad o en el odio étnico-racial”. En caso de que el agente haga referencia directa o indirectamente a la violencia física o mental, utilice tecnologías o medios de comunicación o sea un funcionario público, la sanción sería de hasta 5 años de cárcel e inhabilitación.

Castillo considera que de aprobarse esta ley se abriría la posibilidad para que testigos o instituciones denuncien cualquier acto o discurso racista, aun cuando el agraviado decida no seguir el caso. “Esto permitiría que el Ministerio Público, que a veces denuncia de oficio, actúe sin el riesgo de que durante el proceso el caso se caiga”, agregó.

El proyecto también incorpora en la Ley de Radio y Televisión la infracción grave por emisión de mensajes o contenidos basados en motivos étnico-raciales, religiosos, nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, idioma, entre otros.

Pero el tema va más allá de las sanciones, asegura Oré. Se proponen protocolos específicos y programas para promover la diversidad y el respeto de los pueblos indígenas y originarios, población afroperuana, personas de origen o ascendencia andina, amazónica o afrodescendiente, así como prevenir actos de racismo en instituciones públicas y privadas. “Se busca que el sector empresarial tenga protocolos para evitar, por ejemplo, ofertas laborales que soliciten buena presencia y tez clara”, indica. Asimismo, se busca integrar a todas las entidades públicas o privadas que tienen potestad en la prevención e investigación de casos.

El proyecto del Ejecutivo, que se encuentra la Comisión de Cultura del Congreso, no es el único de este tipo. El 11 de junio, la congresista Arlette Contreras presentó el Proyecto de Ley 5493 para eliminar y sancionar los actos racistas. Su propuesta considera una pena de hasta 6 años de prisión para quienes, por su función, no denuncien estos casos ante las autoridades competentes. “En el Perú el color de piel y el origen étnico continúan todavía marcando las experiencias de vida de millones de peruanos y peruanas. El racismo es un problema público que no hemos superado como sociedad”, dijo la parlamentaria durante la sustentación de su iniciativa.

El director de Diversidad Cultural del Mincul considera que ambas iniciativas pueden debatirse en conjunto e integrarse para alcanzar una ley antes de que termine el año.

CASO MARTHA CHAVEZ

El presidente de la Comisión de Ética, César Gonzales (Somos Perú), aseguró que abrirán una investigación sobre las declaraciones que dio la legisladora Chávez sobre Zevallos a raíz de su nombramiento como embajador en la OEA. El tema será propuesto en la sesión de este sábado.

Al respecto, el funcionario de la cartera de Cultura dijo que el ministerio es respetuoso de los procedimientos de investigación debido a la inmunidad parlamentaria. No obstante, calificó de lamentables las frases de la legisladora.

“Sería importantísimo que, si ya ha retirado sus expresiones, la congresista Martha Chávez lo demuestre con hechos y apoye ella y su bancada la aprobación de este proyecto de ley”, dijo.

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